El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes, por cinco votos contra cuatro, que continúen las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca impulsado por el presidente Donald Trump, levantando una restricción que impedía avanzar con la construcción sobre el nivel del suelo.
La resolución permite que el proyecto siga adelante mientras continúa la batalla judicial respecto de su legalidad. La decisión no establece definitivamente que Trump tenga facultades para construir el recinto sin autorización legislativa, sino que revierte, por ahora, la paralización de los trabajos decretada por tribunales inferiores.
La obra contempla un salón de aproximadamente 90.000 pies cuadrados, unos 8.300 metros cuadrados, y tiene actualmente un costo estimado de US$400 millones. Cerca de 250 trabajadores participan en turnos que mantienen actividad durante unas 20 horas diarias, los siete días de la semana.
El recinto se construye en el terreno donde se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, estructura que fue completamente demolida en octubre de 2025 en apenas tres días para despejar el lugar. Allí funcionaban tradicionalmente dependencias vinculadas a la primera dama y espacios destinados a actividades oficiales.
Trump ha defendido la iniciativa argumentando que la Casa Blanca necesita un espacio de mayores dimensiones para recepciones, cenas de Estado y encuentros internacionales. Su administración también ha vinculado el proyecto con necesidades de seguridad nacional, debido a que bajo el nuevo edificio se proyectan instalaciones protegidas, incluidos refugios y dependencias destinadas a responder ante eventuales emergencias.
Una disputa sobre los límites del poder presidencial
El conflicto judicial comenzó después de que el Fondo Nacional para la Conservación Histórica cuestionara la demolición del Ala Este y la construcción del nuevo edificio sin una autorización específica del Congreso ni la totalidad de las revisiones normalmente asociadas a obras federales de esta magnitud.
La organización presentó una demanda en diciembre de 2025 sosteniendo que la Presidencia no podía realizar unilateralmente una de las mayores transformaciones arquitectónicas de la Casa Blanca en décadas. Trump, en cambio, ha sostenido que el proyecto puede ejecutarse sin recurrir a fondos públicos porque será financiado principalmente mediante aportes privados.
En marzo, un tribunal federal concluyó que el presidente actúa como custodio de la Casa Blanca, pero no como propietario del inmueble, y cuestionó que la utilización de financiamiento privado eliminara las atribuciones constitucionales del Congreso sobre edificios y bienes federales.
La controversia escaló nuevamente el 7 de agosto, cuando un tribunal de apelaciones determinó que, al menos de manera preliminar, el Congreso no había entregado al Ejecutivo facultades ilimitadas para rediseñar y reconstruir sustancialmente la Casa Blanca. La resolución permitió determinados trabajos subterráneos, pero frenó la construcción sobre la superficie mientras avanzaba el litigio.
El Supremo dejó ahora sin efecto esa paralización. La mayoría consideró insuficientes los argumentos para mantener suspendida la obra mientras continúa el proceso, mientras la posición disidente advirtió que permitir la construcción sin una autorización parlamentaria podría afectar la separación constitucional de poderes.
La decisión representa una victoria inmediata para Trump, aunque no cierra el conflicto de fondo: los tribunales todavía deberán determinar hasta dónde llegan las atribuciones de un presidente para modificar uno de los edificios públicos más emblemáticos de Estados Unidos utilizando financiamiento privado y sin una aprobación específica del Congreso.
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