El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia admitió este martes una denuncia contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, por las muertes ocurridas durante un operativo policial realizado en abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.
La decisión abre una investigación preliminar que podría derivar en un juicio de responsabilidades contra ambas exautoridades, aunque la admisión de la denuncia no supone una declaración de culpabilidad ni implica que el proceso judicial esté formalmente abierto.
El magistrado Carlos Ortega explicó que la Sala Plena del máximo tribunal dispuso el inicio de las diligencias y estableció un plazo de 30 días para que el Ministerio Público emita la resolución correspondiente.
La determinación fue comunicada al fiscal general, José Armando Urioste, con instrucciones de notificar a Morales y García Linera en sus domicilios particulares dentro de las siguientes 48 horas.
La denuncia fue presentada por parlamentarios de la alianza Libre, vinculada al expresidente Jorge Tuto Quiroga, y busca establecer eventuales responsabilidades de las antiguas autoridades en una operación policial que continúa generando controversias más de 17 años después.
El operativo del hotel Las Américas
Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando efectivos policiales ingresaron al hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una operación contra un grupo acusado de preparar acciones terroristas.
Durante el procedimiento murieron Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, mientras que Előd Tóásó y Mario Tadić fueron detenidos.
El Gobierno de Morales sostuvo entonces que el grupo participaba en una conspiración destinada a desestabilizar al Estado boliviano y que incluso contemplaba un atentado contra la vida del mandatario.
Sin embargo, las circunstancias del operativo fueron cuestionadas posteriormente, especialmente por las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, irregularidades en la investigación y vulneraciones de derechos fundamentales.
El caso adquirió dimensión internacional debido a la nacionalidad de las víctimas y a las gestiones emprendidas por sus familiares para esclarecer las circunstancias de las muertes.
Un caso que marcó la política boliviana
El operativo se produjo en un período de fuerte confrontación política entre el Gobierno de Morales y sectores autonomistas de Santa Cruz, región que protagonizaba importantes disputas con el Ejecutivo por la distribución del poder territorial y los recursos económicos.
Las autoridades de entonces vincularon al grupo de Rózsa con supuestos planes separatistas, mientras que los cuestionamientos posteriores se concentraron tanto en la actuación policial como en la consistencia de las acusaciones.
En 2015, Tóásó y Tadić recuperaron su libertad tras alcanzar acuerdos judiciales y abandonar Bolivia, después de permanecer encarcelados durante aproximadamente seis años.
El denominado caso terrorismo también dio lugar a prolongados procedimientos judiciales y denuncias sobre presuntas irregularidades procesales, convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la administración de Morales.
La nueva investigación deberá determinar si existen antecedentes suficientes para avanzar hacia un juicio de responsabilidades, mecanismo especial previsto en el ordenamiento boliviano para determinadas actuaciones de altas autoridades del Estado.
Para que eventualmente se desarrolle ese procedimiento, deberán cumplirse las exigencias constitucionales y legales correspondientes, incluida la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Denuncia por asesinato, torturas y privación de libertad
La proposición acusatoria presentada en octubre de 2026 contempla presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, además de privación de libertad. La denuncia se apoya en antecedentes del sistema interamericano de derechos humanos sobre las actuaciones policiales y judiciales relacionadas con el caso.
El procedimiento había enfrentado observaciones formales durante octubre, que fueron subsanadas antes de que el Tribunal Supremo autorizara el inicio de esta nueva etapa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció vulneraciones de derechos relacionadas con los hechos, aunque ello no equivale a una sentencia penal que determine la responsabilidad individual de Morales o García Linera.
La Fiscalía deberá resolver ahora si existen elementos para formular una acusación o si corresponde rechazar la denuncia.
La decisión reabre uno de los capítulos judiciales más sensibles del período de Morales, en momentos en que el exmandatario permanece alejado del poder y enfrenta nuevos cuestionamientos legales. El avance del proceso dependerá de las conclusiones de la investigación preliminar y de las decisiones que adopten posteriormente las instancias judiciales y legislativas bolivianas.
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