El fuego comenzó durante la noche, cuando los galpones estaban cerrados y miles de animales permanecían en su interior. Al amanecer, el incendio había dejado una cifra difícil de dimensionar: cerca de cuatro mil cerdos muertos, en su mayoría lechones que, según los antecedentes recopilados, tenían menos de 20 días de vida.
La tragedia ocurrió entre la noche del domingo 6 y la madrugada del lunes 7 de septiembre en un plantel porcino de Agrícola Soler Cortina S.A., ubicado en el sector Los Castaños, camino a Los Niches, en la comuna de Curicó.
El siniestro movilizó a unidades de Bomberos de Los Niches y Curicó, que declararon una segunda alarma debido a la rápida propagación de las llamas. La intervención de los voluntarios habría evitado que el fuego alcanzara otra de las principales naves del criadero.
Cuatro días después del incendio, la Fundación Yarur Bascuñán y la Fundación Derecho y Defensa Animal ingresaron una denuncia ante la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Maule. La presentación busca esclarecer si el plantel contaba con medidas de seguridad y protocolos capaces de enfrentar una emergencia de esa magnitud.
No se trata, sostienen las organizaciones, de comprobar únicamente la existencia de un documento archivado bajo el nombre de “plan de contingencia”. La pregunta central es otra: si ese plan podía realmente proteger a miles de animales encerrados cuando comenzó el incendio.
La noche y las puertas cerradas
La denuncia pone el foco en las circunstancias que rodearon la emergencia: la corta edad de la mayoría de los animales, sus condiciones de confinamiento y la propagación del fuego por instalaciones cerradas.
Por esa razón, las fundaciones solicitan al SAG verificar los sistemas de detección temprana y alarma, las posibilidades reales de evacuación o rescate, las medidas de contención del fuego, el acceso de los equipos de emergencia y la capacitación del personal.
También piden determinar qué protocolos existían para enfrentar un incendio fuera del horario diurno y revisar la mantención de las instalaciones eléctricas y los sistemas de protección contra incendios.
“La legislación chilena no permite que los planes de emergencia sean simples documentos formales; deben proteger efectivamente la vida y el bienestar de los animales”, señaló Gabriel Muñoz, abogado de la Fundación Yarur Bascuñán.
El profesional agregó que “una muerte masiva de esta magnitud no puede quedar sin una explicación técnica, administrativa y jurídica”.
Determinar cómo murieron
Una de las diligencias más relevantes solicitadas por las organizaciones es la realización de peritajes veterinarios y necropsias sobre una muestra representativa de los animales fallecidos y sobrevivientes.
El objetivo es establecer si las muertes fueron provocadas por asfixia con monóxido de carbono, choque térmico o exposición directa al fuego, además de determinar el sufrimiento experimentado antes del deceso.
La denuncia pide establecer la cantidad exacta de animales que se encontraban en el recinto al momento del incendio, desglosando cuántos murieron, resultaron lesionados, fueron evacuados o lograron sobrevivir.
Para ello, se solicita contrastar el stock declarado por Agrícola Soler Cortina en el Sistema de Información Pecuaria con el inventario levantado después de la emergencia. Las fundaciones también requieren conocer la hora aproximada en que se detectó el fuego, cuándo se dio aviso a Bomberos y qué acciones fueron ejecutadas por los responsables del establecimiento.
Otro punto que deberá aclararse es el procedimiento utilizado para retirar, disponer sanitariamente y mantener la trazabilidad de los miles de animales muertos.
Exigen entregar los planes de emergencia
Las organizaciones solicitan que Agrícola Soler Cortina entregue al SAG el plan de contingencia vigente al 6 de septiembre, además de sus versiones anteriores y los antecedentes sobre su aprobación y actualización.
También requieren identificar a los responsables de seguridad y bienestar animal, revisar los protocolos específicos contra incendios y acceder a registros de capacitaciones, simulacros, inspecciones y trabajos de mantención.
La investigación, sostienen, debe determinar si el plan era conocido por los trabajadores y si fue activado oportunamente durante el siniestro.
“Aquí no basta con que el protocolo exista en el papel. Es necesario saber si podía aplicarse, si había personas capacitadas y si existían medios para rescatar a los animales”, plantea la presentación.
Bárbara Castillo, representante de la Fundación Derecho y Defensa Animal, calificó lo ocurrido como una vulneración grave hacia seres sintientes.
“No se puede tolerar que la falta de protocolos de contingencia derive en la muerte masiva de animales indefensos”, afirmó.
Solicitan suspender el ingreso de nuevos animales
La denuncia pide al SAG inspeccionar las instalaciones que no fueron alcanzadas por las llamas y adoptar medidas preventivas para evitar que una tragedia similar vuelva a producirse.
Entre esas medidas figura la suspensión temporal del ingreso de nuevos animales al establecimiento hasta que sus condiciones de seguridad sean certificadas.
Las fundaciones también solicitan tomar declaración al representante legal de la empresa, al encargado del plantel, al responsable de bienestar animal o emergencias y a los trabajadores que se encontraban presentes durante el incendio.
Asimismo, requieren que se oficie a Bomberos, Carabineros y otros organismos que acudieron al lugar para obtener partes, fotografías, videos, informes de despacho y antecedentes sobre el origen, propagación y control del fuego.
Eventuales responsabilidades
La presentación se apoya en la Ley 20.380 sobre protección animal y en el Decreto Supremo 29 del Ministerio de Agricultura, que obliga a los establecimientos de producción industrial a disponer de planes de contingencia frente a siniestros, catástrofes, brotes sanitarios u otras amenazas graves para las personas y los animales.
Las organizaciones enfatizaron que el incendio, por sí solo, no permite atribuir responsabilidades ni afirmar la existencia de un delito. El propósito de la denuncia es que la autoridad investigue si hubo omisiones o incumplimientos relevantes.
Si la fiscalización detecta la inexistencia o inoperancia del plan de contingencia, falta de medidas mínimas de seguridad o desatención de riesgos conocidos, las fundaciones piden que los antecedentes sean enviados al Ministerio Público para evaluar una eventual infracción a las normas que sancionan el maltrato o la crueldad animal.
También solicitan aplicar las sanciones administrativas correspondientes si se comprueban incumplimientos, incluida la clausura temporal del establecimiento en caso de configurarse los requisitos legales.
El incendio se apagó durante la madrugada. La pregunta que permanece encendida es si aquellas cuatro mil muertes pudieron evitarse. Ahora corresponde al SAG revisar los galpones, los registros y los protocolos para establecer si, cuando comenzó el fuego, existía algo más que un documento para enfrentar la emergencia.
La entrada Muerte de cuatro mil cerdos en incendio de Curicó llega al SAG: fundaciones exigen investigar fallas de seguridad se publicó primero en El Periodista.
