El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, cuestionó a la Municipalidad de Peñalolén por la ausencia de cobros que, según afirmó, se prolongó durante 16 años antes de la clausura de la sede del organismo en avenida Quilín.
En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el dirigente sostuvo que tanto él como su equipo administrativo desconocían que debían pagar patente municipal, porque consideraban que las instalaciones estaban exentas y no habían recibido notificaciones de cobranza.
“Nunca llegó una notificación de cobro en 16 años”, aseguró Milad, quien insistió en que durante sus seis años al frente de la institución tampoco recibió requerimientos de ese tipo.
La declaración incorpora un punto central al conflicto: además del incumplimiento que el municipio atribuye a la ANFP, el dirigente cuestiona por qué la municipalidad no habría exigido oportunamente el pago de la patente.
“No sabíamos que debíamos”
Milad explicó que asumía que Quilín tenía un tratamiento similar al de otros recintos deportivos.
“Los recintos deportivos no pagan patentes. Juan Pinto Durán no paga, Riera no paga, y yo en lo personal también pensé que Quilín no pagaba, porque nunca había llegado una notificación de patente”, manifestó.
Esa es la interpretación expuesta por el presidente de la ANFP, quien añadió que el desconocimiento era compartido por su administración.
“Nosotros no sabíamos que debíamos. Yo pensé, en lo personal, y la gente de administración, que éramos exentos de pago de patente”, sostuvo.
Según el dirigente, la situación sería distinta si hubiesen recibido una cobranza y decidido no pagar. Su defensa se concentra, precisamente, en que no existió una advertencia de cobro durante los años cuestionados.
El municipio anunció una cobranza en octubre
La controversia se hizo pública en octubre, cuando el alcalde Miguel Concha denunció que la ANFP llevaba al menos 16 años funcionando sin patente municipal y que mantenía obligaciones pendientes por derechos de aseo.
En esa oportunidad, se informó de una deuda cercana a $172 millones y se anunció que el organismo recibiría una notificación de cobranza durante las semanas siguientes. Ese anuncio antecedió a la clausura, pero no permite establecer por sí solo qué notificaciones se habían realizado en años anteriores.
El 28 de octubre, la municipalidad ordenó el cierre de las dependencias por la situación de la patente y por no contar con recepción definitiva de obras.
“Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley”, afirmó entonces Concha al defender la medida.
Posteriormente, el alcalde insistió en que la asociación no había pagado y cuestionó que solicitara condiciones especiales, aunque manifestó disposición para regularizar las obras, la deuda y la patente.
Milad cuestiona intereses y plantea prescripción
En la entrevista con ADN, Milad también objetó que se pretendan cobrar obligaciones acumuladas durante 16 años, incluyendo, según su versión, casi $100 millones en intereses.
El dirigente sostuvo que correspondería aplicar una prescripción de tres años y rechazó que se exigiera el período completo.
Su argumento vuelve sobre la falta de cobros: cuestiona que se acumularan obligaciones e intereses sin que, según asegura, el municipio notificara a la institución.
Regularización del edificio y uso de las canchas
Milad señaló que la ANFP estaba reuniendo antecedentes para regularizar el inmueble antes de la clausura. Relató que durante ese trabajo detectaron la ausencia de planos y documentación de instalaciones de agua y electricidad.
El dirigente afirmó que este jueves se entregaron documentos y que los plazos para una eventual reapertura dependerán de la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén.
Mientras se resuelve la situación, la asociación solicitó autorización para utilizar las canchas de Quilín, debido a los entrenamientos y compromisos internacionales de las selecciones juveniles.
“Necesitamos canchas que las tenemos en perfectas condiciones para el uso del fútbol formativo”, expresó.
La disputa mantiene abiertos dos asuntos: la regularización de las instalaciones y la determinación de la deuda que corresponde pagar, en medio del cuestionamiento de Milad a la falta de cobranza municipal durante los años previos al cierre.
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