La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó este viernes 13 de noviembre un nuevo capítulo. La Fiscalía imputó formalmente al expresidente Santiago Peña por asociación criminal, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades que habrían provocado el colapso de Ueno Bank.
La acusación también alcanza a tres ex altos funcionarios del Banco Central de Paraguay (BCP), investigados por su presunta participación en una estructura que habría favorecido al Grupo Vázquez, vinculado a la entidad bancaria.
Peña, destituido por el Congreso la semana pasada en medio del escándalo financiero, es señalado como presunto líder de una organización que habría utilizado mecanismos de supervisión y decisiones administrativas para beneficiar intereses privados.
La nueva imputación se suma a otros tres delitos atribuidos al exmandatario: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Advertencias ignoradas
La investigación sostiene que los funcionarios involucrados habrían tenido conocimiento de informes técnicos que alertaban sobre excesos en los límites crediticios correspondientes a empresas relacionadas con Ueno Bank.
Pese a estas advertencias, no se habrían adoptado las medidas correctivas necesarias para proteger la estabilidad de la institución financiera.
Los antecedentes apuntan a operaciones crediticias sin garantías suficientes, que habrían comprometido la solvencia del banco y puesto en riesgo los depósitos de sus clientes.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para uno de los exfuncionarios investigados y arresto domiciliario con vigilancia electrónica para otros dos. También pidió el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Entre los antecedentes del caso figura la actuación del exdirector del Banco Central Carlos Carvallo, quien había sido propuesto para el cargo por Peña y que ya enfrentaba imputaciones relacionadas con la investigación.
Tres millones de afectados
La dimensión social del escándalo ha convertido la crisis de Ueno Bank en uno de los mayores conflictos financieros descritos en la historia reciente de Paraguay.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, alrededor de tres millones de personas habrían quedado sin acceso a sus fondos tras el colapso de la institución.
La paralización de las operaciones bancarias ha generado preocupación por el destino de los depósitos, las posibilidades de recuperación de los ahorros y las eventuales responsabilidades de los organismos encargados de fiscalizar el sistema financiero.
La investigación también busca determinar si existieron decisiones deliberadas destinadas a ocultar el deterioro patrimonial del banco y permitir que continuara operando pese a las advertencias sobre su situación financiera.
Una crisis que derribó al Gobierno
El caso Ueno Bank ya había provocado una profunda crisis institucional en Paraguay, que culminó con la destitución de Santiago Peña y la apertura de investigaciones contra antiguos responsables de la supervisión bancaria.
En los últimos días, las diligencias se ampliaron a nuevas personas y operaciones financieras presuntamente vinculadas con el escándalo.
La investigación incluye el análisis de documentación administrativa, operaciones crediticias y posibles vínculos entre autoridades públicas y empresas beneficiadas por decisiones del Banco Central.
La imputación por asociación criminal representa un agravamiento de la situación judicial del exmandatario, aunque los cargos deberán ser acreditados durante el proceso penal.
El caso abre además un debate sobre la independencia de los organismos reguladores, la responsabilidad política frente a las crisis bancarias y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los depositantes.
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