Los abogados de Nicolás Maduro presentaron este martes una moción ante la justicia de Estados Unidos para solicitar la desestimación de nuevos cargos penales en su contra, argumentando que el dirigente venezolano gozaba de inmunidad como jefe de Estado cuando fue capturado durante una operación militar estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero.
La defensa sostiene que el procedimiento vulneró principios fundamentales del derecho internacional y que Washington carecía de facultades para desconocer unilateralmente las protecciones jurídicas asociadas a la condición presidencial de Maduro.
En el escrito presentado ante un tribunal federal de Nueva York, los abogados invocaron dos fundamentos: la inmunidad personal, vinculada al ejercicio de la jefatura del Estado, y la inmunidad funcional, relacionada con actuaciones realizadas en el desempeño de funciones oficiales.
Según la argumentación, Maduro conservaba su condición de jefe de Estado al momento de su detención, independientemente de que Estados Unidos desconociera la legitimidad de su mandato tras las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.
La defensa también sostiene que la acusación estadounidense reconoce que Maduro ejercía funciones de jefe de Estado de facto, lo que, a su juicio, reforzaría su derecho a recibir protección frente a procesos judiciales extranjeros.
Nuevo cargo por presuntas torturas
Uno de los principales puntos de controversia es una nueva acusación por presunta conspiración para cometer torturas, incorporada en octubre de 2026, varios meses después de la captura del dirigente venezolano.
Los abogados cuestionan la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para investigar y sancionar los hechos atribuidos a Maduro, incluidos aquellos que presuntamente afectaron a ciudadanos de Estados Unidos.
Además de solicitar la desestimación de ese cargo, la defensa pidió acceso a las actas de las deliberaciones del gran jurado que autorizó la acusación.
La jueza federal Analisa Torres fijó para el próximo 17 de diciembre una audiencia destinada a examinar las mociones presentadas por los representantes legales del dirigente venezolano.
La operación estadounidense de enero
El caso tiene su origen en la operación militar ejecutada por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 en Caracas, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar procedimientos judiciales relacionados con acusaciones de narcotráfico y otros delitos formuladas por las autoridades estadounidenses.
Washington mantenía desde marzo de 2020 una acusación contra Maduro por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, incluyendo cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo.
La captura abrió una controversia internacional sobre los límites de las operaciones militares en territorio extranjero, el principio de soberanía nacional y las condiciones bajo las cuales un mandatario puede ser sometido a la jurisdicción penal de otro país.
Tras la operación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dispuso que la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera temporalmente la Presidencia, en medio de una profunda crisis institucional y política.
Una disputa por la competencia de los tribunales
La controversia judicial también involucra la competencia territorial de los tribunales federales de Nueva York.
Los abogados sostienen que el nuevo cargo por torturas debería tramitarse ante el Tribunal del Distrito Este, en Brooklyn, donde Maduro y Flores permanecen detenidos, y no ante el Tribunal del Distrito Sur, en Manhattan.
La defensa acusa a la Fiscalía de haber realizado nuevas detenciones formales de ambos acusados en Manhattan, pese a encontrarse bajo custodia desde enero, con el propósito de justificar la competencia de ese tribunal.
Esta impugnación no constituye una refutación de los hechos denunciados, sino un cuestionamiento de los procedimientos utilizados para formular la nueva acusación.
Nueve casos de presuntas víctimas
La acusación ampliada, presentada el 8 de octubre, incorpora nueve casos de presuntas víctimas de torturas y represión durante el Gobierno de Maduro.
El nuevo expediente incluye acusaciones contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.
Los hechos descritos por la Fiscalía incluyen presuntos abusos contra ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela.
Ambos acusados se han declarado inocentes y las imputaciones deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
El debate sobre la inmunidad presidencial recuerda el caso del exgobernante panameño Manuel Noriega, capturado por fuerzas estadounidenses durante la invasión de Panamá en diciembre de 1989.
Noriega también intentó invocar inmunidad como gobernante extranjero, pero los tribunales estadounidenses rechazaron sus argumentos.
Sin embargo, la defensa de Maduro sostiene que existen diferencias jurídicas relevantes entre ambos casos, particularmente respecto de su reconocimiento como jefe de Estado dentro de Venezuela.
La decisión de la justicia estadounidense podría tener consecuencias importantes para la interpretación de la inmunidad de los mandatarios extranjeros y los límites de la jurisdicción penal internacional.
La audiencia del 17 de diciembre será determinante para establecer si prosperan los argumentos de inmunidad y competencia territorial presentados por la defensa o si el proceso continúa con los cargos ampliados.
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