Argentina llevó este martes 10 de noviembre su disputa con Reino Unido por las islas Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que impidan el inicio de operaciones petroleras en aguas del Atlántico Sur.
La presentación busca detener el avance del proyecto Sea Lion, desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration, que contempla la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte.
Durante la audiencia, el consejero legal de la Cancillería argentina, Mario Oyarzábal, sostuvo que permitir la extracción de petróleo antes de resolver las controversias jurídicas generaría consecuencias irreversibles.
«Argentina solicita al tribunal que impida un hecho consumado irreversible», afirmó el diplomático.
El representante argentino argumentó que los hidrocarburos constituyen recursos naturales no renovables y que su explotación modificaría definitivamente la situación existente en una zona marítima cuya jurisdicción es objeto de controversia.
«Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva», advirtió.
Cuatro medidas contra Londres
La solicitud presentada por Buenos Aires contempla cuatro medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos mientras se desarrolla el procedimiento arbitral iniciado conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La primera exige que Reino Unido impida el inicio o continuación de actividades de explotación petrolera en las áreas marítimas reclamadas por Argentina.
La segunda busca evitar que Londres utilice información obtenida durante las exploraciones de hidrocarburos en perjuicio de los derechos argentinos.
La tercera apunta a garantizar que Argentina pueda cumplir sus obligaciones internacionales de protección y preservación del medio marino, establecidas en los artículos 192 y 194 de la Convención.
Finalmente, Buenos Aires solicita que Reino Unido se abstenga de adoptar decisiones que agraven la controversia, especialmente mediante la concesión de nuevos permisos de exploración.
Oyarzábal aclaró que estas medidas no buscan que el tribunal resuelva la soberanía sobre las islas, sino impedir modificaciones irreversibles mientras se desarrolla el arbitraje.
El proyecto petrolero que desató la controversia
El conflicto se intensificó por el avance de Sea Lion, uno de los principales proyectos de explotación de hidrocarburos previstos en las aguas próximas a las Malvinas.
La iniciativa está encabezada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, empresas que buscan desarrollar reservas de petróleo descubiertas en la cuenca norte del archipiélago.
Argentina considera que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas constituyen actos unilaterales sobre recursos naturales cuya explotación debería quedar sujeta a una solución negociada de la controversia.
El Gobierno argentino advirtió que, de no adoptarse medidas cautelares, las perforaciones podrían comenzar durante los próximos meses, abriendo el camino a la producción comercial de petróleo.
Buenos Aires sostiene que el paso desde la exploración hacia la extracción representa un cambio sustancial, debido a que el petróleo producido no puede ser restituido una vez retirado del subsuelo.
Una disputa que se remonta a 1833
La controversia por las islas Malvinas tiene sus antecedentes en 1833, cuando Reino Unido estableció su control sobre el archipiélago, desplazando a las autoridades argentinas.
Desde entonces, Argentina reclama la soberanía de las islas, mientras Londres sostiene que los habitantes del territorio tienen derecho a determinar su futuro político.
En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.
Posteriormente, la Resolución 31/49, aprobada en 1976, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
Argentina considera que el desarrollo petrolero impulsado por Reino Unido contradice ese llamado.
En 1995, ambos países suscribieron una declaración conjunta sobre cooperación en actividades relacionadas con hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental. Sin embargo, las diferencias sobre la exploración y explotación de recursos terminaron debilitando ese entendimiento.
La controversia también está marcada por la guerra de 1982, cuando la dictadura militar argentina ocupó las islas el 2 de abril y Reino Unido respondió con una operación militar para recuperar su control.
El conflicto terminó el 14 de junio de ese año y dejó 649 argentinos y 255 militares británicos muertos, además de tres civiles isleños fallecidos.
Ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas en 1990, aunque la disputa de soberanía continúa sin resolverse.
Nueva audiencia este miércoles
Argentina inició el procedimiento arbitral el 28 de septiembre de 2026, invocando el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar.
Tras solicitar a Reino Unido la suspensión de las actividades petroleras, Buenos Aires acudió al tribunal para reclamar medidas provisionales antes de que se constituya el órgano arbitral encargado de examinar el fondo de la controversia.
Durante su intervención, Oyarzábal cuestionó la negativa británica a negociar mientras continúan las actividades económicas en la zona.
«Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo», expresó.
La segunda ronda de alegatos está prevista para este miércoles 11 de noviembre, cuando ambas delegaciones volverán a exponer sus posiciones.
La decisión sobre las medidas provisionales será relevante para determinar si el proyecto Sea Lion puede avanzar mientras continúa el procedimiento jurídico internacional, aunque no resolverá por sí misma la histórica disputa de soberanía sobre las Malvinas.
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