La directora de la red Juntos en la Calle, Karinna Soto, cuestionó las políticas municipales centradas en desalojar a personas en situación de calle y sostuvo que este tipo de intervenciones pueden generar un efecto inmediato, pero no solucionan las causas del problema.
En entrevista con Francisco Martorell en el programa Lo Justo y Necesario, de El Periodista TV, Soto abordó el aumento de personas sin hogar en Chile, las dificultades de convivencia que enfrenta la población en algunos barrios y las distintas estrategias que han implementado municipios y organizaciones sociales para enfrentar el fenómeno.
Uno de los puntos centrales de la conversación fue la forma en que algunas municipalidades han recurrido a desalojos y operativos para retirar a personas que pernoctan en plazas, calles y otros espacios públicos.
Consultada específicamente por este tipo de acciones y por la actuación del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel y Mario Desbordes, Soto fue crítica.
“Los desalojos en general son una solución, pero son muy caras y muy malas, porque es una solución que es muy efectista y resuelve un reclamo tal vez de algún vecino o incluso el interés político de algún líder comunal, pero no resuelve el problema”, sostuvo.
A juicio de la especialista, el resultado habitual es simplemente trasladar el problema de un lugar a otro.
“Lo que tú haces es mover a una persona de una esquina a otra esquina, no resuelves el problema”, afirmó.
Soto recordó además que en Chile no está penalizada la vagancia ni dormir en la vía pública y planteó que las intervenciones deben distinguir entre las personas que efectivamente viven en situación de calle y otros fenómenos que pueden coexistir en un mismo espacio, como microtráfico, comercio sexual u otras actividades delictuales.
Más de $4.000 millones en desalojos
La directora de Juntos en la Calle aseguró que la organización trabaja junto a una red de 19 municipios y sostuvo que los procedimientos de desalojo tienen un costo significativo para las administraciones comunales.
Según las cifras entregadas durante la entrevista, cada operativo puede costar entre $500.000 y $1,5 millones, mientras que solo en la Región Metropolitana se gastarían anualmente más de $4.000 millones en este tipo de acciones.
“Son soluciones que no sirvieron para casi nada”, afirmó Soto.
Como ejemplo, señaló que en un estudio sobre desalojos que realiza actualmente su organización, la Municipalidad de Santiago informó haber efectuado 238 procedimientos durante los últimos tres meses de 2025, mientras que Estación Central habría realizado solo 11.
Soto destacó que, pese a esa diferencia, Estación Central presentaría una menor presencia de personas viviendo en la calle que Santiago, situación que atribuyó a la existencia de una estrategia integral.
“La diferencia es que Estación Central tiene una política integral hace mucho tiempo”, explicó, precisando que ese modelo contempla levantamiento de datos, colaboración institucional, servicios directos y mecanismos destinados a lograr que las personas abandonen efectivamente la calle.
La especialista mencionó también a Quillota, La Calera, Talcahuano, Arica y Pudahuel entre las comunas que, según su evaluación, están desarrollando políticas positivas en esta materia y utilizando menos recursos que otras administraciones como Ñuñoa o Santiago, cuyas estrategias estarían más concentradas en los desalojos.
“Para salir de la calle se necesita un techo”
Soto enfatizó que cualquier política destinada a sacar permanentemente a una persona de la calle debe comenzar por garantizar algún tipo de alojamiento.
“Para salir de la calle se necesita un techo. No solamente un techo, pero sí se necesita un techo”, afirmó.
Explicó que sin un lugar donde dormir y asearse resulta extremadamente complejo buscar empleo, iniciar tratamientos médicos, enfrentar problemas de adicción o reconstruir vínculos familiares.
Según señaló, muchas personas en situación de calle duermen durante el día debido al peligro que supone hacerlo por la noche y a la necesidad de mantenerse en movimiento para protegerse.
“Es muy difícil salir si no hay un techo”, remarcó.
La directora de Juntos en la Calle cuestionó también la idea de que las personas permanecen voluntariamente en esa condición.
“Nadie sueña con vivir en la calle, nadie sueña con tener frío, con que corras el riesgo de ser violentado cada noche, con ser discriminado, ser corrido de una esquina a otra, con que te roben tus cosas, con que no puedas ver a tus hijos”, señaló.
Más de 50 mil personas pasan por programas durante el año
Soto recordó que el primer conteo nocturno realizado en Chile, en 2005, registró poco más de 7.000 personas en situación de calle, cifra que aumentó a más de 12.000 en 2011.
El censo efectuado en 2024 contabilizó más de 20.000 personas, aunque, según indicó, los registros del Ministerio de Desarrollo Social muestran que más de 50.000 personas son atendidas de distintas formas durante el año por programas gubernamentales.
La entrevistada advirtió, además, que el perfil de quienes viven en la calle ha cambiado. Indicó que actualmente cerca del 20% serían mujeres, frente a aproximadamente un 10% hace una década o 15 años, y mencionó entre los factores de riesgo la ruptura familiar, el encarecimiento de la vivienda, la salida de jóvenes del sistema de protección estatal y la reinserción de personas que terminan condenas de cárcel sin disponer de una vivienda.
Un problema que requiere acción del Estado
Soto planteó que Chile cuenta con suficientes diagnósticos y que actualmente el desafío central es actuar.
“Hay que actuar”, sostuvo, valorando la creación de una mesa metropolitana impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social y la posibilidad de entregar mayores atribuciones a los municipios para coordinar servicios.
Sin embargo, advirtió que una política integral requerirá recursos adicionales y modificaciones regulatorias para incorporar herramientas disponibles en ministerios como Vivienda, Seguridad y Salud.
Uno de los antecedentes que calificó como especialmente preocupante es el aumento de la violencia contra quienes viven en la calle.
Según afirmó, los homicidios constituyen actualmente la segunda causa de muerte entre las personas en situación de calle en Chile, un fenómeno que, señaló, no tenía la misma magnitud hace una década.
Soto sostuvo que estos delitos muchas veces reciben una menor persecución debido a que las víctimas carecen de redes familiares que impulsen las investigaciones y los procesos judiciales.
También llamó a fortalecer la prevención sanitaria, mencionando problemas como tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, VIH, enfermedades respiratorias y lesiones que afectan particularmente a esta población.
Al cerrar la entrevista, Soto defendió la capacidad de solidaridad existente en Chile y destacó que el voluntariado continúa movilizando a empresarios, estudiantes, pequeñas empresas, municipios y organizaciones sociales.
“Chile sigue teniendo un germen que es muy valioso”, sostuvo, aunque enfatizó que esa solidaridad debe ir acompañada de políticas sociales más robustas capaces de ofrecer soluciones permanentes y no limitarse a trasladar a las personas de una calle a otra.
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