
La Asamblea Nacional de Venezuela inició formalmente el proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), uno de los principales compromisos surgidos de las negociaciones políticas entre el Gobierno y sectores de la oposición venezolana.
La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales celebró este miércoles 30 de septiembre su primera jornada de trabajo en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, y acordó por unanimidad el cronograma que permitirá conformar la instancia responsable de evaluar a los candidatos al máximo tribunal.
El proceso estará encabezado por el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión preliminar. La instancia está integrada por 11 parlamentarios y tendrá como primera tarea seleccionar a 12 representantes de la sociedad civil, quienes se incorporarán posteriormente al Comité de Postulaciones Judiciales, que contará con 23 integrantes.
De acuerdo con el calendario anunciado, la convocatoria para los representantes de la sociedad civil comenzará a comienzos de octubre. El período de postulaciones se extenderá hasta el 9 de octubre, fecha en que comenzará la evaluación de los candidatos. El 15 de octubre está previsto que se presente ante la plenaria de la Asamblea Nacional la nómina de ciudadanos considerados elegibles para integrar el comité.
Una vez constituido ese organismo comenzará una de las etapas políticamente más relevantes del proceso: la evaluación de los candidatos que deberán integrar el nuevo Tribunal Supremo.
Renovación de los 32 magistrados
La renovación del TSJ forma parte de los acuerdos alcanzados en agosto entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición durante el proceso de diálogo político desarrollado en Caracas.
Las partes acordaron entonces activar un nuevo procedimiento para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, una de las principales demandas planteadas en las negociaciones sobre institucionalidad y garantías políticas. Sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado durante años la independencia del máximo tribunal y su relación con el poder político.
El proceso supone, además, dejar atrás el procedimiento de selección que había comenzado previamente durante 2026 y establecer una nueva fórmula de postulaciones.
La reforma judicial adquirió especial relevancia debido a que la transformación del sistema de justicia aparece vinculada al proceso político más amplio que atraviesa Venezuela y a las discusiones sobre futuras garantías electorales.
El Supremo pasó de 20 a 32 integrantes
La Asamblea Nacional ya había aprobado en mayo una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que elevó de 20 a 32 el número de magistrados.
La modificación estableció que la Sala Constitucional quedara integrada por siete magistrados, mientras que las salas Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social pasarían a contar con cinco miembros cada una.
La composición del tribunal había experimentado el movimiento contrario apenas cuatro años antes. En 2022 se redujo de 32 a 20 el número de magistrados bajo el argumento de mejorar la eficiencia de la administración de justicia. En mayo de este año, el Parlamento volvió al esquema de 32 integrantes.
Posteriormente, las negociaciones entre el Gobierno y la oposición llevaron a revisar nuevamente el mecanismo de selección. A fines de agosto, el Parlamento avanzó en otra modificación legal destinada a ampliar de 21 a 23 los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, aumentando la presencia de representantes de la sociedad civil.
Una pieza central del diálogo político
La renovación del Tribunal Supremo se ha convertido así en una de las primeras medidas institucionales concretas surgidas del proceso de conversaciones entre el oficialismo y sectores opositores.
En la segunda ronda de negociaciones también se abordaron materias relacionadas con libertad de expresión y fortalecimiento institucional, mientras continúa abierta la discusión sobre garantías políticas y electorales.
La conformación definitiva del nuevo TSJ será observada especialmente por la oposición y organizaciones civiles, debido a que la independencia del Poder Judicial constituye uno de los principales puntos de controversia de la institucionalidad venezolana.
El procedimiento que comienza ahora deberá pasar por la selección de los representantes de la sociedad civil, la instalación definitiva del Comité de Postulaciones, la recepción y evaluación de candidatos y, finalmente, la elección de los 32 nuevos magistrados por parte de la Asamblea Nacional.
De cumplirse el calendario anunciado, octubre marcará el inicio efectivo de una renovación completa del máximo tribunal venezolano y pondrá a prueba uno de los principales acuerdos alcanzados hasta ahora en el proceso de diálogo político.
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