
La crisis migratoria que golpea a Ceuta desde finales de julio continúa lejos de resolverse. El Gobierno español calcula ahora que alrededor de 10.000 migrantes permanecen de manera irregular en la ciudad autónoma, una cifra significativamente superior a las estimaciones oficiales entregadas durante agosto.
De ese total, aproximadamente 6.000 personas están alojadas en instalaciones habilitadas por la administración, mientras entre 3.000 y 4.000 continúan en calles, playas, montes y otros espacios de Ceuta, a la espera de una solución habitacional y de que se determine su situación migratoria.
La actualización supone prácticamente duplicar las cifras manejadas hasta hace pocas semanas. El 13 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en unas 5.000 las personas que permanecían en la ciudad después de la llegada masiva registrada a finales de julio. Esa misma estimación fue reiterada posteriormente ante el Congreso.
La magnitud del episodio ha sido excepcional incluso para una de las fronteras migratorias más sensibles de Europa. Las estimaciones oficiales han situado entre 70.000 y 80.000 el número de personas que cruzaron irregularmente hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, muchas de ellas a nado por el sector de El Tarajal. Ceuta tiene una población habitual de poco más de 80.000 habitantes, por lo que durante las jornadas más críticas el número de llegadas llegó a aproximarse al de residentes de la ciudad.
Traslado al puerto
Durante este viernes las autoridades españolas desarrollaron un operativo para trasladar a parte de los migrantes hasta las carpas instaladas en el puerto de Ceuta, infraestructura con capacidad aproximada para 1.700 personas.
La jornada comenzó con momentos de tensión, carreras y actuaciones policiales, aunque posteriormente el proceso de traslado pudo continuar. Unas 500 personas habían sido instaladas inicialmente y el objetivo era completar progresivamente la capacidad disponible.
El operativo pudo seguir adelante después de que la Audiencia Nacional desbloqueara el traslado de 1.700 migrantes desde las playas hacia las instalaciones portuarias, una medida que forma parte de la estrategia para eliminar los asentamientos improvisados y concentrar a las personas en recintos donde puedan ser identificadas y atendidas.
A comienzos de esta semana, el ministro encargado del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, había informado que 4.160 personas se encontraban ya alojadas. Si a ellas se agregan las plazas habilitadas en el puerto, el Ejecutivo dispondría de capacidad controlada para alrededor de 6.000 migrantes.
La concentración en estos espacios permitirá avanzar en la identificación individual, determinar eventuales solicitudes de protección internacional y abrir expedientes de expulsión en aquellos casos en que las personas no tengan derecho a permanecer en España.
De 5.000 a 10.000 en pocas semanas
La evolución de las cifras refleja también las dificultades que han tenido las autoridades para dimensionar con precisión la cantidad de personas que permanecen dispersas en Ceuta.
El 13 de agosto se calculaba que unas 8.000 personas seguían en la ciudad, aunque el Gobierno consideraba que aproximadamente 5.000 —entre menores de edad y potenciales solicitantes de asilo— requerían algún tipo de procedimiento de acogida o protección.
A finales de ese mismo mes, Grande-Marlaska volvió a situar en alrededor de 5.000 el número de migrantes que permanecían en territorio ceutí.
Las estimaciones conocidas ahora elevan esa cantidad a unas 10.000 personas.
Paralelamente, miles han regresado a Marruecos. Hasta el 13 de septiembre se contabilizaban más de 5.300 retornos recientes, mientras continuaban los procedimientos de identificación, asilo y devolución.
Miles todavía sin alojamiento
El principal problema inmediato sigue siendo qué hacer con las 3.000 a 4.000 personas que permanecerían fuera de los dispositivos oficiales de acogida.
El Gobierno prevé habilitar nuevos espacios, aunque todavía no se han iniciado las obras necesarias ni se ha determinado definitivamente dónde estarán ubicados.
A ello se suma la situación de los menores. En los últimos días las estimaciones oficiales situaban entre 700 y 1.000 los menores todavía sin identificar que permanecían fuera de los centros, mientras avanzan los procedimientos de reagrupación familiar y eventual distribución hacia otras comunidades autónomas.
La crisis también ha obligado al Estado a movilizar recursos extraordinarios. Esta semana el Congreso español convalidó un paquete por 309 millones de euros destinado a Ceuta, con partidas para acogida humanitaria, seguridad, empleo, economía y servicios esenciales.
Más de mes y medio después de la entrada masiva de finales de julio, la frontera sur española continúa así enfrentando una situación excepcional: miles de personas siguen pendientes de identificación, acogida, asilo o devolución, mientras Ceuta intenta recuperar la normalidad después de una presión migratoria que, durante las jornadas más críticas, llegó a tener dimensiones comparables con la población completa de la ciudad.
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