Fondos de inversión que figuran entre los principales accionistas de Navitas Petroleum, empresa que impulsa un proyecto de explotación petrolera en las islas Malvinas, mantienen posiciones bursátiles por aproximadamente US$28,2 millones en Mercado Libre, según una investigación publicada por el medio argentino Real Politik.
El reportaje, firmado por Santiago Sautel, advierte que el gobierno de Javier Milei no ha informado de investigaciones, sanciones adicionales ni revisiones administrativas sobre los vínculos financieros de los accionistas de Navitas con compañías que desarrollan una actividad económica relevante en Argentina.
Navitas fue declarada en 2022 como una empresa clandestina por la Secretaría de Energía argentina e inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país, debido a su participación en proyectos hidrocarburíferos sin autorización argentina en la plataforma continental disputada.
Proyecto petrolero por US$2.100 millones
En diciembre de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas.
El proyecto contempla una inversión aproximada de US$2.100 millones, la extracción inicial de 170 millones de barriles y el comienzo de la producción en 2028. Navitas controla el 65% del emprendimiento, mientras Rockhopper posee el 35%.
Las autoridades británicas de las islas aprobaron el plan de desarrollo y concedieron una etapa de explotación por 35 años. El financiamiento incluye cerca de US$1.000 millones en deuda senior, además de contratos de infraestructura y servicios asociados al inicio de las operaciones.
Real Politik sostiene que el avance del proyecto dejó de ser una declaración de intenciones y pasó a una etapa concreta de financiamiento, contratación y preparación de la producción.
La legislación argentina
La Ley 26.659 establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina solo puede realizarse con autorización del Estado nacional.
La normativa también prohíbe que personas, empresas y accionistas que operan en Argentina participen directa o indirectamente en compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
Además, impide que el Estado nacional, las provincias y los municipios contraten con las empresas involucradas, sus sociedades controladas o determinados accionistas vinculados a esas operaciones.
Las sanciones contemplan inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, retiro de beneficios fiscales y prohibición de participar en contrataciones públicas.
El medio argentino precisa, sin embargo, que la eventual aplicación de estas disposiciones no es automática y requiere determinar quién controla Navitas, quién financia Sea Lion y mediante qué sociedades o vehículos se realizan las inversiones.
Los inversionistas de Navitas
Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y tiene entre sus principales accionistas a fondos previsionales y conglomerados financieros israelíes.
Entre ellos aparecen Harel Provident Funds, con aproximadamente 9,5%; el fundador y presidente de la compañía, Gideon Tadmor, con 9,1%; Migdal Makefet Pension & Provident Funds, con 6,1%; Noked Capital, con 4,5%, y Phoenix Provident Fund, con una participación similar.
Harel, Migdal y Phoenix se encuentran entre los principales grupos financieros y aseguradores de Israel y administran fondos de pensiones, seguros, fondos comunes e inversiones internacionales.
La investigación advierte que la presencia de esos fondos en Navitas no significa necesariamente que cada uno controle de manera directa las decisiones empresariales, debido a la existencia de subsidiarias y vehículos de inversión independientes. No obstante, sostiene que el Estado argentino debería reconstruir la estructura accionaria y financiera involucrada.
Inversiones en Mercado Libre
Según los formularios 13F presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, al 31 de marzo de 2026 Migdal declaraba 12.000 acciones de MercadoLibre Inc., valoradas en cerca de US$20,7 millones.
Harel, en tanto, informaba la posesión de 4.327 acciones por aproximadamente US$7,5 millones.
En conjunto, las posiciones de ambos grupos financieros alcanzaban los US$28,2 millones.
Real Politik plantea que la coincidencia entre inversionistas de Navitas y accionistas de Mercado Libre debería haber motivado, al menos, una revisión administrativa para establecer si existen contratos, beneficios, autorizaciones o relaciones estatales alcanzadas por la legislación argentina.
La relación entre Milei y Galperin
El reporte sitúa estos antecedentes en el contexto de la estrecha relación pública entre el presidente Javier Milei y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.
En septiembre de 2024, Milei visitó las oficinas de la empresa en el barrio porteño de Saavedra, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.
Durante la actividad, el mandatario calificó a Galperin y a los empresarios de la compañía como “benefactores sociales” y presentó a Mercado Libre como un ejemplo del modelo económico impulsado por su gobierno.
En esa ocasión, Galperin anunció una inversión de US$75 millones para construir un centro logístico en La Matanza.
El empresario ha respaldado públicamente la orientación económica de Milei y, desde enero de 2026, ocupa la presidencia ejecutiva del directorio de Mercado Libre, después de abandonar la dirección cotidiana de la compañía.
Cuestionamientos al silencio del Gobierno
La investigación de Real Politik sostiene que la cercanía entre Milei y Galperin vuelve necesario esclarecer si la legislación sobre Malvinas se está aplicando con el mismo rigor cuando una revisión podría alcanzar a capitales relacionados con Mercado Libre.
También cuestiona que la administración argentina no haya informado si actualizó la nómina de empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas, ni si cruzó esa información con registros de proveedores, beneficios fiscales, inversiones y contrataciones públicas.
El medio recalca que el conflicto no está relacionado con la nacionalidad israelí de Navitas o de sus accionistas, sino con la participación de una empresa sancionada en un proyecto aprobado por las autoridades británicas de las islas.
“El problema ya no es solamente lo que hace una petrolera extranjera. También es lo que el Estado argentino decidió no mirar”, concluye la investigación de Real Politik.
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