La emergencia provocada por el último frente de mal tiempo y el avance legislativo de la denominada “Ley Bruma” reactivaron la demanda por una plataforma de protección social permanente para la pesca artesanal.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal sostuvo que los daños registrados desde Atacama hasta Valparaíso volvieron a demostrar que el sector carece de mecanismos estables para enfrentar pérdidas de embarcaciones, infraestructura, artes de pesca e ingresos familiares.
Entre las situaciones más graves se encuentra la paralización de cerca de 170 pescadores de Caleta Portales, en la Región de Valparaíso, tras la destrucción de la grúa hidráulica utilizada para embarcar y desembarcar las naves.
La infraestructura, financiada por la Dirección de Obras Portuarias y operativa desde 2021, sufrió daños durante el temporal, afectando directamente a unas 500 personas vinculadas a la actividad.
El costo de reparación fue estimado en aproximadamente $50 millones, aunque hasta ahora no existiría un plazo definido para restituir su funcionamiento.
En la Región de Coquimbo, al menos diez caletas permanecieron aisladas, mientras se reportaron pérdidas de infraestructura, embarcaciones y equipos en distintos puntos del norte y centro del país.
“Ley Bruma” avanza en la Cámara
En paralelo, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de seguridad marítima surgido tras la tragedia del LM Bruma.
En el hundimiento de esa embarcación murieron siete tripulantes de la pesca artesanal de la Región del Biobío.
El proyecto ingresó a su período de indicaciones hasta el 3 de agosto. Según sus promotores, requiere patrocinio del Ejecutivo para incorporar atribuciones fiscalizadoras efectivas y recursos suficientes para su aplicación.
La Alianza sostuvo que tanto la tragedia del Bruma como los daños ocasionados por el sistema frontal muestran un patrón reiterado: primero ocurre la emergencia, luego el Congreso impulsa una respuesta específica y finalmente el financiamiento y la cobertura quedan pendientes.
Más de 100.000 empleos directos
La pesca artesanal concentra más de 100.000 puestos de trabajo directos y un número mayor de empleos indirectos en distintas zonas del país.
Además de los pescadores y tripulantes, la actividad involucra a encarnadoras, fileteadoras, recolectores, comerciantes, transportistas y trabajadores de servicios asociados.
El sector también cumple un papel relevante en el abastecimiento de productos del mar para el consumo interno.
Sin embargo, sus trabajadores enfrentan riesgos climáticos, operacionales y económicos sin contar con seguros de funcionamiento, fondos de emergencia sectoriales ni mecanismos automáticos de protección.
En regiones como el Biobío, parte importante de la flota artesanal está compuesta por embarcaciones de madera antiguas, que pueden operar a más de 100 millas de la costa.
La mantención anual de una nave puede llegar a los $15 millones, costo que muchos armadores no están en condiciones de asumir.
“Es una deuda del Estado”
Pascual Aguilera, presidente de la Federación de Trabajadores del Mar de Elqui y vocero de la Alianza, afirmó que los pescadores enfrentan solos los riesgos de una actividad estratégica para el país.
“Cada temporada de mal tiempo, cada naufragio y cada crisis de precios nos demuestra que los pescadores artesanales enfrentan solos los riesgos de una actividad que es estratégica para el país”, señaló.
Agregó que la ausencia de un sistema de respaldo no corresponde a una falla aislada, sino a una deuda acumulada del Estado con el sector.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, advirtió que la paralización de una caleta afecta inmediatamente los ingresos de numerosas familias.
“Cuando una caleta queda sin grúa, sin muelle o sin embarcación, las mujeres somos las primeras en absorber ese impacto”, sostuvo.
La dirigenta agregó que la política pública no puede activarse únicamente después de una catástrofe.
Las medidas solicitadas
La Alianza pidió al Ejecutivo reinstalar en el Congreso la discusión de una plataforma social específica para la pesca artesanal.
La propuesta debería incluir seguros de operación, fondos de emergencia de activación inmediata y sistemas de salud y previsión adaptados a las características del trabajo en el mar.
La organización también solicitó presentar indicaciones concretas al proyecto de seguridad marítima antes del 3 de agosto, junto con entregar atribuciones fiscalizadoras y financiamiento para su implementación en todo el litoral.
Además, exigió un catastro completo de los daños ocasionados por las últimas emergencias climáticas, acompañado de un plan de reposición con fechas y responsables definidos.
Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, afirmó que el Estado no puede continuar reaccionando únicamente después de naufragios o catástrofes.
“Chile tiene una deuda histórica con quienes alimentan al país desde el mar, y esa deuda se paga con política pública estable, financiada y responsable, no con oficios y promesas sin plazos”, concluyó.
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