El Gobierno de Perú profundizará la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, entregándoles el control perimétrico de los centros penitenciarios y mayores responsabilidades en la vigilancia de las fronteras.
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, aseguró que los militares dejarán de cumplir tareas meramente complementarias y tendrán atribuciones específicas dentro de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Keiko Fujimori.
“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada”, sostuvo el secretario de Estado.
Una de las principales medidas será el despliegue permanente de contingentes militares en los perímetros de las cárceles, desde donde fiscalizarán el ingreso de personas, vehículos y suministros, incluyendo al propio personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El plan contempla además la instalación de equipos de escaneo y detectores de metales, junto con sistemas propios para impedir el funcionamiento de teléfonos celulares desde el interior de los recintos.
La estrategia incorporará también drones para labores de vigilancia, en un intento por reducir el ingreso de armas, drogas, teléfonos y otros elementos utilizados por organizaciones criminales que continúan operando desde las prisiones.
Mayor presencia militar
La decisión profundiza una política anunciada a comienzos de agosto por Fujimori, quien planteó utilizar a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en calles, cárceles y zonas consideradas críticas. El objetivo declarado por el Ejecutivo es recuperar territorios afectados por la delincuencia organizada y ampliar la capacidad operativa del Estado frente a delitos como extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
La política de seguridad constituye uno de los primeros ejes del Gobierno que asumió tras las elecciones presidenciales de junio. Durante la campaña y después de su elección, Fujimori planteó la necesidad de fortalecer la autoridad estatal frente al avance del crimen organizado y prometió encabezar un gobierno de unidad destinado también a enfrentar las brechas económicas y sociales del país.
El endurecimiento de las políticas de seguridad se desarrolla además en medio de un debate más amplio sobre las atribuciones de policías y militares. En junio, el Congreso peruano avanzó en una legislación destinada a modificar las condiciones bajo las cuales integrantes de ambas instituciones pueden ser sometidos a la justicia ordinaria por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Expulsión de extranjeros
Belaúnde Llosa adelantó asimismo que el Ejecutivo buscará modificar la legislación vigente para facilitar la detención y expulsión de extranjeros indocumentados relacionados con actividades ilícitas.
Según el ministro, las actuales disposiciones son “casi prohibitivas” y dificultan una respuesta rápida de las autoridades frente a personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.
El Gobierno incorporará estas modificaciones dentro de la solicitud de facultades legislativas que presentará para implementar parte de su agenda de seguridad.
Uno de los aspectos que se pretende revisar es la definición jurídica de los denominados “grupos hostiles”, especialmente en áreas fronterizas.
Belaúnde utilizó como ejemplo a Los Choneros, organización criminal originada en Ecuador y que ha sido vinculada a actividades de narcotráfico, extorsión y violencia.
“Si uno va a la frontera con Ecuador, Los Choneros es esta organización criminal; en Ecuador son un grupo hostil, en el lado peruano son organización criminal. Hoy el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú”, afirmó.
El Ejecutivo considera que la diferencia de criterios legales entre países puede dificultar las operaciones contra organizaciones que actúan a ambos lados de las fronteras.
La vigilancia militar fronteriza y el mayor control de los establecimientos penitenciarios forman así parte de una estrategia que busca impedir que organizaciones criminales transnacionales utilicen las cárceles como centros de operaciones y las zonas limítrofes como corredores para el tráfico de drogas, armas y personas.
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