La diputada Javiera Morales, junto a su par Lorena Fríes, ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minju) para solicitar explicaciones por el cierre anticipado de la unidad especializada encargada de investigar adopciones ilegales ocurridas en dictadura, particularmente aquellas ocurridas durante la dictadura.
La instancia, creada formalmente hace apenas cuatro meses, tenía como objetivo dar cumplimiento a un mandato legal orientado a esclarecer estos casos, además de coordinar labores clave como la búsqueda documental, análisis genético, apoyo jurídico y acompañamiento psicológico a las víctimas. Sin embargo, su término fue anunciado públicamente el pasado 1 de julio, generando preocupación entre parlamentarias y organizaciones vinculadas al tema.
En el documento enviado al Ejecutivo, las diputadas advierten que la disolución de la unidad podría dejar desprotegidas funciones altamente especializadas y complejas, que ahora serían traspasadas al gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. A juicio de Morales, este cambio podría afectar la capacidad del Estado para responder de manera oportuna y eficaz a los requerimientos judiciales vigentes y a las solicitudes de personas que buscan conocer su origen.
El oficio solicita al Ministerio detallar las razones técnicas y presupuestarias que motivaron el cierre de la unidad, así como explicar los mecanismos institucionales que se implementarán para garantizar la continuidad de las investigaciones. Asimismo, se pide claridad respecto de cómo se mantendrán los convenios de cooperación internacional, los procesos de reunificación familiar y los análisis genéticos que estaban en curso.
“La preocupación central es que no se interrumpa el trabajo con las víctimas ni se debiliten los esfuerzos por esclarecer estos casos, que forman parte de una deuda histórica del Estado”, señala el texto.
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