La Contraloría General de la República detectó retrasos y debilidades en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, aprobada en 2021 para coordinar la acción de distintos organismos públicos en esta materia.
La revisión está contenida en el Informe Final N° 129 de 2026 y evaluó la ejecución del plan de acción asociado a la estrategia, que contempla medidas para el período 2021-2030.
De acuerdo con la auditoría, la Subsecretaría del Medio Ambiente no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices que permitan monitorear adecuadamente el avance de las acciones comprometidas. Producto de ello, a marzo de 2026 la repartición no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, lo que podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones vinculadas a la gestión de residuos marinos y microplásticos.
La Contraloría también constató que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no acreditaron gestiones suficientes para impulsar programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos.
Asimismo, el informe advirtió que no se verificó la definición de acciones concretas para difundir experiencias del sector privado y de la sociedad civil, pese a que el plazo de implementación de este objetivo comenzó en 2022.
Otro de los puntos observados apunta al bajo avance en la identificación de productos del sector pesquero y acuícola que podrían incorporarse al régimen de Responsabilidad Extendida del Productor, contemplado en la Ley N° 20.920. La auditoría también detectó falta de acciones concretas para promover la economía circular en caletas pesqueras y reducir la generación de residuos plásticos marinos.
En materia de capacitación, el organismo fiscalizador señaló que la Subsecretaría del Medio Ambiente no realizó las jornadas semestrales comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos. Además, no contaba con una planificación para implementar dicha medida.
Instrucciones de Contraloría
Tras la auditoría, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar y remitir, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y directrices para fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento de las actividades contempladas en la estrategia. La repartición también deberá informar las coordinaciones realizadas y la planificación destinada a ejecutar las acciones pendientes.
En paralelo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tendrá que acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances asociados a las medidas programadas para 2026.
Por su parte, Directemar deberá identificar brechas, evaluar las actividades ya ejecutadas y reportar las medidas adoptadas para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos.
La fiscalización además levantó observaciones en procesos de pago relacionados con actividades de difusión y capacitación. Por ello, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá ajustar sus procedimientos, reforzar sus controles internos y acreditar la incorporación de antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.
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