El Consejo Constitucional de Francia declaró inconstitucional este viernes la ley aprobada por el Parlamento a finales de julio que prohibía el uso de redes sociales a los menores de 15 años, una de las principales iniciativas del Gobierno de Emmanuel Macron para limitar el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas.
La máxima instancia constitucional francesa determinó que la normativa imponía una restricción desproporcionada a la libertad de expresión, comunicación e información y que, además, no definía con suficiente precisión su ámbito de aplicación.
Según el fallo, las limitaciones establecidas por la ley “no son apropiadas, necesarias ni proporcionales al objetivo perseguido”.
“Estas disposiciones, que privan a los menores de la libertad de acceder a determinados servicios públicos de comunicación online, infringen la libertad de expresión y de comunicación”, señaló el Consejo Constitucional.
El tribunal reconoció que la legislación buscaba responder al deber constitucional de proteger el interés superior de los niños, pero advirtió que la prohibición podía extenderse a servicios digitales respecto de los cuales no se habían demostrado riesgos específicos para la salud o la seguridad de los menores.
Reparos por la verificación de edad
Otro de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los mecanismos previstos para comprobar la edad de los usuarios.
La corte sostuvo que la legislación no entregaba garantías legales suficientes para proteger la privacidad, ya que la verificación podía obligar tanto a menores como a adultos a presentar documentación que acreditara su edad antes de ingresar a las plataformas.
El texto tampoco establecía un sistema único de comprobación, sino que dejaba en manos de cada empresa tecnológica la definición del mecanismo que utilizaría.
Tras conocerse la resolución, Macron encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el Gobierno prepare una nueva versión de la iniciativa que sea jurídicamente compatible con la Constitución francesa y con la legislación de la Unión Europea.
El mandatario mantiene como objetivo implementar la reforma antes de la primavera europea de 2027.
“Bajo la iniciativa de Francia, más de treinta Estados en todo el mundo han planteado la prohibición de las redes sociales a los más jóvenes en los próximos meses y la Comisión Europea trabaja sobre una armonización de estas disposiciones para la Unión Europea”, indicó el Palacio del Elíseo.
Macron ha defendido la regulación señalando que busca proteger la salud y el bienestar de niños y adolescentes frente a los efectos perjudiciales asociados al uso intensivo de las redes sociales.
Objeciones de la Unión Europea
La legislación ya había enfrentado dificultades antes de su aprobación definitiva.
A comienzos de julio, la Comisión Europea advirtió que algunas de sus disposiciones podían entrar en conflicto con el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), particularmente porque otorgaban facultades consideradas excesivas al regulador francés y contemplaban la posibilidad de establecer una “lista negra” de plataformas.
El proyecto fue posteriormente modificado para intentar adecuarse a las normas europeas.
La iniciativa había sido presentada inicialmente por la diputada de Renacimiento Laure Miller y el Gobierno pretendía que comenzara a aplicarse junto con el inicio del año escolar en septiembre.
La ley también incluía restricciones al uso de teléfonos móviles en establecimientos de educación secundaria, incluidos determinados cursos de bachillerato. El Consejo Constitucional no se pronunció sobre esa disposición.
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