El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aprobó un decreto que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones públicas, en vísperas de una jornada nacional de protestas convocada para este miércoles 14 de octubre por sindicatos, organizaciones estudiantiles, docentes, comunidades indígenas y sectores de la oposición.
La disposición, identificada como Decreto 1525 de 2026, establece nuevas condiciones para la intervención policial ante episodios de violencia, vandalismo y bloqueos de carreteras, permitiendo actuaciones específicas sin necesidad de concluir previamente los procedimientos de diálogo y mediación.
La decisión representa uno de los primeros desafíos políticos para el mandatario, quien asumió la Presidencia en agosto pasado y enfrenta las primeras movilizaciones nacionales de importancia contra su administración.
«En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos», declaró De la Espriella al anunciar la normativa.
El jefe de Estado defendió que las nuevas disposiciones buscan garantizar simultáneamente el derecho constitucional a manifestarse y las libertades de quienes no participan en las protestas.
Policía podrá intervenir sin esperar el término del diálogo
Uno de los cambios más relevantes establece que las fuerzas de seguridad podrán actuar directamente contra personas que cometan actos violentos, aunque continúen las conversaciones con otros participantes de una manifestación.
El artículo primero precisa que privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla general para abordar las protestas, pero no representa una condición obligatoria que impida intervenir individualmente contra quienes ejecuten acciones violentas.
La normativa también contempla intervenciones cuando se detecte la presencia o utilización de armas de fuego, elementos cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios.
Asimismo, establece que las autoridades deberán ponderar el derecho a manifestarse con la protección de otros derechos fundamentales, entre ellos la vida, la salud, la educación, el trabajo, la movilidad y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
El decreto permite retomar las conversaciones después de una intervención policial, siempre que hayan cesado los hechos violentos y se adopten medidas para proteger a los manifestantes pacíficos.
El mandatario insistió en que las actuaciones deberán respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de las garantías del debido proceso.
La modificación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de la oposición, que advierten sobre los riesgos de ampliar las facultades policiales en contextos de movilización social.
Las críticas apuntan especialmente a la posibilidad de que determinados incidentes sean utilizados para justificar intervenciones que afecten a personas que ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse.
Entre las voces críticas figura la senadora Jennifer Pedraza, mientras organizaciones sindicales y estudiantiles han cuestionado la orientación de la política de seguridad del Ejecutivo.
El debate revive los antecedentes de las protestas nacionales de 2021, cuando Colombia registró graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.
Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que el nuevo marco busca diferenciar a quienes protestan pacíficamente de quienes cometen delitos o impiden el acceso a servicios esenciales.
Las manifestaciones de este miércoles están convocadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades colombianas.
Entre las organizaciones participantes figuran federaciones sindicales, asociaciones docentes, movimientos estudiantiles y agrupaciones indígenas.
Las demandas incluyen mejoras en educación, garantías para los trabajadores, protección de los territorios indígenas, respeto a la autonomía universitaria y cuestionamientos a las políticas económicas y de seguridad del Gobierno.
En Bogotá, una de las principales concentraciones fue convocada en el Parque Nacional, con desplazamientos previstos hacia la Plaza de Bolívar.
El expresidente Gustavo Petro y dirigentes de la oposición han expresado su respaldo a las movilizaciones, insistiendo en su carácter pacífico.
La jornada también se plantea como una preparación para eventuales nuevas medidas de presión, incluida la posibilidad de un paro nacional durante noviembre, cuya fecha todavía no ha sido definida.
En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una advertencia dirigida a sus ciudadanos ante las manifestaciones previstas para este 14 de octubre.
La representación diplomática señaló que las concentraciones podrían provocar interrupciones del tránsito, cierres de carreteras y retrasos en el transporte público, particularmente en el centro de Bogotá.
Entre las recomendaciones figuran evitar las zonas de protesta, mantenerse informado sobre las condiciones de seguridad, utilizar rutas alternativas y reducir la exposición de objetos de valor.
También aconsejó mantener un perfil bajo, evitar utilizar teléfonos móviles de manera ostensible en espacios públicos y no oponer resistencia física ante eventuales intentos de robo.
Las autoridades colombianas, por su parte, prepararon un dispositivo especial de seguridad y coordinación para supervisar las movilizaciones.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para monitorear la jornada, que contará con seguimiento del propio presidente.
El nuevo decreto se inscribe en una estrategia de seguridad más amplia impulsada por De la Espriella durante sus primeros dos meses de mandato.
El Ejecutivo también anunció un proyecto de Estatuto Antiterrorista, destinado a fortalecer los instrumentos legales para enfrentar a organizaciones criminales y hechos considerados amenazas graves para la seguridad nacional.
En paralelo, el Gobierno presentó una iniciativa de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones armadas ilegales, que contempla reducciones de penas condicionadas a la cooperación judicial, la entrega de información y la reparación a las víctimas.
Estas iniciativas reflejan el giro de la política de seguridad colombiana respecto de la administración de Gustavo Petro, cuyo enfoque había privilegiado los mecanismos de negociación con organizaciones armadas mediante la denominada política de Paz Total.
El cambio también ha provocado tensiones con organizaciones indígenas. El pasado 6 de octubre, De la Espriella respondió a las movilizaciones anunciadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, señalando que su Gobierno estaba dispuesto a dialogar, pero no bajo bloqueos ni amenazas.
Las movilizaciones del 14 de octubre constituyen una prueba relevante para la relación entre el nuevo Ejecutivo y los movimientos sociales colombianos.
Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas disposiciones permitirán proteger a la ciudadanía y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, sus detractores consideran que podrían debilitar las garantías de la protesta social.
La aplicación práctica del decreto, especialmente los criterios utilizados por la Policía para distinguir entre manifestantes pacíficos y responsables de hechos violentos, será determinante para evaluar sus consecuencias.
El desafío inmediato será compatibilizar el mantenimiento del orden público con el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la protesta, en un país donde las movilizaciones sociales han desempeñado históricamente un papel central en el debate político.
La entrada Colombia endurece protocolos policiales ante primeras protestas masivas contra De la Espriella se publicó primero en El Periodista.
