El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles 14 de octubre una apelación contra la resolución de un juez federal que ordenó mantener el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Administración republicana y los medios de comunicación críticos de su gestión.
El Departamento de Justicia impugnó la decisión adoptada el martes por el juez federal Timothy Kelly, quien concedió una medida cautelar que impide al Ejecutivo mantener la prohibición de ingreso mientras continúa el proceso judicial iniciado por las tres organizaciones periodísticas.
La controversia comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando Trump anunció públicamente que retiraría las acreditaciones de los periodistas de estos medios, a los que ha acusado reiteradamente de difundir informaciones falsas y mantener una cobertura sesgada contra su Gobierno.
Los afectados recurrieron a los tribunales, argumentando que la decisión vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa, además de las garantías del debido proceso.
Un juez nombrado por Trump cuestiona la prohibición
La resolución judicial tiene una particularidad política: Timothy Kelly fue designado magistrado por el propio Trump durante su primer mandato presidencial.
En su fallo, el juez consideró que existen fundamentos suficientes para estimar que la decisión de retirar las acreditaciones respondió al contenido de las publicaciones de los medios afectados y no a razones objetivas de seguridad.
Según el magistrado, las declaraciones públicas del presidente permiten sostener, de manera preliminar, que la prohibición constituyó una posible discriminación por motivos de opinión, incompatible con las garantías constitucionales.
Kelly también rechazó los argumentos del Departamento de Justicia, que intentó justificar las restricciones mediante consideraciones de seguridad nacional.
El tribunal estimó que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que esos motivos hubieran determinado originalmente la decisión presidencial.
La medida cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia, pero mantiene la protección judicial de los periodistas mientras se resuelve la demanda.
El conflicto no se limita al ingreso físico de los periodistas al recinto de la Casa Blanca.
Durante el desarrollo del litigio también surgieron cuestionamientos por restricciones a la participación de determinados reporteros en actividades oficiales, incluidos los desplazamientos presidenciales a bordo del Air Force One.
La orden judicial protege las acreditaciones generales, aunque no garantiza automáticamente el acceso a todos los espacios reservados para la cobertura de las actividades del mandatario.
Esta distinción podría adquirir relevancia en las siguientes etapas del proceso, ya que las organizaciones periodísticas sostienen que las restricciones afectan su capacidad de informar sobre decisiones del Gobierno y fiscalizar el ejercicio del poder.
La controversia revive un enfrentamiento ocurrido durante el primer mandato de Trump.
En noviembre de 2018, la Casa Blanca retiró la acreditación del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta, después de un tenso intercambio con el presidente durante una conferencia de prensa.
CNN presentó una demanda y consiguió que un tribunal ordenara restablecer temporalmente el acceso del periodista.
El magistrado que intervino en aquella controversia fue precisamente Timothy Kelly, el mismo que ahora examina la legalidad de las restricciones contra CNN, MS NOW y Politico.
En esa oportunidad, el tribunal puso especial atención en las garantías del debido proceso que deben respetarse antes de retirar una acreditación periodística.
Posteriormente, la Casa Blanca restituyó definitivamente el permiso de Acosta y estableció nuevas reglas para las conferencias presidenciales, lo que permitió cerrar el litigio.
El antecedente de 2018 vuelve a situarse en el centro del debate jurídico sobre los límites de las facultades presidenciales para controlar el acceso de la prensa a las dependencias gubernamentales.
La disputa actual plantea una cuestión constitucional que trasciende a las tres organizaciones involucradas: hasta dónde puede llegar un Gobierno en la regulación de las acreditaciones periodísticas y cuándo esas decisiones se transforman en una forma de represalia contra coberturas consideradas desfavorables.
La Administración Trump sostiene que el Ejecutivo dispone de atribuciones para establecer condiciones de acceso a instalaciones presidenciales y proteger su seguridad.
En contraste, los demandantes argumentan que esas facultades no pueden utilizarse para castigar a periodistas por el contenido de sus informaciones o por las opiniones expresadas en sus publicaciones.
El tribunal deberá determinar si las restricciones fueron adoptadas conforme a criterios legítimos y procedimientos constitucionales o si constituyeron una discriminación contra determinados medios.
La apelación presentada este miércoles abre una nueva etapa judicial y mantiene vigente una controversia que podría establecer criterios relevantes para las relaciones entre la Presidencia estadounidense y la prensa.
Por ahora, la medida cautelar permite que los periodistas de CNN, MS NOW y Politico conserven sus acreditaciones generales mientras continúa la disputa judicial.
El desenlace tendrá implicancias que van más allá de estos medios, especialmente respecto de las garantías que protegen el ejercicio del periodismo frente a decisiones de las autoridades políticas.
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