La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que obligaría a la estatal a someter decisiones propias de su gestión empresarial al trámite de toma de razón.
A través de una declaración pública, la minera explicó que la acción judicial busca “obtener certeza jurídica respecto de la aplicación de determinadas actuaciones propias de su gestión empresarial” que han sido objeto de revisión por parte del organismo contralor.
El conflicto se originó tras un oficio emitido por la CGR en abril de 2026, en el que se instruyó a Codelco dictar actos administrativos para decisiones relacionadas con la constitución, participación, modificación, retiro y disolución de sociedades, además de someter dichos actos al control previo de legalidad mediante la toma de razón.
En ese contexto, Contraloría formuló observaciones a un decreto vinculado al contrato con la minera Ascotán, que fija condiciones para la entrega de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL). Según el organismo, Codelco no habría sometido a toma de razón la constitución de dicha sociedad.
A juicio de la estatal, esta interpretación implica que la empresa debería canalizar decisiones empresariales a través de actos administrativos y someterlos a control preventivo antes de ejecutarlos, lo que calificó como una exigencia “completamente inédita”.
“En más de 50 años de existencia, Codelco nunca ha dictado actos administrativos ni ha sometido sus decisiones empresariales al trámite de toma de razón”, sostiene el escrito, agregando que esta exigencia tampoco había sido planteada anteriormente por la Contraloría, pese a revisar en múltiples ocasiones operaciones relacionadas con sociedades filiales o coligadas.
En esa línea, la cuprífera reiteró que su naturaleza jurídica es dual —regida tanto por normas de derecho público como privado—, por lo que, a diferencia de los servicios públicos, no le resulta aplicable la obligación de dictar actos administrativos en el desarrollo de su actividad económica. “Por mandato constitucional y legal, Codelco debe actuar bajo las reglas del derecho civil y comercial, ya que compite en el mercado con otras empresas del mismo rubro”, argumenta la acción.
Finalmente, en su declaración pública, la empresa subrayó que el recurso no cuestiona las atribuciones de la Contraloría ni altera los mecanismos de control a los que está sujeta. En ese sentido, recordó que su gestión es supervisada por auditorías internas y externas, la propia CGR dentro de su ámbito de competencia, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
“Codelco confía en que estas materias puedan ser aclaradas institucionalmente, contribuyendo a otorgar certeza jurídica para el funcionamiento eficiente de la empresa y el adecuado resguardo de los controles sobre su gestión”, concluye la declaración.
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