El Caso Sartor llegará este martes a una de sus jornadas judiciales más importantes desde que comenzó, el pasado 30 de julio, la extensa formalización de sus 11 imputados.
Después de más de dos semanas de audiencias, el tribunal deberá resolver las medidas cautelares de Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Michael Clark Varela, Sergio Yáñez Astete y Rodrigo Bustamante García, respecto de quienes el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.
La investigación busca establecer responsabilidades penales en un presunto esquema mediante el cual, según la Fiscalía, recursos de fondos de inversión habrían terminado financiando empresas y operaciones vinculadas a los propios controladores, directores y personas relacionadas con Sartor.
El Ministerio Público ha cifrado en alrededor de US$191 millones el perjuicio ocasionado a inversionistas y formalizó por delitos que incluyen administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa, apropiación indebida, fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.
Las imputaciones deberán ser acreditadas durante el proceso penal y han sido controvertidas por las respectivas defensas.
De administrador de patrimonios a gestor de fondos
Sartor Finance Group nació en 2012, encabezado por Pedro Pablo Larraín Mery, inicialmente como una firma destinada a gestionar patrimonios familiares.
Con el tiempo, el conglomerado amplió su actividad hacia deuda privada, bienes raíces, infraestructura y administración de fondos.
En 2016 se constituyó Sartor Administradora General de Fondos (AGF), con la cual el grupo ingresó al mercado regulado de fondos públicos. Hacia 2022 administraba diez fondos de inversión y seis fondos mutuos.
Los problemas se hicieron públicos a fines de 2024.
El 15 de noviembre de ese año, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió los aportes a fondos administrados por Sartor tras detectar deficiencias relevantes en su gestión. En diciembre, ante una fuerte solicitud de rescates, adoptó nuevas restricciones y posteriormente revocó por primera vez la autorización de existencia de Sartor AGF.
Esa primera revocación fue anulada recientemente por la Corte Suprema por defectos en el procedimiento utilizado por la CMF. El máximo tribunal concluyó que, dada la naturaleza sancionatoria de la medida, debía haberse tramitado previamente un procedimiento administrativo formal que garantizara el derecho a defensa.
Sin embargo, el fallo no anuló las actuaciones posteriores del regulador. Durante 2025, la CMF llevó adelante un procedimiento sancionatorio y volvió a revocar la autorización de Sartor AGF, además de sancionar a exdirectores y a su exgerente general.
Qué estableció administrativamente la CMF
En noviembre de 2025, la CMF aplicó multas por un total de 367.500 UF a exdirectores y al exgerente general de Sartor AGF.
Pedro Pablo Larraín recibió una multa de 80.000 UF; Alfredo Harz, de 75.000 UF; Michael Clark, de 65.000 UF; Mauro Valdés, de 45.000 UF; Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, de 35.000 UF cada uno; Óscar Ebel, de 22.500 UF después de la aplicación de un beneficio por autodenuncia; y Miguel León, de 10.000 UF.
El regulador estableció administrativamente que fondos manejados por Sartor realizaron inversiones en entidades relacionadas con sus directores, vulnerando los deberes de diligencia y el principio de actuar exclusivamente en beneficio de los fondos y sus aportantes.
La CMF señaló además que recursos de los fondos fueron destinados a financiar compañías relacionadas, algunas de ellas con problemas financieros, deudas impagas o garantías insuficientes.
También sancionó la entrega de información falsa en los estados financieros de los fondos Sartor Leasing y Sartor Táctico correspondientes a diciembre de 2023 y marzo, junio y septiembre de 2024. Según el regulador, esos documentos no reflejaban correctamente la situación económica y patrimonial de los fondos respecto del financiamiento entregado a Danke, E Capital y E Capital Leasing.
Estos antecedentes administrativos forman parte del contexto de la investigación penal, aunque ambas responsabilidades —administrativa y penal— son jurídicamente distintas.
Los principales nombres
Pedro Pablo Larraín fue fundador y principal controlador de Sartor. Con el tiempo llegó a controlar aproximadamente el 60% de la matriz y encabezó la expansión del grupo hacia la administración de fondos regulados.
Su hermano, Carlos Larraín, fue director de Sartor AGF hasta 2021 y continuó vinculado a la matriz. En ese periodo, ambos participaron en la creación de Danke, sociedad relacionada con Emprender Capital, conocida como E-Capital.
Michael Clark, posteriormente ligado al control de Azul Azul, integró el directorio de Sartor entre 2020 y 2024 y formó parte de su comité de créditos.
Rodrigo Bustamante tenía cerca del 6% de participación en la matriz y estuvo vinculado a la gestión patrimonial y a la expansión internacional del conglomerado.
Sergio Yáñez, por su parte, fue fundador de E-Capital. Aunque no integró la propiedad ni el directorio de Sartor AGF, la Fiscalía le atribuye un papel relevante por el rol que habría cumplido esa compañía como receptora de recursos provenientes de fondos administrados por la gestora.
También están formalizados Alfredo Harz, Óscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés, Juan Carlos Jorquera y Hugo Baranda.
Redwood, Clark y el Bono Nexus
Uno de los capítulos expuestos durante la formalización involucra a Redwood Capital SpA, sociedad constituida por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta.
Según los antecedentes presentados ante el tribunal, Clark terminó siendo el único accionista de Redwood en junio de 2023.
El 28 de septiembre de ese año, el FIP Deuda Privada otorgó a Redwood un financiamiento por $875 millones, monto que posteriormente aumentó hasta aproximadamente $901 millones debido a la capitalización de intereses.
A marzo de 2024, el único aportante de ese fondo privado era el Fondo de Inversión Sartor Táctico, administrado por Sartor AGF.
La Fiscalía sostiene que de esta manera Redwood obtuvo indirectamente financiamiento proveniente de recursos de inversionistas de Sartor.
Con esos recursos, según la exposición del Ministerio Público, Redwood adquirió el denominado Bono Nexus por aproximadamente $810,9 millones.
Posteriormente, el instrumento fue vendido a un fondo administrado por Sartor AGF por aproximadamente $1.255 millones, generándose una diferencia superior a $380 millones.
La tesis persecutora sostiene que Clark habría obtenido así un beneficio económico mediante una operación financiada indirectamente con recursos de los propios fondos administrados por Sartor.
La defensa de Clark controvierte las imputaciones y ha sostenido que sus operaciones se ajustaron a derecho.
La compra de Azul Azul
Otro capítulo de la causa se relaciona con la adquisición del control de Azul Azul S.A., concesionaria de Universidad de Chile.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Inversiones Cerro El Plomo, administrada por Sartor AGF, realizó aportes al FIP Tactical Sport, vehículo utilizado en 2021 para adquirir a Carlos Heller aproximadamente el 63,07% de Azul Azul.
La Fiscalía ha descrito pagarés emitidos durante 2021 por montos superiores a $4.300 millones, además de obligaciones expresadas en UF. La tesis del Ministerio Público es que recursos provenientes de fondos administrados por Sartor terminaron financiando la operación de compra de la concesionaria.
Existe, además, una arista posterior respecto de Michael Clark.
La defensa sostiene que cuando Clark adquirió cuotas del fondo que controlaba Azul Azul, en diciembre de 2024, no compró directamente acciones de la concesionaria y, por lo tanto, no se configuró una nueva toma de control que exigiera una OPA.
La Fiscalía sostiene lo contrario: que se produjo una toma de control indirecta y que, por esa razón, correspondía realizar una Oferta Pública de Adquisición.
Ese punto será uno de los asuntos que deberá dilucidarse judicialmente.
E-Capital, otra pieza central
La Fiscalía también ha puesto el foco en Emprender Capital (E-Capital).
Sergio Yáñez fundó la firma, dedicada al factoring y financiamiento empresarial, y posteriormente esta quedó vinculada al Grupo Sartor.
La investigación sostiene que E-Capital fue una de las principales receptoras de financiamiento proveniente de fondos administrados por Sartor. Hugo Baranda, también formalizado, fue gerente general de E-Capital y de Danke.
Precisamente los financiamientos a Danke, E-Capital y E-Capital Leasing son parte de las operaciones sobre las cuales la CMF estableció posteriormente infracciones administrativas y entrega de información financiera falsa.
La tesis penal
El fiscal Juan Pablo Araya ha descrito el caso como una presunta defraudación financiera en la cual quienes administraban patrimonios de fondos habrían utilizado vehículos regulados y fondos privados para efectuar operaciones con compañías relacionadas.
La tesis de la Fiscalía es que, mediante triangulaciones entre fondos públicos, fondos privados y sociedades vinculadas, los recursos terminaron financiando negocios de los propios controladores o personas relacionadas, en perjuicio de los aportantes.
Ese es el núcleo de la acusación que deberá probar el Ministerio Público.
Por ahora existen dos niveles distintos de antecedentes: por una parte, infracciones administrativas que la CMF ya sancionó; y por otra, delitos que la Fiscalía atribuye a los imputados y que todavía no han sido establecidos mediante sentencia penal.
Lo que se decide este martes
El tribunal deberá pronunciarse este martes sobre las solicitudes de prisión preventiva respecto de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez.
Otros imputados ya han quedado sujetos a medidas de menor intensidad. Óscar Ebel y Hugo Baranda quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras Mauro Valdés y Miguel León quedaron con arresto domiciliario parcial y otras restricciones.
La resolución de cautelares no determinará culpabilidad. Pero sí cerrará el primer gran capítulo procesal de una causa que busca establecer cómo una administradora que llegó a manejar múltiples fondos terminó bajo liquidación, con sanciones administrativas históricas y con 11 de sus antiguos controladores, directores y ejecutivos enfrentando una investigación penal por uno de los casos financieros más relevantes de los últimos años.
La entrada Caso Sartor: la trama de fondos y sociedades relacionadas que llevó a 11 empresarios y ejecutivos ante la Justicia se publicó primero en El Periodista.
