Los gobiernos de Bolivia y Brasil anunciaron este jueves la puesta en marcha de un plan conjunto destinado a reforzar la seguridad en la extensa frontera que comparten ambos países, en medio de un aumento de la violencia atribuida a organizaciones criminales brasileñas vinculadas al narcotráfico.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó del lanzamiento oficial del Plan Fronteras Seguras, que contempla el despliegue permanente de unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en puntos estratégicos como Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, San Ignacio y San Matías.
“Desplegamos de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana (…) para desarticular al crimen organizado transnacional”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.
Paz sostuvo que el objetivo es garantizar “una frontera que produce, exporta y progresa” y vinculó la seguridad territorial con el desarrollo económico de las regiones fronterizas.
“No hay paz social duradera sin desarrollo productivo. Bolivia recupera su soberanía territorial”, afirmó.
El lanzamiento oficial se realizó en el municipio de Guayaramerín, en la provincia de Vaca Díez, con la participación del embajador de Brasil en Bolivia, Luís Henrique Sobreira, además de autoridades civiles y altos mandos policiales de ambos países.
El plan considera la realización de operativos coordinados entre las policías boliviana y brasileña para detectar y desarticular organizaciones criminales que actúan a ambos lados de una frontera que supera los 3.400 kilómetros de extensión.
Las acciones estarán especialmente orientadas al combate del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales, además de reforzar el intercambio de información entre las instituciones de seguridad de ambos países.
La decisión se produce después de un fuerte incremento de los hechos violentos en el departamento boliviano de Santa Cruz, donde se registraron diez asesinatos en menos de una semana.
Las autoridades bolivianas atribuyen estos crímenes a una disputa territorial entre dos de las principales organizaciones criminales de Brasil: el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), grupos que mantienen redes vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en distintos países de América Latina.
Ante la escalada de violencia, el Gobierno boliviano ya había ordenado el despliegue de otros 200 agentes policiales en la zona con el objetivo de reforzar los controles y contener la actividad de las organizaciones criminales.
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