El Gobierno argentino autorizó una ampliación de la emisión de deuda pública por 221.120 millones de pesos argentinos, destinada a cancelar obligaciones pendientes con empresas contratistas de obras públicas.
La medida quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 59/2026 y forma parte del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, mecanismo creado para resolver compromisos financieros acumulados por el Estado con empresas del sector.
El monto autorizado equivale aproximadamente a US$151 millones, tomando como referencia la equivalencia consignada para la operación.
El régimen comprende obligaciones correspondientes a certificados de avance de obras, acopio de materiales y redeterminaciones de precios acumuladas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También contempla desembolsos vinculados a contratos que fueron extinguidos a partir de 2024.
Las empresas interesadas tuvieron plazo hasta mediados de agosto para incorporarse al mecanismo. Las obligaciones corresponden principalmente a compromisos contraídos en proyectos dependientes de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.
Bonos en vez de efectivo
Una de las principales características del mecanismo es que el Estado argentino no pagará las obligaciones directamente en efectivo. Los contratistas recibirán un paquete compuesto por tres tipos de títulos públicos capitalizables denominados en pesos.
Un 33% de las obligaciones se cancelará mediante Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (Lecap), con vencimiento el 30 de octubre de 2026. Para este instrumento se contempla una ampliación de hasta 60.000 millones de pesos, equivalentes a unos US$41 millones.
Otro 33% será entregado mediante Bonos del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (Boncap), con vencimiento el 15 de enero de 2027 y un límite de emisión de 51.000 millones de pesos, aproximadamente US$35 millones.
El 34% restante corresponderá a Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, cuya emisión podrá alcanzar los 60.000 millones de pesos, alrededor de US$41 millones.
Los títulos serán computados según su valor correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de entrega.
El ajuste de la obra pública durante el gobierno de Milei
La regularización de estas obligaciones se produce después del profundo cambio aplicado a la inversión estatal desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023.
La administración libertaria convirtió la reducción del gasto público y la búsqueda del equilibrio fiscal en uno de los principales ejes de su programa económico. Dentro de ese proceso, numerosas obras financiadas por el Estado nacional fueron paralizadas, revisadas o transferidas a provincias y municipios.
La política generó durante los últimos años reclamos de empresas constructoras, gobernadores e intendentes por contratos previamente adjudicados, trabajos ejecutados y certificados pendientes de pago.
El nuevo mecanismo busca cerrar parte de esos pasivos sin realizar un desembolso inmediato de caja. En la práctica, el Estado reconoce las obligaciones con los contratistas, pero sustituye el pago directo por instrumentos de deuda que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado.
La decisión se inscribe, además, en una estrategia más amplia del Gobierno de Milei para ordenar obligaciones heredadas y preservar el resultado fiscal, uno de los principales indicadores utilizados por la administración argentina para evaluar el desempeño de su programa económico.
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