El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este martes la renovación por otros dos años del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, encargada de investigar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.
La resolución fue respaldada por 25 países, entre ellos España, mientras cinco votaron en contra —incluidos China y Cuba— y otros 17 se abstuvieron. El resultado representa uno de los respaldos más amplios obtenidos por la continuidad del mecanismo desde su creación.
La misión fue establecida en 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos en Venezuela, además de determinar posibles responsabilidades individuales y cadenas de mando.
La renovación adquiere especial relevancia por el nuevo escenario abierto en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro durante la operación estadounidense del pasado 3 de enero.
Estructuras represivas permanecen “intactas”
En uno de sus informes más recientes, la misión advirtió que las instituciones estatales señaladas durante años como responsables de la represión y de graves violaciones a los derechos humanos continúan “intactas”, pese a algunos cambios registrados durante los últimos meses.
El organismo constató una “disminución significativa” de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas después de la captura de Maduro. Sin embargo, consideró que estos avances han sido limitados y que no se han traducido en modificaciones estructurales capaces de garantizar que los abusos no vuelvan a repetirse.
La misión sostiene que los cambios observados no han estado acompañados de las reformas institucionales necesarias para producir una mejoría significativa y sostenible de la situación de los derechos humanos.
Una señal especialmente preocupante es que los investigadores han documentado 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero, lo que evidencia que las prácticas denunciadas durante los últimos años no han desaparecido con el cambio del escenario político.
Una investigación iniciada en 2019
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019, en medio de las crecientes denuncias internacionales sobre ejecuciones, persecución política, torturas y desapariciones.
Desde entonces, sus investigaciones han abordado actuaciones de organismos policiales, militares y de inteligencia venezolanos y han analizado la responsabilidad de altos funcionarios en las políticas de persecución contra opositores y críticos del poder.
En informes anteriores, el organismo ha advertido que algunas de las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, particularmente las detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecuciones cometidas como parte de una política estatal contra sectores considerados opositores.
La situación venezolana también ha estado bajo investigación de la Corte Penal Internacional, en un proceso que durante los últimos años ha colocado en el centro del debate la eventual responsabilidad penal individual de autoridades y funcionarios por crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.
El desafío después de Maduro
La captura de Nicolás Maduro modificó sustancialmente el escenario político venezolano, pero los últimos antecedentes recopilados por Naciones Unidas apuntan a que la salida del mandatario no implicó automáticamente el desmantelamiento del aparato institucional cuestionado por violaciones a los derechos humanos.
Precisamente por ello, la renovación hasta 2028 busca mantener un mecanismo internacional independiente que pueda documentar nuevos casos, preservar evidencias, identificar responsabilidades y acompañar las demandas de justicia de las víctimas.
La decisión también refuerza la presión para que cualquier proceso de normalización institucional en Venezuela incluya reformas en los organismos de seguridad, inteligencia y administración de justicia que han sido señalados en investigaciones anteriores.
La continuidad de la misión fue valorada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que consideran indispensable mantener la investigación y la rendición de cuentas.
El foco estará ahora no solo en establecer responsabilidades por los hechos ocurridos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sino también en determinar si Venezuela avanza efectivamente hacia el restablecimiento del Estado de derecho y si las estructuras asociadas a años de represión son finalmente reformadas o desmanteladas.
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