Un tribunal de Hamburgo, Alemania, inició este miércoles 14 de octubre el juicio contra un militar ucraniano acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, ocurrido en septiembre de 2022 en el mar Báltico. La acusación sostiene que la operación fue ejecutada por un grupo especializado que habría actuado siguiendo instrucciones de organismos estatales de Ucrania.
El imputado, identificado como Serhi Kusnetzov, de 50 años, enfrenta cargos por presuntos crímenes de guerra, utilización de explosivos, destrucción de infraestructuras e interrupción de servicios públicos.
El proceso adquiere especial relevancia porque la Fiscalía alemana atribuye la planificación y ejecución del atentado a una operación presuntamente vinculada con estructuras estatales ucranianas, aunque esa responsabilidad todavía deberá ser acreditada judicialmente.
Según la acusación, Kusnetzov habría liderado un equipo integrado por buzos profesionales, un capitán de embarcación y un especialista en explosivos, cuya misión consistía en destruir parte de la infraestructura utilizada para transportar gas natural ruso hacia Alemania.
El objetivo habría sido impedir que Moscú obtuviera ingresos energéticos que pudieran contribuir al financiamiento de la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
Una operación planificada desde Alemania
La investigación sostiene que el acusado ingresó a territorio alemán el 4 de septiembre de 2022 procedente de Polonia, utilizando un pasaporte ucraniano falsificado.
Posteriormente, junto con otros integrantes del grupo, habría abordado un yate alquilado en la ciudad portuaria de Rostock mediante documentación falsa y la intervención de intermediarios.
Desde esa embarcación, los participantes se habrían desplazado hasta las zonas del mar Báltico donde se encontraban los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que conectaban Rusia con la costa alemana.
De acuerdo con la acusación, los buzos instalaron varios dispositivos explosivos equipados con temporizadores antes del 22 de septiembre de 2022.
Las detonaciones se produjeron el 26 de septiembre de ese año, provocando importantes daños en tres de las cuatro tuberías que integraban ambos sistemas.
Las explosiones también ocasionaron una liberación masiva de gas natural al mar y a la atmósfera, convirtiendo el episodio en un incidente de importantes consecuencias ambientales y energéticas.
Un sabotaje que sacudió la seguridad energética europea
La destrucción de los gasoductos Nord Stream representó uno de los episodios más graves de vulnerabilidad de la infraestructura energética europea desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Nord Stream 1, inaugurado en 2011, tenía capacidad para transportar aproximadamente 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año desde Rusia hasta Alemania.
Nord Stream 2, construido para duplicar esa capacidad, nunca llegó a entrar en operación comercial debido a la suspensión de su certificación por parte de Berlín tras el reconocimiento ruso de las regiones separatistas del este de Ucrania, poco antes de la invasión.
En conjunto, ambos proyectos representaban inversiones de miles de millones de dólares y constituían una pieza estratégica de la relación energética entre Moscú y Europa.
El sabotaje se produjo, además, en un momento en que el suministro ruso hacia Alemania ya estaba interrumpido y los países europeos aceleraban la búsqueda de proveedores alternativos.
La crisis energética obligó a varios gobiernos a incrementar las importaciones de gas natural licuado, reforzar sus reservas y adoptar medidas extraordinarias para proteger a hogares e industrias del encarecimiento de la energía.
La investigación y las sospechas sobre Ucrania
Desde septiembre de 2022, las explosiones provocaron una serie de investigaciones y acusaciones cruzadas entre Rusia, Ucrania y distintos países europeos.
Moscú responsabilizó públicamente a países occidentales, mientras que Kiev rechazó las acusaciones que vinculaban a sus autoridades con la destrucción de los gasoductos.
Alemania, Dinamarca y Suecia iniciaron investigaciones sobre las detonaciones, aunque posteriormente las autoridades danesas y suecas cerraron sus respectivos procedimientos sin presentar acusaciones penales.
La investigación alemana continuó y terminó concentrándose en un grupo de ciudadanos ucranianos que presuntamente utilizaron una embarcación civil para trasladar los explosivos hasta los gasoductos.
Kusnetzov fue detenido en Italia durante el verano europeo de 2025 y posteriormente extraditado a Alemania. La Fiscalía presentó los cargos en julio de 2026.
La principal novedad del juicio es que la acusación no se limita a atribuir responsabilidades individuales, sino que plantea que los participantes habrían actuado siguiendo órdenes de organismos estatales ucranianos.
Sin embargo, la existencia de una acusación penal no constituye una demostración de responsabilidad del Gobierno de Ucrania, y corresponderá al tribunal determinar si existen pruebas suficientes para establecer la participación del acusado y las circunstancias en que se desarrolló la operación.
Consecuencias para las relaciones entre Berlín y Kiev
El juicio se desarrolla en un contexto de estrecha cooperación política, económica y militar entre Alemania y Ucrania.
Desde el comienzo de la invasión rusa, Berlín se ha convertido en uno de los principales proveedores europeos de asistencia militar y financiera a Kiev, además de desempeñar un papel central en las sanciones económicas contra Moscú.
Una eventual sentencia que acreditara la participación de organismos estatales ucranianos en el sabotaje podría generar nuevas tensiones diplomáticas, especialmente por tratarse de una infraestructura vinculada directamente con la seguridad energética alemana.
El proceso también podría establecer precedentes jurídicos respecto de la calificación de ataques contra instalaciones energéticas como crímenes de guerra, dependiendo de las circunstancias, los objetivos militares y las normas del derecho internacional humanitario aplicables.
Por ahora, el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal individual de Kusnetzov, quien conserva la presunción de inocencia durante todo el procedimiento.
Más de cuatro años después de las explosiones, el caso Nord Stream continúa siendo uno de los asuntos judiciales y geopolíticos más delicados derivados de la guerra en Ucrania, tanto por sus consecuencias económicas como por las interrogantes que persisten sobre quién ordenó destruir una de las principales conexiones energéticas entre Rusia y Europa.
La defensa sostiene que los gasoductos eran un objetivo militar
Durante la apertura del juicio, los abogados de Kusnetzov solicitaron desestimar la acusación y argumentaron que los gasoductos constituían un objetivo militar legítimo por su importancia estratégica para Rusia.
La defensa sostiene que la infraestructura energética podía contribuir a financiar las operaciones militares rusas y cuestiona que su destrucción pueda calificarse automáticamente como crimen de guerra.
El acusado, que niega su participación en el sabotaje, se acogió a su derecho a guardar silencio y alegó obligaciones relacionadas con la protección de secretos de Estado ucranianos.
El juicio contempla nuevas audiencias durante los próximos meses y podría prolongarse hasta 2027.
De esta manera, el proceso judicial de Hamburgo podría aportar respuestas sobre el sabotaje de Nord Stream y, al mismo tiempo, abrir un complejo debate sobre los límites de las operaciones militares contra infraestructuras energéticas en tiempos de guerra.
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