Carlos Frings, representante de Power Graphics, presentó una querella criminal contra el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y contra quienes resulten responsables por un eventual delito de desacato y prevaricación, luego del retiro de una estructura publicitaria que se encontraba protegida por una medida cautelar.
La acción judicial busca desvirtuar la versión difundida por el municipio, que ha calificado como ilegales más de 40 soportes publicitarios instalados en la comuna y ha sostenido que estos habrían funcionado sin permisos de edificación, autorización del plan regulador ni pago de los derechos correspondientes.
Según la querella, Power Graphics desarrolló durante casi tres décadas actividades de publicidad exterior en Ñuñoa mediante autorizaciones expresas de la propia municipalidad, materializadas en decretos alcaldicio, permisos de ocupación y contratos de arrendamiento.
La presentación judicial sostiene que la empresa instaló y explotó 20 carteles y siete pantallas digitales, asumió sus costos de construcción y mantenimiento y pagó oportunamente los derechos municipales.
También afirma que la legalidad del régimen utilizado habría sido ratificada por la Contraloría General de la República mediante un informe remitido a la Municipalidad de Ñuñoa en agosto de 2009.
El abogado Héctor Salazar, quien tiene un podcast en El Periodista TV y es abogado desde hace 20 años de Power Graphics, sostuvo a esta redacción que la empresa publicitaria se ha querellado en contra del Alcalde de Ñuñoa porque «la autoridad ha procedido a a retirar letreros de publicidad en vía publica de la citada empresa, contraviniendo una expresa orden de un tribunal de la República que le prohibía hacerlo». Según Salazar, con ello Sichel «ha incurrido en el delito de desacato del cual deberá responder en sede penal».
«Resulta de la máxima gravedad que una autoridad pública no respete una orden judicial que le fue debidamente notificada en su oportunidad, lo que importa un grave atentado al imperio de los tribunales de justicia y una serie afectación al Estado de Derecho, lo que representa un serie peligro a la seguridad de la sociedad. Ninguna autoridad, puede situarse por sobre las leyes y lo que resuelvan los Tribunales, y resulta lamentable que el señor Alcalde de Ñuñoa haya mutado en dictador de su comuna», sostuvo.
Disputa por la propiedad de las estructuras
El conflicto se profundizó después de que la administración de Sichel revocara los permisos que habían permitido explotar los espacios y posteriormente ordenara demoler las estructuras.
En abril de 2026, el Concejo Municipal aprobó además un llamado a licitación para entregar a un nuevo concesionario la explotación de los mismos puntos donde estaban instalados los soportes de Power Graphics.
Ante esa situación, la empresa recurrió al 20° Juzgado Civil de Santiago para solicitar protección judicial mientras se resolvía el fondo del conflicto, particularmente la propiedad de los carteles y pantallas.
El 6 de mayo, el tribunal decretó una prohibición de celebrar actos o contratos respecto de 20 carteles publicitarios y siete pantallas digitales individualizadas en la causa.
La medida fue notificada personalmente a la Municipalidad de Ñuñoa, representada por Sichel, el 27 de mayo. De acuerdo con la querella, el municipio no presentó recursos ni formuló oposición contra esa resolución.
Tribunal ordenó “estricto cumplimiento”
La presentación sostiene que, dos días después de recibir la notificación, el municipio inició un proceso de compra para contratar el retiro de elementos publicitarios.
Las bases de esa contratación habrían incluido cuatro pantallas protegidas por la medida judicial, lo que llevó a Power Graphics a denunciar el hecho ante el tribunal.
Tras un recurso de reposición, el 12 de junio el juzgado ordenó expresamente a la municipalidad dar “estricto cumplimiento” a la prohibición y abstenerse de realizar actos que pudieran contravenirla, bajo apercibimiento de aplicar medidas de apremio.
La instrucción fue notificada el 15 de junio.
Posteriormente, el 30 de junio, el tribunal declaró admisible una demanda de Power Graphics destinada a establecer el dominio de las estructuras y obtener una eventual indemnización por falta de servicio. En la misma resolución mantuvo vigente la medida cautelar.
Retiro durante la madrugada
Pese a esas resoluciones, durante la madrugada del 2 de julio fue retirado el cartel ubicado en la avenida General José Artigas, frente a un supermercado Unimarc. Para ello el municipio de Ñuñoa realizó una compra express, que coordinó el ex jefe del Injuv, Nicolás Preuss, y pagó 5 millones de pesos a la empresa Comercializadora Jauiricio SPA.
La estructura se encontraba expresamente incluida como el segundo elemento del listado protegido por el tribunal.
La querella incorpora fotografías del soporte antes, durante y después de su retiro y sostiene que la actuación no puede considerarse una gestión preparatoria ni una simple diferencia interpretativa.
Para la defensa de Frings, se trató de la ejecución material de una conducta que había sido prohibida en dos resoluciones sucesivas.
“La Municipalidad ejecutó aquello que los tribunales le habían prohibido hacer”, sostiene la acción judicial, que atribuye la instrucción al alcalde en su condición de máxima autoridad comunal.
Frings rechaza tesis de carteles ilegales
La posición de Power Graphics contradice directamente la afirmación de Sichel de que las estructuras funcionaron durante más de 20 años sin autorización ni pago.
La empresa sostiene que no se trataba de instalaciones clandestinas, sino de bienes levantados bajo un sistema conocido y permitido por distintas administraciones municipales.
Alega además que la municipalidad recibió pagos, otorgó permisos y celebró contratos durante décadas, por lo que la existencia de una controversia sobre la vigencia o legalidad actual de ese modelo no habilitaba a la autoridad para destruir o retirar los soportes antes de que la justicia resolviera.
La querella agrega que el asunto sometido al tribunal civil no es únicamente la posibilidad de utilizar los espacios públicos, sino también quién es el propietario de las estructuras instaladas en ellos.
Desde esa perspectiva, la empresa acusa al municipio de haber resuelto unilateralmente una controversia que estaba entregada al Poder Judicial.
Municipio pidió levantar medida después del retiro
Otro de los antecedentes invocados por la empresa es que, una vez retirado el cartel, la Municipalidad de Ñuñoa solicitó al tribunal dejar sin efecto la medida cautelar.
Según el escrito, el municipio argumentó que ya no existiría riesgo de destrucción o disposición de los bienes.
La querella califica esa actuación como contradictoria, pues sostiene que primero se habría intervenido el bien protegido y después se habría utilizado ese mismo hecho para justificar el levantamiento de la prohibición.
Power Graphics solicitó al tribunal aplicar las medidas de apremio correspondientes, ordenar la restitución de la estructura y remitir los antecedentes al Ministerio Público. Esa petición se encontraba pendiente de resolución al momento de presentarse la acción penal.
Acusan conocimiento directo del alcalde
La querella descarta que el retiro pudiera explicarse por desconocimiento o error administrativo.
La municipalidad había sido notificada personalmente de la medida original y posteriormente recibió la orden que le exigía cumplirla de manera estricta.
El escrito afirma además que Sichel habría reconocido públicamente su responsabilidad durante una sesión del Concejo Municipal del 8 de julio, oportunidad en la que defendió la decisión y anunció que continuarían los retiros.
Para Power Graphics, esa declaración demostraría que no se trató de una actuación aislada de funcionarios subalternos, sino de una determinación adoptada por la máxima autoridad municipal.
Querella pide investigar responsabilidades
La acción fue interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y solicita que el Ministerio Público investigue la posible comisión del delito de desacato.
Entre las diligencias requeridas se encuentran citar a declarar a Sichel, solicitar el expediente completo de la causa civil y ordenar a la municipalidad que identifique a quienes ejecutaron el retiro, la maquinaria empleada, la autoridad que impartió la instrucción y el lugar donde permanece la estructura.
También se pide establecer las responsabilidades de eventuales autores, cómplices o encubridores.
Corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar si existió desacato y resolver, en la causa civil, la legalidad del régimen publicitario y la propiedad de los bienes.
El argumento central de Frings es que la Municipalidad de Ñuñoa podía cuestionar los permisos y acudir a los tribunales, pero no intervenir los soportes mientras existía una orden judicial vigente que exigía abstenerse de hacerlo.
La entrada Acusan a alcalde Sichel de desacato y prevaricación: Justicia admite a trámite querella contra edil de Ñuñoa se publicó primero en El Periodista.
