Hasan, responsable de uno de los ataques más mortíferos registrados en una instalación militar estadounidense, fue condenado por asesinar a 13 personas y herir a más de 30 durante un tiroteo ocurrido el 5 de noviembre de 2009.
Según el anuncio presidencial, su ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre mediante un pelotón de fusilamiento, aunque la decisión de no televisarla responde a consideraciones relacionadas con la sensibilidad del público.
Trump sostuvo que mostrar públicamente la muerte del condenado habría enviado una señal contundente sobre la respuesta de Estados Unidos frente a los responsables de atentados terroristas.
El mandatario afirmó que la retransmisión habría sido un «poderoso disuasorio», porque permitiría que el mundo observara cómo Estados Unidos castiga a quienes considera responsables de actos terroristas.
Sin embargo, reconoció que existen personas que, aun rechazando los crímenes cometidos por Hasan, prefieren no presenciar una ejecución a través de internet o de otros medios audiovisuales.
«Hay mucha gente muy buena y con muy buena voluntad que preferiría no verle morir», manifestó el presidente.
Familiares de las víctimas podrán asistir
Aunque la ejecución no será difundida públicamente, Trump aseguró que los familiares de las víctimas tendrán la posibilidad de presenciarla personalmente, en la medida en que lo permitan las disposiciones legales correspondientes.
El mandatario defendió esta decisión argumentando que quienes perdieron a sus seres queridos durante el ataque merecen presenciar el cumplimiento de la sentencia.
La medida vuelve a situar en el debate estadounidense el uso de la pena de muerte, especialmente en casos vinculados con terrorismo y asesinatos múltiples.
También plantea interrogantes sobre los límites de la exposición pública de las ejecuciones y sobre el papel que estas pueden desempeñar como instrumento de disuasión penal.
La masacre que conmocionó al Ejército estadounidense
El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces mayor del Ejército y psiquiatra militar, abrió fuego contra soldados y personal presente en el centro de preparación para despliegues de Fort Hood, una de las principales instalaciones militares de Estados Unidos.
El ataque dejó 13 muertos y más de 30 heridos, provocando una profunda conmoción nacional y cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad y detección de amenazas dentro de las Fuerzas Armadas.
Durante el proceso judicial se examinaron las posiciones extremistas del atacante y sus contactos con el predicador radical Anwar al Awlaki, vinculado a Al Qaeda en la península arábiga.
El caso adquirió especial relevancia en el contexto de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, particularmente por las tensiones relacionadas con las guerras de Irak y Afganistán.
En agosto de 2013, un tribunal militar declaró culpable a Hasan de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato, imponiéndole posteriormente la pena capital.
El condenado, que resultó herido durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, quedó paralizado de la cintura hacia abajo.
Pena de muerte y política de seguridad
La decisión anunciada por Trump se inscribe en su postura favorable a endurecer las sanciones contra responsables de actos terroristas y delitos violentos.
Durante sus administraciones, el mandatario ha defendido la aplicación de la pena capital como parte de una estrategia de seguridad y combate a la criminalidad.
La controversia sobre la ejecución de Hasan se suma al debate que mantienen Estados Unidos y distintas organizaciones de derechos humanos respecto de la eficacia disuasoria de la pena de muerte, las garantías procesales y los métodos utilizados para ejecutar las condenas.
El caso también vuelve a poner en discusión el tratamiento de los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la competencia de la justicia militar en procedimientos que pueden concluir con una sentencia de muerte.
De concretarse la ejecución anunciada para diciembre, el caso Fort Hood alcanzaría su desenlace penal más de 17 años después de la masacre que conmocionó a Estados Unidos.
Una ejecución militar sin precedentes en más de seis décadas
La ejecución de Hasan, cuya sentencia fue autorizada por Trump el 2 de octubre de 2026, representaría la primera aplicación de la pena capital por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado inicialmente que el fusilamiento sería transmitido en directo. La propuesta provocó críticas de dirigentes republicanos y demócratas, representantes religiosos y defensores de los derechos humanos, quienes cuestionaron la conveniencia de convertir una ejecución en un espectáculo público.
La controversia aumentó después de que Trump respaldara inicialmente la posibilidad de retransmitir el procedimiento, antes de modificar su posición este jueves.
El Ejército estadounidense fijó la ejecución para el 3 de diciembre, a las 13:00 horas de Texas, en Fort Hood. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que nuevas acciones judiciales retrasen su cumplimiento.
La decisión presidencial pone fin, por ahora, a la polémica sobre la transmisión televisiva, pero mantiene abierto el debate sobre la pena de muerte y sus límites en una democracia.
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