El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves que 1.296 presuntos integrantes del Tren de Aragua han sido detenidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en el marco de una ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales y la inmigración irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó que las operaciones forman parte de una estrategia destinada a desarticular las redes de delincuencia organizada que operan en territorio estadounidense, particularmente aquellas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, los robos y otros delitos violentos.
Según los antecedentes difundidos por las autoridades, las detenciones se realizaron entre el 20 de enero de 2025 y el 8 de octubre de 2026, período que comprende los primeros 21 meses del segundo mandato de Trump.
De los casi 1.300 detenidos, aproximadamente 350 personas han sido acusadas de delitos federales, aunque las autoridades no precisaron cuántas cuentan con condenas judiciales ni cuántas permanecen privadas de libertad.
El DHS aseguró que continuará las operaciones para identificar, detener y expulsar del país a extranjeros vinculados con organizaciones criminales.
«No hay refugio para estos terroristas», afirmó el organismo, que presentó los resultados como parte de los esfuerzos de la administración estadounidense para reforzar la seguridad interior.
El Tren de Aragua, declarado organización terrorista
En febrero de 2025, Washington incorporó al Tren de Aragua a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, junto con otras estructuras criminales latinoamericanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Mara Salvatrucha (MS-13).
La decisión amplió las herramientas legales disponibles para perseguir a estas organizaciones, particularmente en materia de financiamiento, colaboración con estructuras consideradas terroristas y aplicación de sanciones.
El Tren de Aragua surgió en Venezuela, asociado inicialmente al sistema penitenciario del país, y posteriormente extendió sus actividades a distintas naciones de América Latina.
Su expansión ha estado vinculada a delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de activos.
Sin embargo, la pertenencia a la organización debe establecerse individualmente y mediante los procedimientos correspondientes. Las detenciones anunciadas por Washington no equivalen, por sí solas, a condenas por participación en actividades terroristas.
Chile también enfrenta la expansión de la organización
La presencia del Tren de Aragua constituye uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado en Chile, donde distintas investigaciones han identificado células dedicadas a delitos violentos, secuestros, extorsiones y operaciones financieras ilícitas.
Entre las investigaciones recientes destaca la denominada Operación Tokio, que permitió identificar una estructura vinculada a la organización criminal y derivó en la formalización de 17 imputados, de los cuales 14 quedaron en prisión preventiva.
La investigación también abordó una presunta red de lavado de activos relacionada con movimientos financieros superiores a los 75.000 millones de pesos chilenos, además de transferencias internacionales que superarían los US$84 millones.
Estos antecedentes reflejan la dimensión transnacional de las operaciones atribuidas a la organización, cuya actividad no se limita a delitos violentos, sino que incluye mecanismos para movilizar y ocultar recursos obtenidos ilícitamente.
Las investigaciones desarrolladas en Chile también han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la cooperación entre organismos policiales, fiscalías y unidades de inteligencia financiera de distintos países.
Ofensiva contra las redes criminales transnacionales
La estrategia estadounidense se enmarca en una política de seguridad que combina persecución penal, controles migratorios y medidas administrativas contra organizaciones consideradas amenazas para la seguridad nacional.
La designación del Tren de Aragua como organización terrorista permite a Washington aplicar instrumentos adicionales para investigar sus redes de financiamiento y perseguir a quienes proporcionen apoyo material a la estructura criminal.
No obstante, las medidas adoptadas también han generado un debate sobre las garantías judiciales de los detenidos, los criterios utilizados para establecer su pertenencia a estas organizaciones y el respeto del debido proceso en los procedimientos migratorios.
El balance presentado por el Departamento de Seguridad Nacional confirma que la persecución del Tren de Aragua se ha convertido en uno de los componentes de la agenda de seguridad de la administración Trump.
El desafío para las autoridades estadounidenses será determinar cuántas de las detenciones se traducen en condenas judiciales y en el desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales que operan dentro y fuera de sus fronteras.
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