La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este jueves 15 de octubre una megaprisión de alta seguridad inspirada en el modelo penitenciario implementado por Nayib Bukele en El Salvador, como parte de una estrategia destinada a reforzar el combate contra el crimen organizado y las estructuras del narcotráfico.
El establecimiento, denominado Centro de Alta Seguridad Contra el Crimen Organizado (CACCO), tiene capacidad proyectada para 5.100 internos y comenzará a funcionar oficialmente a finales de octubre.
La nueva cárcel estará integrada al complejo penitenciario La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela, aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de San José.
La mandataria costarricense calificó la iniciativa como un avance decisivo para enfrentar la delincuencia y aseguró que representará «un antes y un después en términos de seguridad penitenciaria y seguridad nacional».
Un régimen penitenciario de máxima seguridad
El nuevo recinto contempla estrictas condiciones de reclusión, siguiendo algunas de las características del sistema aplicado en las cárceles de máxima seguridad salvadoreñas.
Los internos deberán utilizar uniformes naranjas, dispondrán de apenas una hora diaria para permanecer al aire libre y estarán sujetos a un régimen de visitas altamente restringido.
Las autoridades costarricenses consideran que estas medidas permitirán limitar las comunicaciones de los líderes criminales con sus organizaciones y reducir la posibilidad de que continúen coordinando actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.
Fernández ha expresado reiteradamente su admiración por las políticas de seguridad de Bukele, especialmente por la ofensiva contra las pandillas que transformó el sistema penitenciario de El Salvador.
Como parte del acercamiento entre ambos gobiernos, la presidenta tiene previsto viajar este viernes a territorio salvadoreño para conocer directamente el funcionamiento de una de sus megaprisiones.
El modelo Bukele y sus controversias
La iniciativa costarricense tiene como principal referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en El Salvador en febrero de 2023 y concebido para albergar hasta 40.000 reclusos.
La construcción de ese establecimiento se convirtió en uno de los símbolos de la política de seguridad de Bukele, quien impulsó un régimen de excepción para enfrentar a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Desde marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han desarrollado una campaña de detenciones masivas que ha contribuido a reducir significativamente los homicidios registrados oficialmente en el país.
Sin embargo, la estrategia también ha provocado cuestionamientos internacionales por las denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso, condiciones de reclusión y presuntos abusos contra personas privadas de libertad.
El modelo salvadoreño ha generado un intenso debate en América Latina sobre la relación entre seguridad pública, eficacia policial y garantías constitucionales.
Costa Rica endurece su política contra el crimen organizado
La construcción del CACCO se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia vinculada al narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales en Costa Rica.
Durante décadas, el país centroamericano fue considerado uno de los territorios más seguros de la región. Sin embargo, el aumento de los homicidios y la expansión de redes de tráfico internacional de drogas han colocado la seguridad entre las principales prioridades gubernamentales.
En 2023, Costa Rica registró 907 homicidios, una de las cifras más elevadas de su historia, con una tasa aproximada de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
La nueva política penitenciaria busca reforzar el aislamiento de los delincuentes considerados de mayor peligrosidad y evitar que las cárceles continúen funcionando como centros de operaciones de organizaciones criminales.
No obstante, el endurecimiento del régimen carcelario plantea interrogantes sobre sus efectos a largo plazo y sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones de detención compatibles con sus obligaciones constitucionales e internacionales.
Con la inauguración de esta megaprisión, Costa Rica se suma a los países latinoamericanos que observan el modelo de Bukele como una alternativa frente al avance del crimen organizado, aunque su aplicación abre un nuevo debate sobre los límites de las políticas de seguridad y la protección de los derechos fundamentales.
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