La resolución, divulgada este jueves 8 de octubre, fue adoptada a finales de septiembre y despeja uno de los principales obstáculos planteados por la defensa del exmandatario, de 81 años, quien deberá comparecer ante la justicia internacional a partir del próximo 30 de noviembre.
Duterte está acusado de responsabilidad en una campaña de ejecuciones extrajudiciales desarrollada durante su administración, particularmente en 2016, cuando las autoridades filipinas desplegaron una ofensiva contra el tráfico y consumo de drogas que dejó miles de víctimas.
Entre los hechos investigados figura la presunta actuación de grupos conocidos como «escuadrones de la muerte», vinculados a operaciones que habrían provocado el asesinato de más de 1.600 personas.
Expertos descartan incapacidad para enfrentar el proceso
Una comisión de especialistas designada por el tribunal concluyó por unanimidad que Duterte posee las capacidades necesarias para comprender las acusaciones formuladas en su contra y participar adecuadamente en su defensa.
Según la resolución, el expresidente puede entender la naturaleza de los cargos, las consecuencias del procedimiento judicial, las pruebas presentadas y las implicaciones de una eventual declaración de culpabilidad.
Asimismo, los especialistas establecieron que se encuentra en condiciones de comunicarse con sus abogados y entregar instrucciones para preparar su estrategia judicial.
La decisión representa un revés para la defensa, que durante meses había argumentado que la avanzada edad y los problemas de salud del exmandatario impedían someterlo a un juicio.
El tribunal sostuvo que ha adoptado las medidas necesarias para facilitar su participación en las distintas etapas del procedimiento.
No obstante, ordenó mantener una vigilancia permanente de su estado de salud y comunicar inmediatamente cualquier modificación que pudiera afectar su capacidad para intervenir en las audiencias.
Una campaña antidrogas marcada por miles de muertes
Rodrigo Duterte gobernó Filipinas entre 2016 y 2022, período durante el cual convirtió la lucha contra el narcotráfico en uno de los principales ejes de su administración.
Su política de seguridad, caracterizada por operaciones policiales de gran escala y un discurso favorable al uso de la fuerza contra los sospechosos de participar en actividades vinculadas a las drogas, provocó una fuerte controversia internacional.
Las autoridades filipinas reconocieron miles de fallecimientos durante las operaciones antidrogas, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron que el número real de víctimas podría ser considerablemente superior.
Las investigaciones también apuntaron a la existencia de ejecuciones extrajudiciales, procedimientos sin garantías judiciales y presuntas acciones coordinadas para eliminar a personas identificadas como traficantes o consumidores.
Antes de llegar a la Presidencia, Duterte había ejercido durante más de dos décadas como alcalde de Davao, ciudad donde también fue cuestionado por denuncias relacionadas con grupos armados responsables de asesinatos extrajudiciales.
La investigación internacional considera tanto antecedentes de su gestión municipal como hechos ocurridos durante los primeros años de su mandato presidencial.
La jurisdicción internacional y la retirada de Filipinas
El proceso judicial tiene como antecedente la decisión del Gobierno de Duterte de retirar a Filipinas del Estatuto de Roma, tratado que establece la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
La retirada se hizo efectiva en marzo de 2019, después de que comenzaran las investigaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante la campaña antidrogas.
Sin embargo, el tribunal mantiene su competencia sobre los posibles crímenes perpetrados mientras Filipinas formaba parte del tratado internacional.
Este principio ha sido determinante para la continuidad del procedimiento contra el exmandatario, cuya defensa ha cuestionado la legitimidad de la intervención judicial internacional.
El caso también ha reabierto el debate sobre la responsabilidad penal individual de los jefes de Estado frente a crímenes cometidos por organismos de seguridad durante sus administraciones.
Un proceso con repercusiones internacionales
El juicio contra Duterte se desarrolla en un contexto de creciente atención internacional sobre las investigaciones por crímenes contra la humanidad y la capacidad de los tribunales internacionales para procesar a antiguos gobernantes.
El Tribunal Penal Internacional también mantiene procedimientos relacionados con presuntos crímenes cometidos en conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente, aunque cada investigación responde a circunstancias jurídicas y antecedentes diferentes.
En el caso filipino, uno de los aspectos centrales será determinar si existió una política organizada de ataques contra la población civil y establecer el grado de responsabilidad del expresidente en su planificación, autorización o ejecución.
La confirmación de que Duterte está capacitado para ser juzgado permite avanzar hacia las audiencias previstas para el 30 de noviembre, aunque no constituye una declaración de culpabilidad.
El exmandatario conserva la presunción de inocencia y tendrá derecho a controvertir las pruebas y presentar sus argumentos ante los jueces.
La resolución sobre su capacidad procesal representa, por ahora, un paso decisivo para la continuidad de uno de los procedimientos judiciales internacionales más relevantes relacionados con la política antidrogas en Filipinas.
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