La Asamblea de Estados Parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) aprobó este viernes la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan, luego de una investigación por denuncias de conducta sexual inapropiada.
El órgano rector de la corte adoptó la decisión mediante una votación secreta, en la que 82 Estados Parte respaldaron la remoción del jurista británico.
Según informó la Asamblea, se determinó que Khan incurrió en una falta grave y en un incumplimiento significativo de las obligaciones asociadas a su cargo, por lo que fue destituido en virtud del artículo 46 del Estatuto de Roma.
Khan ha rechazado las acusaciones y su defensa anunció que impugnará la legalidad y la imparcialidad de la resolución.
Tayab Ali, uno de sus abogados, sostuvo que el procedimiento careció de fundamento jurídico y cuestionó que la votación se realizara a puerta cerrada durante una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
“El fiscal de esta corte ha sido destituido mediante una votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y sometido a una inmensa presión política”, afirmó el abogado.
Ali denunció además que a Khan se le impidió presentar observaciones formales ante la Asamblea antes de la votación y que sus representantes legales tampoco pudieron asistir ni dirigirse a los Estados Parte.
“Los Estados que decidieron su destino lo hicieron sin escucharlo a él ni a ninguna persona que actuara en su nombre”, señaló.
La defensa agregó que el procedimiento fue modificado durante la tramitación del caso y que las conclusiones de la investigación incluyeron materias que, según afirmó, nunca fueron planteadas previamente al fiscal ni sometidas a su respuesta.
Khan se había apartado temporalmente de sus funciones en mayo de 2025, mientras se investigaban las denuncias formuladas por una empleada del TPI en la sede del organismo en La Haya.
El jurista sostuvo en ese momento que tanto él como el tribunal eran objeto de ataques y amenazas vinculados con sus actuaciones judiciales, entre ellas las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant; y altos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás.
En febrero de 2025, Estados Unidos impuso sanciones contra Khan en represalia por las medidas adoptadas contra autoridades israelíes. Las restricciones incluyeron el bloqueo de bienes y activos, además de limitaciones de ingreso al país para funcionarios del TPI y sus familiares directos.
Tras conocerse la destitución, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que el caso había evidenciado, a su juicio, la “quiebra moral” de un fiscal que presentó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Saar calificó esas decisiones como politizadas y reclamó que sean revocadas, argumentando que Israel no forma parte del Tribunal Penal Internacional y cuenta con un sistema judicial independiente.
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