
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra ENAP Refinerías S.A., titular de la refinería Aconcagua, ubicada en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, por presuntos incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví y a la normativa sobre emisión de ruidos.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, dos de las infracciones fueron clasificadas preliminarmente como gravísimas debido a la presunta alteración, ocultación e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos, situaciones que habrían impedido ejercer oportunamente las facultades de fiscalización y sanción de la autoridad.
El primer cargo se relaciona con el incumplimiento de la eficiencia mínima anual de 98% exigida para el Sistema de Recuperación de Azufre (SRA) entre 2023 y 2025. Según el análisis técnico de la SMA, los datos reportados por la empresa no reflejaban el desempeño real del sistema.
Tras recalcular las cifras, el organismo determinó eficiencias de 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025. La superintendencia sostiene que la información presentada habría sido manipulada internamente para aparentar el cumplimiento de los estándares exigidos.
El segundo cargo gravísimo apunta a la superación de los límites de emisión de dióxido de azufre (SO₂), establecidos en 1.145 toneladas anuales. La SMA detectó que ENAP habría omitido en sus reportes oficiales las emisiones asociadas al flaring, proceso de quemado de gases en antorchas que constituye una de las principales fuentes de emisión de la refinería.
Con la reestimación de estos antecedentes, la autoridad calculó emisiones de 1.277 toneladas de SO₂ durante 2023 y de 1.168 toneladas en 2024, ambas por sobre el máximo permitido.
El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, enfatizó señaló que ENAP podrá presentar un programa de cumplimiento o formular sus descargos, los que serán evaluados por la SMA. Asimismo, indicó que el organismo está cruzando información reportada por las empresas en distintos sistemas para detectar eventuales casos de entrega de antecedentes falsos.
Ruidos molestos y monitoreo de emisiones
El procedimiento también contempla dos cargos leves. El primero corresponde a la falta de validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) para material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y flujo de gases en la unidad de Cracking Catalítico, pese a que habían transcurrido tres años desde el reinicio de sus operaciones con el sistema Wet Gas Scrubber.
Según la SMA, esta omisión afecta la entrega de información en línea a la ciudadanía, contemplada en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.
El segundo cargo se relaciona con la superación de los límites de ruido nocturno. Mediciones realizadas en noviembre y diciembre de 2025 en receptores sensibles de Zona II registraron niveles de hasta 57 decibeles ponderados A [dB(A)], por sobre el límite de 45 dB(A) establecido en la normativa.
Este último incumplimiento se vincula con un historial de 16 denuncias ciudadanas por ruidos, vibraciones e inestabilidad operacional en el sistema de antorchas de la refinería.
ENAP arriesga multas de hasta 22.000 UTA
Según la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), las infracciones gravísimas pueden ser sancionadas con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, la clausura o multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada cargo.
En tanto, las infracciones leves pueden recibir una amonestación por escrito o multas de hasta 1.000 UTA. En caso de aplicarse los máximos legales para las cuatro infracciones, ENAP arriesgaría un monto teórico acumulado de hasta 22.000 UTA, equivalente a cerca de US$19 millones.
La empresa dispone de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la SMA, de acuerdo con los plazos informados por el organismo.
Finalmente, la superintendencia anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, ante la posible existencia de delitos u otros incumplimientos relacionados con los hechos investigados.
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