
El senador PS Fidel Espinoza reafirmó su respaldo a considerar medidas humanitarias para condenados con enfermedades terminales, incluso por violaciones a los derechos humanos, y aseguró que mantendrá esa posición aunque eventualmente pudiera beneficiar al responsable del asesinato de su padre.
En una publicación en su cuenta de X, el parlamentario señaló que ha recibido cuestionamientos desde el Partido Socialista y el Frente Amplio, a través de su presidenta.
“¿Pudiesen mis dichos beneficiar al propio asesino de mi padre? Sí. Pero ni por ello cambiaría de opinión”, escribió.
Espinoza recordó la violencia ejercida contra su padre, el exdiputado socialista Luis Espinoza Villalobos, asesinado durante la dictadura. Según relató, tenía 33 años cuando fue torturado y recibió 14 impactos de bala.
“No obstante, no tengo odio ni rencor”, sostuvo el senador, quien atribuyó esa convicción a la crianza de su madre.
“A pesar de que le arrebataron el amor de su vida, siempre nos crió en el amor y en la búsqueda de justicia”, afirmó.
Un debate que divide a la oposición
La publicación se enmarca en la discusión sobre la posibilidad de que personas privadas de libertad en estado terminal puedan pasar sus últimos días fuera de la cárcel.
En una columna difundida el 14 de octubre, Espinoza había defendido esa alternativa, condicionándola a informes médicos independientes, rigurosos y verificables, para impedir que razones humanitarias se utilicen como un privilegio encubierto.
El planteamiento abrió diferencias en la oposición. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, marcó distancia y sostuvo que no debe existir espacio para la impunidad, mientras desde el Frente Amplio también se cuestionaron propuestas que pudieran beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad.
En su nuevo mensaje, Espinoza insistió en que su experiencia familiar no lo lleva a rechazar esas medidas. Al referirse a quienes discrepan, escribió: “Lo respeto, pero no lo comparto”.
El asesinato de Luis Espinoza fue objeto de un proceso judicial en el que la Corte Suprema confirmó en 2022 condenas contra dos oficiales de Carabineros en retiro por su responsabilidad en ese crimen y en el homicidio del dirigente campesino Abraham Oliva.
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