El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias digitales del país, cuyo colapso dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros.
La dimisión se produjo cuando el Congreso paraguayo avanzaba en un procedimiento de juicio político contra el mandatario, acusado por legisladores de presuntos conflictos de intereses, utilización indebida de fondos públicos y encubrimiento de irregularidades relacionadas con la entidad financiera.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Peña explicó que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional y evitar una mayor confrontación política.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia como presidente de la República», afirmó el mandatario, quien aseguró que actuaba pensando en la estabilidad del país, la paz social y la protección de las instituciones democráticas.
También pidió disculpas a la ciudadanía por los acontecimientos que precipitaron su salida, aunque sin reconocer responsabilidad directa en las irregularidades bancarias investigadas.
Un colapso bancario que desató la crisis
El detonante de la renuncia fue la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, después de detectarse graves problemas de solvencia, operaciones crediticias cuestionadas y deficiencias en sus registros financieros.
La entidad, que experimentó una rápida expansión durante los últimos años, aseguraba contar con aproximadamente tres millones de clientes, una cifra equivalente a una proporción considerable de la población paraguaya.
Su paralización dejó a numerosos usuarios sin acceso a cuentas bancarias, transferencias y tarjetas, provocando largas filas frente a las sucursales y manifestaciones en Asunción.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la presencia de importantes recursos estatales en el banco.
Los antecedentes conocidos indican que Ueno Bank administraba cerca de US$800 millones a US$850 millones en depósitos públicos, incluidos aproximadamente US$380 millones vinculados al sistema estatal de previsión social y salud.
Las investigaciones detectaron operaciones crediticias con empresas relacionadas con los propietarios del banco. Entre ellas figuran préstamos por aproximadamente US$39 millones concedidos durante una sola jornada de septiembre de 2025.
Tras corregir irregularidades contables, las autoridades determinaron que el capital de la institución había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
El sistema de garantía de depósitos contempla una cobertura aproximada de US$38.000 por persona, que permitiría proteger a cerca del 97% de los depositantes, aunque persisten dudas sobre la recuperación de montos superiores.
La situación política del mandatario se volvió insostenible cuando sectores del gobernante Partido Colorado decidieron respaldar el procedimiento de destitución.
El expresidente Horacio Cartes, una de las figuras más influyentes del oficialismo paraguayo, retiró su apoyo a Peña, debilitando decisivamente su posición.
La oposición había presentado una acusación impulsada por 35 diputados, quienes cuestionaban la relación del presidente con los grupos empresariales vinculados a Ueno Bank.
Peña había mantenido una participación accionaria en el conglomerado propietario de la entidad hasta marzo de 2025, circunstancia que intensificó las sospechas sobre eventuales conflictos de intereses durante su administración.
El juicio político requería el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados para avanzar al Senado, donde también se necesitaba una mayoría calificada para concretar la destitución.
La pérdida del apoyo de su propio partido terminó por precipitar la salida presidencial.
La crisis financiera también desencadenó una investigación penal de gran alcance.
Hasta este jueves, ocho altos ejecutivos de Ueno Bank habían sido detenidos, mientras que otras 27 personas, entre funcionarios bancarios y empresarios vinculados a sus operaciones, enfrentaban imputaciones relacionadas con presuntos delitos financieros.
Entre los detenidos figuran directivos de la entidad, cuyas operaciones comenzaron a ser examinadas después de que las autoridades detectaran préstamos irregulares y posibles maniobras fraudulentas.
Paralelamente, cientos de ciudadanos participaron en manifestaciones en Asunción para exigir la devolución de sus ahorros y responsabilidades políticas por el colapso.
Las protestas incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras trabajadores del banco reclamaban el pago de remuneraciones y compensaciones laborales.
La crisis también provocó la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central paraguayo, en medio de cuestionamientos sobre la supervisión de Ueno Bank.
La renuncia de Peña abre una nueva etapa de incertidumbre institucional en Paraguay.
De acuerdo con el mecanismo constitucional de sucesión, corresponde al vicepresidente Pedro Alliana asumir la Presidencia, una vez cumplidos los procedimientos institucionales correspondientes.
Alliana, también integrante del Partido Colorado, deberá enfrentar una compleja situación marcada por la desconfianza ciudadana, las investigaciones sobre el sistema financiero y las exigencias de recuperar los recursos de los ahorradores afectados.
La salida de Peña constituye uno de los episodios políticos más graves de Paraguay en los últimos años y representa un duro golpe para el oficialismo, que gobierna el país desde hace décadas, con una interrupción entre 2008 y 2013.
El antecedente político más significativo se remonta a 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido mediante un controvertido juicio político que generó fuertes tensiones regionales.
A diferencia de aquel episodio, la crisis actual tiene como principal detonante el colapso de una institución financiera con amplias conexiones económicas y políticas.
El desafío inmediato del próximo gobierno será recuperar la confianza en el sistema bancario, garantizar la protección de los depósitos y esclarecer las eventuales responsabilidades de autoridades y empresarios.
La evolución de las investigaciones será determinante para establecer si el escándalo se limita a irregularidades financieras o deriva en una crisis institucional de mayor alcance.
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