Una manifestación contra un proyecto de ley sobre propiedad privada terminó este jueves con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales frente al Congreso de Argentina, en Buenos Aires.
La movilización reunió a organizaciones sociales, agrupaciones políticas, estudiantes, jubilados y ciudadanos autoconvocados que rechazaron la propuesta impulsada por el Gobierno de Javier Milei y debatida en el Senado.
La iniciativa contempla desalojos rápidos en casos de mora en el pago de arriendos, limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado y modifica las restricciones para comercializar terrenos afectados por incendios.
Pese a la lluvia, los manifestantes permanecieron durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo al proyecto.
Silvia, una jubilada de 65 años que continúa trabajando para pagar su arriendo, afirmó que la iniciativa amenaza a quienes no pueden cumplir oportunamente con sus obligaciones económicas.
“Es importante que la gente venga, se comprometa y defienda nuestras tierras, nuestros suelos, la Ley de Alquileres y la Ley de Manejo del Fuego, porque habrá más incendios y comprarán los terrenos a precios muy bajos”, sostuvo.
La mujer cuestionó especialmente el capítulo que permite desalojos inmediatos por incumplimientos en el pago y aseguró que las modificaciones favorecen a los sectores con mayores recursos.
Silvia también señaló que formaba parte de un grupo de 160 personas seleccionadas para adquirir un departamento en el predio Sagol, ubicado en el municipio de Avellaneda, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Según relató, el actual Gobierno modificó el destino de esas viviendas y las entregó a integrantes de las fuerzas de seguridad.
Intervención policial
La protesta transcurría de manera pacífica hasta que efectivos de la Policía Federal avanzaron para dispersar a los asistentes.
La intervención generó enfrentamientos y obligó a los agentes a utilizar un carro lanzaagua, gases lacrimógenos y balines de goma. Algunos manifestantes respondieron arrojando piedras contra los uniformados.
Tras los incidentes, la plaza situada frente al Congreso quedó prácticamente vacía.
Antes de la intervención policial, dos estudiantes de 23 años habían señalado que permanecerían en el lugar hasta que concluyera la votación en el Senado.
“No tenemos una bandera político-partidaria. Somos autoconvocadas, pero creemos que es importante estar presentes, presionar y hacerle entender al Congreso que el contenido de la ley es perjudicial”, afirmó Agustina, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y bailarina.
La joven también cuestionó una disposición que originalmente proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Ese capítulo fue retirado por el oficialismo antes del debate legislativo.
“Vender tierras a extranjeros no es la solución”, afirmó Agustina.
Alejo, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, agrupación vinculada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el conjunto de reformas supone una pérdida de derechos.
“El capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros fue retirado, pero creemos que existe la intención de reincorporarlo. También quieren eliminar la protección de los terrenos afectados por incendios”, señaló.
El manifestante acusó al Ejecutivo de entregar las versiones definitivas de sus proyectos pocos minutos antes del inicio de las sesiones legislativas, lo que, a su juicio, dificulta el análisis y genera confusión.
Alejo, quien desarrolla trabajo comunitario con vendedores ambulantes, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, advirtió además sobre el deterioro de las condiciones sociales.
“La gente está cada vez peor. No hay dinero ni trabajo”, afirmó.
Contenido del proyecto
La iniciativa impulsada por el Gobierno argentino propone modificar la Ley de Expropiaciones para restringir el concepto de “utilidad pública”.
También permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre una propiedad solicite su restitución inmediata, siempre que un juez considere verosímil el reclamo.
En el caso de inmuebles ocupados o habitados de manera precaria, el proyecto autoriza a la justicia a ordenar su devolución dentro de un plazo de 72 horas, a solicitud del propietario.
La propuesta también establece un procedimiento acelerado para desalojar a inquilinos que mantengan deudas.
El propietario deberá notificar al arrendatario mediante una comunicación formal. Si transcurren diez días corridos sin que se regularice el pago, podrá solicitar judicialmente el desalojo, que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles siguientes.
Cuando el procedimiento afecte a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el texto contempla un plazo de 20 días para buscar una solución habitacional.
Otro de los puntos controvertidos modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina la prohibición de comercializar durante 30 años terrenos agropecuarios afectados por incendios.
El oficialismo cuenta actualmente con una posición más favorable en el Congreso, después de las elecciones legislativas de octubre y del recambio parlamentario realizado el 10 de diciembre.
La coalición gobernante se consolidó como la principal fuerza de la Cámara de Diputados y como uno de los bloques más numerosos del Senado, junto al Partido Justicialista.
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