Dos organizaciones argentinas solicitaron reactivar la investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, luego de cuestionar la decisión judicial que dispuso su sobreseimiento y el de otras diez personas vinculadas al caso.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) pidieron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo especializado en investigar posibles irregularidades relacionadas con funcionarios públicos.
Las entidades, que participan en el expediente como amicus curiae —figura que permite aportar argumentos técnicos a un tribunal sin ser parte directa del litigio—, consideran que la investigación no ha esclarecido suficientemente el papel desempeñado por el mandatario en la promoción del activo digital.
El cuestionamiento apunta particularmente a la actuación del fiscal Eduardo Taiano y a la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien, según los antecedentes conocidos, dispuso el sobreseimiento del presidente y otros diez investigados.
Entre las personas beneficiadas por la resolución figura Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia argentina.
Las organizaciones sostienen que la decisión fue prematura y que todavía existen aspectos relevantes por investigar, especialmente respecto de la eventual utilización de la investidura presidencial para promover un instrumento financiero privado.
El origen del escándalo
La controversia comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando $LIBRA, un criptoactivo presentado como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos y pequeñas empresas argentinas.
La publicación provocó un fuerte aumento de su cotización, impulsado por inversionistas que interpretaron el respaldo presidencial como una señal de legitimidad del proyecto.
Sin embargo, pocas horas después, el precio se desplomó tras importantes ventas realizadas por grandes tenedores del activo, generando cuantiosas pérdidas para numerosos compradores.
Las estimaciones iniciales situaron los retiros de fondos vinculados a las operaciones más controvertidas en cerca de US$100 millones, aunque esa cifra no equivale necesariamente al total de pérdidas de los inversionistas ni constituye, por sí sola, un monto judicialmente acreditado como fraude.
Tras la caída, Milei eliminó su publicación y aseguró que no conocía en profundidad los detalles del proyecto. También rechazó haber actuado con intención de perjudicar a quienes adquirieron la criptomoneda.
El episodio abrió un debate político y judicial sobre los límites de la responsabilidad de un jefe de Estado cuando utiliza sus redes sociales para difundir iniciativas económicas privadas.
Investigación y repercusiones internacionales
El caso provocó denuncias penales en Argentina y actuaciones judiciales en Estados Unidos, donde inversionistas afectados impulsaron acciones civiles relacionadas con la comercialización del criptoactivo.
Según los antecedentes difundidos sobre el proceso estadounidense, una demanda colectiva que agrupaba a más de 200 presuntos perjudicados fue desestimada el 1 de octubre de 2026.
La existencia de procedimientos en distintas jurisdicciones refleja la dimensión internacional del caso, debido a que las operaciones con criptomonedas pueden involucrar compradores, intermediarios y plataformas ubicados en diferentes países.
En Argentina, la controversia también generó iniciativas de fiscalización parlamentaria y cuestionamientos de sectores opositores sobre las relaciones entre funcionarios gubernamentales y promotores del proyecto.
Buscan esclarecer responsabilidades
La nueva presentación de INECIP y CIPCE pretende que una dependencia especializada examine los antecedentes disponibles y determine si existen diligencias pendientes que justifiquen profundizar la investigación.
La intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas no implicaría automáticamente la reapertura del expediente ni la revocación de los sobreseimientos, decisiones que dependen de los procedimientos y autoridades judiciales competentes.
Para las organizaciones, el aspecto central sigue siendo establecer si la promoción presidencial de $LIBRA fue una actuación ajena a cualquier conducta ilícita o si existen elementos suficientes para continuar investigando eventuales responsabilidades.
El caso permanece como uno de los episodios más controvertidos de la relación entre el Gobierno de Milei, el mercado de criptoactivos y los mecanismos de control sobre el ejercicio de la función pública.
Un fallo dictado en apenas 26 horas
Un antecedente relevante es que el fiscal Taiano presentó su solicitud de sobreseimiento el jueves 22 de octubre y el juez Martínez de Giorgi firmó la resolución el viernes 23, aproximadamente 26 horas después.
El fallo tiene 60 páginas y concluye que los hechos investigados no configuran los delitos denunciados, entre ellos estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Las organizaciones cuestionan que la causa se cerrara sin tomar declaración indagatoria a los acusados y con diligencias todavía pendientes. Entre ellas figuran la reconstrucción de movimientos de fondos y el análisis de comunicaciones relacionadas con los principales involucrados.
Por su parte, el Gobierno argentino celebró el sobreseimiento y sostuvo que la decisión confirma que no existió una conducta delictiva por parte del presidente.
La controversia judicial continúa, sin embargo, porque algunos inversionistas afectados buscan recuperar su condición de querellantes y cuestionar el cierre del expediente.
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