El Gobierno de Perú anunció un nuevo paquete de medidas penitenciarias destinado a enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país, que contempla la construcción de cárceles de alta seguridad y la transformación de cuarteles militares en desuso en centros de reclusión para personas condenadas por delitos menores.
El primer ministro, Luis Galarreta, explicó ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo pretende utilizar estas instalaciones mientras avanzan los proyectos para construir nuevos establecimientos penitenciarios destinados a los delincuentes considerados de mayor peligrosidad.
“Reiteramos nuestro compromiso de construir penales de alta seguridad para los internos de mayor peligrosidad. Mientras estas nuevas instalaciones se hacen realidad, se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores”, sostuvo Galarreta.
La medida pretende aliviar uno de los principales problemas del sistema penitenciario peruano: la sobrepoblación de las cárceles. A comienzos de 2026, los 69 establecimientos penitenciarios del país tenían capacidad para aproximadamente 41.764 personas, pero albergaban a más de 103.700 internos, es decir, cerca de 62.000 reclusos por encima de su capacidad diseñada.
Algunos centros presentan situaciones aún más críticas. El penal de Lurigancho, uno de los mayores del país, ha llegado a albergar a más de 10.000 presos pese a contar con capacidad para poco más de 3.200, mientras otros recintos registran niveles de sobrepoblación superiores al 300%.
Traslado progresivo de internos
El plan anunciado contempla trasladar gradualmente a los presos hacia las nuevas instalaciones, diferenciando los recintos de acuerdo con la peligrosidad de los condenados.
Según Galarreta, la estrategia permitirá disminuir el hacinamiento, mejorar el control interno de las cárceles y recuperar la autoridad estatal dentro de establecimientos donde durante los últimos años se han detectado operaciones criminales organizadas desde el interior.
El Ejecutivo también pretende endurecer las condiciones de encarcelamiento para los presos considerados de alta peligrosidad. Estos internos estarán sometidos a mayores períodos de aislamiento y controles reforzados, además de restricciones adicionales en las comunicaciones.
El Gobierno solicitará, asimismo, la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la vigilancia exterior de determinados establecimientos penitenciarios.
La iniciativa se suma al Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 aprobado en junio, diseñado para enfrentar estructuralmente la sobrepoblación y mejorar la capacidad del Estado para administrar el sistema carcelario.
Durante los últimos meses también se han realizado traslados de internos entre establecimientos con distintos niveles de ocupación. En mayo, por ejemplo, fueron trasladadas 48 mujeres desde el penal de Chorrillos hacia otro recinto con disponibilidad de plazas como parte de la política de redistribución penitenciaria.
Paralelamente se retomaron proyectos de infraestructura paralizados. Entre ellos se encuentra la ampliación del complejo penitenciario de Arequipa, que incorporará 953 nuevas plazas en una región donde la sobrepoblación carcelaria se situaba en torno al 270%.
Extranjeros en situación irregular
El paquete de seguridad anunciado por Galarreta incluye además un reforzamiento de los procedimientos destinados a identificar ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en Perú.
El Gobierno intensificará los operativos para detectar estos casos y ejecutar las correspondientes expulsiones cuando procedan legalmente. Las Fuerzas Armadas también podrían prestar apoyo en estas operaciones.
Las medidas se producen en momentos en que Perú enfrenta un fuerte deterioro de la seguridad ciudadana, particularmente por el incremento de delitos como la extorsión, el sicariato, los secuestros y los robos violentos.
La expansión de organizaciones dedicadas a cobrar extorsiones ha golpeado especialmente a transportistas, comerciantes y pequeñas empresas, convirtiéndose en uno de los principales problemas de seguridad interna.
Ante esta situación, durante los últimos años sucesivos gobiernos han recurrido a estados de emergencia y al despliegue militar como complemento de las operaciones policiales en diferentes zonas del país, incluyendo sectores de Lima.
La utilización de antiguos cuarteles como cárceles abre ahora un nuevo frente dentro de esa estrategia. El objetivo inmediato será liberar espacio en los penales tradicionales para concentrar allí a los presos más peligrosos, mientras los condenados por delitos menores son trasladados a instalaciones adaptadas especialmente para su reclusión.
El desafío será garantizar que estos recintos improvisados cumplan con las condiciones de seguridad, infraestructura y control necesarias, en un sistema penitenciario que actualmente alberga a más del doble de las personas para las cuales fue construido.
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