El Gobierno de Nicaragua avanza en una nueva reforma constitucional que podría modificar de manera sustancial las reglas electorales del país, restringir la participación de sectores opositores y extender a siete años renovables el mandato de la denominada copresidencia que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Murillo anunció que la Asamblea Nacional dará a conocer durante el fin de semana los avances alcanzados en las consultas sobre las reformas electorales, en momentos en que aumenta la preocupación internacional por el futuro del sistema político nicaragüense.
“Nuestra Asamblea Nacional dará a conocer los avances de las consultas de las reformas electorales”, señaló la copresidenta, quien agregó que la presentación se realizará ante centenares de jóvenes.
La propuesta contempla reformar 14 artículos de la Constitución y debería ser sometida a aprobación en primera legislatura a comienzos de septiembre. Entre sus principales disposiciones figura aumentar de seis a siete años el período de la copresidencia y establecer que el mandato pueda ser “renovable”.
Veto constitucional a opositores
Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación a nivel constitucional de impedimentos para participar en elecciones.
La iniciativa establece que quienes sean considerados “golpistas”, “traidores a la patria” o responsables de actos contra la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua no podrán competir electoralmente.
Ortega ya había adelantado a comienzos de agosto que los sectores que su Gobierno califica como “terroristas” y “golpistas” quedarían fuera de futuros procesos electorales. El mandatario sostiene que las modificaciones buscan impedir una eventual intervención extranjera en la política nicaragüense.
La reforma también contempla nuevas atribuciones para el Consejo Supremo Electoral (CSE), que podría suspender la personalidad jurídica de partidos políticos que reciban financiamiento extranjero o promuevan sanciones internacionales contra Nicaragua.
Murillo endureció este jueves su discurso contra los opositores que permanecen fuera del país, afirmando que “no quieren patria” y calificándolos como “jaurías” y “espantapájaros”.
De cinco a siete años en menos de dos años
La nueva modificación representaría la segunda ampliación consecutiva del período presidencial.
En noviembre de 2024, Ortega promovió una extensa reforma constitucional que elevó el mandato de cinco a seis años y creó la figura de la copresidencia. Las modificaciones fueron ratificadas por la Asamblea Nacional en enero de 2025 y posteriormente entraron en vigor.
Aquella reforma modificó más de un centenar de artículos de la Constitución, eliminó el principio tradicional de separación de poderes y estableció que la Presidencia coordina los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, de control, regionales y municipales. También convirtió a Rosario Murillo, hasta entonces vicepresidenta, en copresidenta junto a Ortega.
El nuevo proyecto llevaría ahora el mandato a siete años renovables, profundizando el modelo establecido en 2025.
El antecedente de las elecciones de 2021
La controversia electoral en Nicaragua tiene como uno de sus principales antecedentes los comicios presidenciales de noviembre de 2021, en los que Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo.
La elección estuvo precedida por la detención de dirigentes y aspirantes presidenciales opositores, mientras distintos partidos fueron privados de su personalidad jurídica. Desde entonces, numerosos dirigentes políticos, periodistas, empresarios, religiosos y activistas han abandonado Nicaragua o han sido expulsados del país.
El Gobierno también ha aplicado medidas de pérdida de nacionalidad contra opositores y críticos, una posibilidad que quedó reforzada por las reformas constitucionales que entraron en vigor en 2025.
Ortega gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde enero de 2007, después de haber ejercido previamente la Presidencia durante la década de 1980.
Crece la presión internacional
La nueva reforma provocó una reacción de países del continente. Un grupo integrado, entre otros, por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay expresó recientemente su preocupación por las restricciones electorales y recordó que una democracia representativa requiere pluralismo político y elecciones con competencia genuina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también cuestionó la iniciativa y sostuvo que la ampliación del mandato, las restricciones contra determinados sectores políticos y la posibilidad de eliminar elecciones competitivas profundizan la concentración del poder y reducen las posibilidades de alternancia.
El debate adquirió mayor dimensión después de que Ortega afirmara en julio que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” que permitan a la oposición llegar al Gobierno. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, precisó que sí habrá procesos electorales, aunque bajo un nuevo marco que excluya a quienes sean considerados “traidores a la patria”.
La discusión de las reformas se encamina así hacia septiembre con una Asamblea Nacional ampliamente dominada por el oficialismo, por lo que su aprobación en primera legislatura aparece prácticamente asegurada. De concretarse, Nicaragua pasaría en menos de dos años de un mandato presidencial de cinco años a una copresidencia con períodos de siete años renovables y con restricciones constitucionales explícitas para la participación de sectores opositores.
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