El Parlamento de Líbano aprobó este martes una serie de reformas legales que eliminan la pena de muerte del ordenamiento jurídico del país, donde no se realizaban ejecuciones desde 2004.
La nueva legislación establece que las personas actualmente condenadas a muerte verán sus penas sustituidas por cadena perpetua con trabajos forzados agravados. La misma sanción será aplicada en los casos que, bajo la normativa anterior, hubieran contemplado la pena capital.
La iniciativa, impulsada por el diputado Abdurramán al Bizri, modifica el artículo 37 del Código Penal, elimina el artículo 43 y deroga los artículos 420 a 424 del Código de Procedimiento Penal, que regulaban los mecanismos para ejecutar las condenas a muerte.
El ministro de Justicia libanés, Adel Nasar, calificó la reforma como un “paso histórico”.
La medida fue aprobada sin los votos de la coalición política vinculada a Hezbolá, cuyos parlamentarios abandonaron la sesión antes de que se realizara la votación.
La decisión de Líbano contrasta con recientes medidas adoptadas en otros países de Medio Oriente.
En marzo pasado, el Parlamento de Israel aprobó una reforma que contempla la pena de muerte mediante ahorcamiento y bajo procedimientos secretos para determinados delitos de terrorismo, una legislación dirigida específicamente contra palestinos condenados bajo esos supuestos.
En junio, en tanto, Jordania ejecutó en la horca a seis hombres condenados por delitos relacionados con terrorismo y narcotráfico. Se trató de las primeras ejecuciones masivas registradas en ese país desde 2017, según Human Rights Watch.
Amnistía Internacional celebra la reforma
Amnistía Internacional calificó la decisión del Parlamento libanés como un “hito importante y una victoria para los Derechos Humanos”.
La directora de la organización para Medio Oriente y Norte de África, Heba Morayef, destacó que la reforma transforma la moratoria que existía hasta ahora en una protección jurídica permanente del derecho a la vida y aproxima a Líbano a la tendencia internacional hacia la eliminación de la pena capital.
Morayef sostuvo que la decisión es resultado de décadas de trabajo de organizaciones y defensores de los Derechos Humanos en el país, además del respaldo de autoridades que han cuestionado la pena de muerte por considerarla un castigo cruel e inhumano y susceptible de ser impuesto tras procedimientos judiciales injustos.
La organización pidió ahora al Gobierno libanés garantizar la aplicación efectiva de la reforma, conmutar todas las condenas a muerte todavía vigentes y avanzar hacia la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Naciones Unidas en 1989 y destinado específicamente a abolir la pena capital.
Amnistía Internacional también instó a Beirut a impulsar reformas adicionales destinadas a fortalecer las garantías judiciales y adecuar el sistema de justicia a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
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