Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional luego de que el Congreso suspendiera este jueves, por falta de cuórum, una votación relacionada con la renuncia y el eventual juicio político al presidente Santiago Peña, mientras la Fiscalía General ordenó abrir investigaciones penales por las irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank.
La sesión parlamentaria terminó abruptamente después de que una parte importante de los legisladores oficialistas abandonara el recinto, impidiendo continuar con el procedimiento.
«Bueno, no hay cuórum de la Cámara de Diputados… se levanta la sesión», anunció el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez.
La suspensión prolonga la incertidumbre sobre la salida del mandatario, quien anunció su dimisión en medio de crecientes cuestionamientos por sus vínculos empresariales anteriores con el grupo propietario de la institución financiera.
Fiscalía investigará a Peña y otras autoridades
En paralelo a la crisis parlamentaria, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de investigaciones penales relacionadas con el cierre de Ueno Bank.
Las diligencias abarcarán denuncias que involucran al presidente Peña y a actuales y antiguas autoridades del Poder Ejecutivo, del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
La resolución contempla investigar las decisiones de supervisión bancaria, el procedimiento que condujo al cierre de la entidad y la colocación de recursos públicos en sus cuentas.
Para ello, el Ministerio Público designó un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción.
Entre los antecedentes considerados figura una denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que ya planteaba cuestionamientos sobre la supervisión de Ueno Bank.
La apertura de las investigaciones no implica que se haya acreditado responsabilidad penal del presidente ni de las demás autoridades mencionadas.
El colapso bancario que desató la crisis
El conflicto comenzó a agravarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar un deterioro crítico de su situación financiera.
La entidad presentaba un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, situación que llevó al regulador a intervenir sus operaciones.
Las revisiones también identificaron problemas relacionados con la calidad de sus activos, operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador y deficiencias en la documentación de determinadas transacciones.
El colapso afecta a una institución que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años y que llegó a reunir cerca de tres millones de clientes, una proporción considerable de la población paraguaya.
La imposibilidad de acceder normalmente a los depósitos provocó protestas y una fuerte presión sobre las autoridades financieras y políticas.
Fondos públicos bajo la lupa
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es la presencia de recursos estatales en Ueno Bank.
La entidad mantenía depósitos de organismos públicos, entre ellos fondos vinculados al sistema de previsión social.
Los antecedentes conocidos apuntan a aproximadamente US$800 millones a US$850 millones en recursos públicos, incluidos cerca de US$380 millones correspondientes al Instituto de Previsión Social.
La Fiscalía deberá establecer si las operaciones se ajustaron a las normas aplicables y si existieron eventuales irregularidades en la supervisión y administración de esos fondos.
Peña había mantenido vínculos empresariales con el grupo relacionado con el banco, aunque declaró haber dejado esa participación en 2025.
Esa relación anterior es uno de los elementos que motivaron los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, sin que ello constituya por sí mismo prueba de un delito.
Renuncia presidencial y juicio político
La crisis se trasladó al Congreso después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo impulsaran una acusación contra Peña.
La Cámara de Diputados aprobó avanzar con el juicio político, pero la tramitación posterior quedó envuelta en incertidumbre tras la renuncia presidencial y la suspensión de la sesión parlamentaria.
En otra votación, los diputados rechazaron impulsar un procedimiento similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, por 48 votos contra 30.
La distinción es relevante porque Alliana es el llamado a asumir la Presidencia en caso de concretarse la salida de Peña, conforme al mecanismo de sucesión establecido en la Constitución paraguaya.
Mientras no se complete el procedimiento constitucional correspondiente, la presentación de la renuncia no debe confundirse con una transferencia definitiva del poder.
Medidas para proteger a los ahorristas
Ante la magnitud del problema financiero, el Gobierno paraguayo impulsó una ley destinada a anticipar la devolución de depósitos protegidos por el sistema de garantía.
La legislación permite adelantar pagos a los clientes afectados mientras continúa el procedimiento de resolución bancaria.
La garantía ordinaria alcanza aproximadamente US$37.600 por depositante, mientras que el mecanismo extraordinario contempla anticipos cercanos a US$20.000, según las condiciones establecidas.
Aunque las autoridades estiman que la cobertura legal protege a la gran mayoría de los depositantes, persisten dudas sobre los plazos de devolución y el tratamiento de los montos que superan los límites garantizados.
El escándalo también provocó cambios en la conducción del Banco Central. Peña solicitó la salida de su presidente, Carlos Carvallo, y promovió modificaciones en el organismo supervisor.
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