Dirigentes y representantes de 14 países árabes y musulmanes condenaron este miércoles, durante una reunión celebrada en Amán, las políticas y actuaciones de Israel en Jerusalén Este, particularmente en la Mezquita de Al Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro.
En el encuentro participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Jordania, Túnez, Argelia, Irak, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Palestina, Egipto y Marruecos, además del secretario general de la Liga de Estados Árabes y representantes de Indonesia, Pakistán, Turquía y Malasia.
En una declaración conjunta, los participantes acusaron a Israel de intentar “alterar la identidad árabe, musulmana y cristiana” de Jerusalén Este y de afianzar su ocupación sobre la ciudad y el resto de los territorios palestinos.
Los firmantes calificaron estas políticas como una “violación flagrante” del Derecho Internacional y de las obligaciones que, según señalaron, corresponden a Israel en su calidad de potencia ocupante.
La declaración también condenó las “incursiones cada vez más frecuentes” en la Mezquita de Al Aqsa por parte de colonos, ministros y funcionarios israelíes, acciones que, afirmaron, son facilitadas y protegidas por las autoridades.
Asimismo, denunciaron restricciones al acceso de fieles, “prácticas provocadoras”, declaraciones consideradas incendiarias y excavaciones bajo la mezquita y en sus inmediaciones.
Las críticas fueron extendidas a la Iglesia del Santo Sepulcro y a otros lugares sagrados cristianos de Jerusalén.
Los países participantes y la Liga Árabe acordaron proporcionar ayuda para fortalecer las instituciones palestinas en Jerusalén Este, ciudad que reconocieron como capital del Estado de Palestina.
“Israel no tiene soberanía sobre ella”, señalaron en el documento, en el que también reafirmaron su respaldo a la solución de dos Estados como la “única vía” para alcanzar una paz justa, duradera e integral en Medio Oriente.
Los representantes solicitaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la comunidad internacional adoptar medidas inmediatas para detener las acciones israelíes en Jerusalén Este y sus lugares sagrados.
Entre las políticas cuestionadas mencionaron la expansión de los asentamientos, la anexión de tierras, las restricciones a la economía palestina, los ataques contra instituciones palestinas, la violencia ejercida por colonos y las acciones contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA).
También acordaron impulsar una acción diplomática conjunta para movilizar una respuesta internacional y exigir a Israel que respete el statu quo histórico y jurídico de Jerusalén y sus lugares sagrados.
Como parte de esas gestiones, anunciaron la convocatoria de una reunión ministerial de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York.
El objetivo del encuentro será analizar lo que describieron como una “peligrosa escalada israelí” en Jerusalén y coordinar medidas para enfrentarla.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó las acusaciones y afirmó que la declaración se basa en “acusaciones falsas, distorsiones históricas y un desprecio total por los hechos”.
La Cancillería israelí sostuvo que resulta “cínico” acusar al país de vulnerar la libertad religiosa mientras se presenta al Monte del Templo como un lugar de culto exclusivamente musulmán, desconociendo, según afirmó, el vínculo histórico del pueblo judío con Jerusalén.
Israel aseguró además que la ciudad “nunca ha estado más abierta y accesible para los fieles de todas las confesiones” que bajo su soberanía.
El Gobierno israelí afirmó que continuará preservando la libertad de culto, manteniendo el statu quo en el Monte del Templo y adoptando medidas para garantizar el orden público y la seguridad de quienes visitan los lugares sagrados.
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