El Ministerio Público, junto a nueve instituciones públicas y del sector financiero, constituyó este lunes la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, una instancia destinada a fortalecer la prevención, detección y persecución de delitos económicos cada vez más sofisticados y asociados a redes criminales organizadas.
La mesa está integrada por el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), BancoEstado, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile, de la Universidad de Chile.
El objetivo es establecer mecanismos permanentes de cooperación e intercambio de información que permitan detectar tendencias, patrones delictivos y nuevas modalidades de fraude, además de mejorar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que la creación de la mesa busca construir un sistema de respuesta integrado, capaz de anticiparse a las amenazas, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal.
Valencia advirtió que desde 2024 las notificaciones y difusiones de Interpol relacionadas con estafas han aumentado un 54%.
En Chile, agregó, el Ministerio Público ha detectado un incremento sostenido de los fraudes. Solo durante 2025, los delitos de uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros y las estafas y otras defraudaciones contra particulares concentraron más de 305.959 causas, equivalentes al 22% del total de delitos ingresados.
Fraudes cada vez más sofisticados
Entre las principales modalidades detectadas se encuentran el phishing, la instalación de programas maliciosos, el fraude mediante redirección de pagos, el uso indebido de tarjetas de crédito, las falsas ofertas de préstamos, la suplantación de identidad, las estafas de inversión en línea, los fraudes románticos y las ofertas falsas de empleo.
Las autoridades advierten que este tipo de delitos ya no opera únicamente como una modalidad de estafa individual, sino que se ha transformado en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
Los recursos obtenidos mediante fraude pueden posteriormente ser utilizados en actividades como narcotráfico, trata de personas, terrorismo y lavado de activos.
Plataforma de información y cambios legales
La secretaría técnica de la nueva instancia estará a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.
Entre las primeras medidas se contempla la creación de una plataforma de intercambio de información estadística y técnica, administrada por el Ministerio Público, que permitirá compartir tendencias, fenómenos criminales y datos agregados sobre fraudes financieros.
La mesa también elaborará propuestas de reformas legales y regulatorias y desarrollará campañas públicas de prevención.
La iniciativa se enmarca en los acuerdos alcanzados durante la Cumbre Mundial contra el Fraude 2026, realizada en Viena, donde se advirtió que el fraude financiero transnacional constituye una amenaza creciente para la estabilidad económica, la confianza pública y el Estado de Derecho.
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