Más de siete décadas después de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina contemporánea, la Justicia inició un juicio oral destinado a esclarecer los fusilamientos ocurridos entre el 9 y el 10 de junio de 1956, crímenes denunciados y documentados por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en su emblemático libro Operación Masacre.
El proceso, que comenzó esta semana en la provincia de Buenos Aires, busca determinar las responsabilidades por el asesinato de cinco personas y el intento de ejecución de otras siete, víctimas de una represión ilegal ejecutada por fuerzas policiales durante la dictadura conocida como Revolución Libertadora, que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en 1955.
«Este juicio es muy relevante porque tiene que ver con ese manto de impunidad con que se trató de dejar en el olvido lo que pasó», afirmó el abogado Alberto Palacio, representante de la querella y uno de los impulsores de la causa.
El caso que inmortalizó Rodolfo Walsh
Los hechos ocurrieron en los basurales de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, donde doce civiles fueron detenidos bajo la acusación de participar en una sublevación contra el régimen del general Pedro Eugenio Aramburu.
Cinco de ellos fueron asesinados y siete lograron sobrevivir. La investigación periodística de Rodolfo Walsh permitió sacar a la luz el caso cuando descubrió que uno de los supuestos ejecutados seguía con vida.
Ese hallazgo dio origen a Operación Masacre (1957), considerada una de las obras fundacionales del periodismo de investigación en América Latina y antecedente de la llamada «novela de no ficción».
Walsh, posteriormente secuestrado y asesinado por la última dictadura militar argentina en 1977, reconstruyó los hechos con testimonios directos y denunció una ejecución clandestina realizada al margen de cualquier procedimiento judicial.
El testimonio del «fusilado que vive»
La primera audiencia estuvo marcada por la declaración de Juan Carlos Livraga, conocido precisamente como «el fusilado que vive», figura central del libro de Walsh.
Livraga, que reside en Estados Unidos desde hace más de 60 años y cumple 95 años este mes, no pudo comparecer presencialmente debido a problemas de salud. Sin embargo, hizo llegar una declaración escrita cuya autenticidad fue validada por videoconferencia.
«Por suerte se pudo certificar su declaración y complementar con testimonios que había entregado anteriormente», explicó Palacio.
Actualmente no quedan sobrevivientes directos de los fusilamientos, ni tampoco permanecen con vida quienes participaron materialmente en las ejecuciones.
Por esa razón, el proceso ha sido definido como un «juicio por la verdad», cuyo objetivo principal es establecer judicialmente los hechos y reconocer la responsabilidad del Estado.
Delitos de lesa humanidad
La querella sostiene que los fusilamientos constituyen delitos de lesa humanidad cometidos por un régimen dictatorial y, por lo tanto, son imprescriptibles.
El juicio se desarrolla a pocos metros del lugar donde ocurrieron los asesinatos y tendrá una duración de cinco jornadas.
Durante la última audiencia, prevista para este lunes, la querella presentará un alegato en el que detallará las penas que habrían correspondido a los responsables si hubiesen sido juzgados oportunamente.
Según Palacio, la investigación iniciada en 2022 permitió reunir documentación dispersa, testimonios históricos y nuevos antecedentes que confirman la ilegalidad de las detenciones y ejecuciones.
«Lo insólito es que no se haya realizado un juicio durante todo este tiempo», sostuvo.
Memoria, verdad y justicia
El proceso representa un nuevo capítulo en la larga búsqueda argentina por esclarecer los crímenes cometidos por regímenes autoritarios.
Para los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, la causa constituye un acto de reparación histórica que permitirá dejar establecido judicialmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron ejecuciones ilegales perpetradas por el Estado.
A 70 años de aquellos hechos, la vigencia de Operación Masacre y el inicio de este juicio vuelven a poner en primer plano el legado de Rodolfo Walsh, cuya investigación permitió evitar que uno de los crímenes más emblemáticos de la historia argentina quedara sepultado en el olvido.
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