La empresa tecnológica Meta fue condenada a pagar US$25.000 millones por vulneraciones reiteradas a la legislación de protección de datos del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, en un proceso judicial vinculado con el escándalo de Cambridge Analytica, uno de los mayores episodios de uso indebido de información personal en la historia de las redes sociales.
La resolución, dictada este miércoles 21 de octubre por el juez Francis Mathew, establece que la compañía fundada por Mark Zuckerberg incurrió en más de 43 millones de infracciones, de acuerdo con el veredicto emitido en septiembre por un jurado popular.
La sanción se sitúa entre las mayores impuestas a una empresa tecnológica estadounidense y constituye un nuevo golpe judicial para Meta, que durante los últimos años ha enfrentado investigaciones, demandas y multas relacionadas con la privacidad de sus usuarios y el tratamiento de información personal.
Una sanción que pudo superar los US$220.000 millones
La legislación de Nuevo México contempla multas de hasta US$5.000 por cada infracción deliberada. Aplicada al conjunto de vulneraciones determinadas durante el juicio, la penalización potencial podía superar los US$215.000 millones y aproximarse a los US$220.000 millones, dependiendo del número exacto de infracciones computadas.
Sin embargo, el tribunal fijó finalmente la condena en US$25.000 millones, una cifra considerablemente inferior al máximo teórico, pero que mantiene dimensiones extraordinarias dentro de los litigios relacionados con protección de datos.
La sentencia también establece que el monto pendiente de pago devengará intereses del 15% anual hasta su cancelación íntegra.
Si esa tasa se aplicara durante un año completo sobre el capital inicial, los intereses equivaldrían a US$3.750 millones adicionales, sin considerar eventuales pagos parciales ni modificaciones derivadas de recursos judiciales.
En su resolución, el magistrado destacó la magnitud de las infracciones, su reiteración durante un período prolongado y la participación de altos ejecutivos de Facebook.
El tribunal también consideró especialmente grave el carácter intencional y sistemático de las declaraciones incorrectas realizadas por la compañía respecto del tratamiento de los datos personales.
Cambridge Analytica: el escándalo que cambió el debate sobre privacidad
El origen de este conflicto judicial se relaciona con el escándalo de Cambridge Analytica, revelado públicamente en 2018, cuando se conoció que información personal de millones de usuarios de Facebook había sido obtenida mediante una aplicación y utilizada posteriormente con fines de segmentación política.
Las investigaciones establecieron que los datos de hasta 87 millones de usuarios pudieron quedar comprometidos, en un episodio que provocó cuestionamientos internacionales sobre las prácticas de Facebook y la capacidad de las plataformas digitales para proteger la información de sus usuarios.
Cambridge Analytica estuvo vinculada a campañas políticas, incluida la elección presidencial estadounidense de 2016, lo que amplificó las preocupaciones sobre la utilización de perfiles psicológicos y herramientas de publicidad dirigida para influir en el comportamiento electoral.
El escándalo obligó a Mark Zuckerberg a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos y abrió una etapa de mayor fiscalización sobre las grandes plataformas digitales.
En 2019, Facebook aceptó pagar US$5.000 millones para resolver una investigación federal sobre sus prácticas de privacidad. Aquella sanción fue considerada histórica en su momento, aunque resulta cinco veces menor que la multa ahora impuesta en Nuevo México.
Acuerdos multimillonarios y nuevas demandas
La sentencia se produce después de que Meta alcanzara en agosto de 2026 un acuerdo valorado en US$16.700 millones con fiscales generales de 29 estados estadounidenses para cerrar distintos litigios relacionados con sus plataformas y sus efectos sobre los usuarios, incluidos asuntos vinculados con menores de edad y salud mental.
Nuevo México no participó en ese acuerdo, lo que permitió que su procedimiento judicial continuara de manera independiente.
El nuevo fallo vuelve a poner en el centro del debate las responsabilidades legales de las grandes compañías tecnológicas y el alcance de las sanciones económicas cuando se determina que una empresa ha vulnerado reiteradamente los derechos de sus usuarios.
Meta también ha enfrentado importantes procedimientos en Europa. En 2023, las autoridades irlandesas de protección de datos impusieron a la compañía una multa de aproximadamente US$1.300 millones, calculada al tipo de cambio de entonces, por transferencias de información personal de usuarios europeos hacia Estados Unidos.
Ese mismo año, la empresa recibió otra sanción de US$390 millones por irregularidades relacionadas con las bases legales utilizadas para procesar datos personales destinados a publicidad.
Estos antecedentes reflejan el endurecimiento de la supervisión internacional sobre las plataformas digitales, particularmente en materias como consentimiento, transparencia, transferencias internacionales de información y explotación comercial de datos personales.
Un precedente para las grandes tecnológicas
Más allá de su impacto financiero, la resolución de Nuevo México podría convertirse en un antecedente relevante para futuras demandas contra empresas que gestionan información de millones de personas.
El caso plantea una cuestión central para la economía digital: hasta qué punto las compañías pueden ser responsabilizadas económicamente por cada infracción individual cuando sus prácticas afectan masivamente a los usuarios.
La sentencia también refuerza el debate sobre la necesidad de que las multas sean suficientemente elevadas para desincentivar conductas ilegales, especialmente cuando se trata de corporaciones con ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares.
El alcance definitivo de la condena dependerá de su evolución judicial y de los eventuales recursos que pueda presentar Meta.
Por ahora, el fallo representa uno de los mayores reveses económicos asociados a la protección de datos en Estados Unidos y vuelve a colocar bajo escrutinio el modelo de negocios de las redes sociales, basado en gran medida en la recopilación, procesamiento y monetización de información personal.
Meta anuncia que apelará y los recursos se destinarían a educación
Tras conocerse la sentencia, Meta anunció su intención de recurrir el fallo, cuestionando tanto los fundamentos de la responsabilidad establecida por el jurado como la proporcionalidad de la sanción económica.
La compañía sostiene que el proceso no acreditó adecuadamente los perjuicios individuales atribuidos a sus declaraciones públicas y ha planteado objeciones constitucionales al monto de la multa.
Otro aspecto relevante es el destino de los recursos. Conforme a la legislación de Nuevo México, las multas derivadas de infracciones a las normas de protección del consumidor se destinan al sistema público de educación del estado.
El fallo se suma a otra condena dictada en agosto de 2026 contra Meta en Nuevo México, que elevó a US$942 millones las obligaciones económicas establecidas en un proceso independiente relacionado con la seguridad de niños y adolescentes en Facebook e Instagram.
La cifra exacta de infracciones acreditadas en el nuevo juicio fue de 43.899.725, y la sanción máxima teórica alcanzaba aproximadamente US$219.500 millones. La multa definitiva de US$25.000 millones todavía puede ser modificada durante el proceso de apelación.
La controversia evidencia que las consecuencias del escándalo de Cambridge Analytica continúan casi una década después de su revelación, mientras crece la presión judicial para exigir mayor transparencia y responsabilidad a las grandes plataformas digitales.
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