La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles un proyecto de ley que restablece los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en un cambio de posición del Gobierno de Javier Milei, que inicialmente había impulsado la eliminación de esas restricciones.
La iniciativa, denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, tras una negociación entre el oficialismo y sectores de la oposición que permitió incorporar modificaciones al texto original.
Uno de los aspectos más relevantes de la votación fue el amplio respaldo que recibió específicamente la restitución de la Ley de Tierras Rurales: 239 diputados apoyaron esa disposición, cuatro votaron en contra y seis se abstuvieron.
El resultado evidenció un consenso parlamentario considerablemente mayor respecto de la regulación de la propiedad extranjera que sobre el conjunto de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
La reforma recupera las disposiciones de la Ley 26.737, aprobada en diciembre de 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que estableció límites a la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales argentinas.
La normativa fija un máximo del 15% de tierras rurales bajo propiedad o posesión extranjera, porcentaje que se aplica tanto al territorio nacional como a las provincias y municipios.
También establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% de ese cupo, equivalente al 4,5% del total de las tierras rurales.
Adicionalmente, la legislación contempla un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo agrícola, o su superficie equivalente en otras regiones del país.
Estas disposiciones buscan regular la concentración de la propiedad rural y establecer condiciones para la adquisición de terrenos por parte de inversionistas internacionales.
La controversia comenzó en diciembre de 2023, cuando Milei promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una extensa reforma económica que incluyó la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La decisión formaba parte de la estrategia gubernamental de desregulación económica, apertura a las inversiones y reducción de las restricciones estatales sobre la propiedad privada.
Sin embargo, la eliminación de los límites provocó cuestionamientos políticos y sociales, especialmente por sus eventuales consecuencias sobre la concentración territorial y la adquisición de terrenos en zonas estratégicas.
La discusión adquirió particular relevancia en regiones como la Patagonia, donde la propiedad de grandes extensiones de terreno por parte de inversionistas extranjeros ha generado controversias durante décadas.
A fines de septiembre de 2026, una resolución de la Corte Suprema volvió a situar el asunto en el centro del debate político. Posteriormente, el máximo tribunal adoptó una medida cautelar que mantuvo las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Ante este escenario, el oficialismo negoció con bloques parlamentarios aliados la reincorporación de la legislación de 2011.
El acuerdo permitió conservar el núcleo de la reforma sobre propiedad privada y evitar que las diferencias sobre la extranjerización de tierras bloquearan completamente su tramitación.
Aunque la restitución de los límites a compradores extranjeros concentró buena parte de la atención, el proyecto aprobado también introduce modificaciones importantes en materia de desalojos y expropiaciones.
Uno de sus objetivos centrales es restringir las posibilidades de que el Estado recurra a la expropiación de propiedades privadas, mediante requisitos más estrictos para justificar la utilidad pública de estas operaciones.
La iniciativa también contempla nuevas condiciones para calcular las indemnizaciones, incorporando criterios relacionados con el valor de mercado de los inmuebles y el reconocimiento del lucro cesante.
En materia de ocupaciones, establece procedimientos judiciales abreviados para recuperar propiedades y reducir los plazos de restitución de los inmuebles a sus titulares.
El texto contempla mecanismos que permitirían ordenar la devolución de propiedades ocupadas dentro de 72 horas, bajo determinadas condiciones judiciales.
Respecto de los contratos de arrendamiento, propone acelerar los desalojos por incumplimiento de pago, mediante procedimientos de notificación y plazos reducidos.
Estas disposiciones han generado diferencias entre quienes consideran que fortalecerán la seguridad jurídica y quienes advierten sobre sus posibles consecuencias para los arrendatarios y las personas en situación de vulnerabilidad.
El debate también comprende las garantías que deben aplicarse cuando los procedimientos afectan a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
La discusión sobre la venta de tierras a extranjeros tiene antecedentes que se remontan a décadas de controversias sobre la concentración de la propiedad rural en Argentina.
La aprobación de la Ley 26.737 en 2011 respondió a la preocupación por el control de grandes extensiones de terrenos agrícolas, ganaderos y forestales, así como de propiedades ubicadas en regiones fronterizas o cercanas a recursos naturales estratégicos.
La normativa también estableció restricciones específicas para la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Durante los últimos años, el debate ha enfrentado distintas concepciones sobre el papel de la inversión extranjera en el desarrollo económico.
Los sectores favorables a una mayor apertura sostienen que la eliminación de restricciones podría facilitar inversiones productivas, ampliar el acceso al financiamiento y dinamizar el mercado inmobiliario rural.
En cambio, quienes defienden los límites consideran necesario evitar una concentración excesiva de tierras en manos extranjeras y preservar herramientas de regulación sobre un recurso territorial limitado.
La controversia también ha adquirido una dimensión geopolítica por la ubicación de determinadas propiedades en áreas fronterizas, zonas de interés ambiental y territorios con recursos naturales relevantes.
El oficialismo logra avanzar, pero necesita al Senado
La aprobación representa un avance legislativo para el Gobierno de Milei, aunque también refleja las concesiones que debió realizar para reunir los votos necesarios.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y sectores de bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y otras bancadas opositoras rechazaron el proyecto general.
La diferencia de apenas cinco votos entre quienes aprobaron y rechazaron la iniciativa puso de manifiesto las divisiones que persisten respecto de la reforma del régimen de propiedad privada.
El texto deberá regresar ahora al Senado, que ya había aprobado una versión anterior, debido a las modificaciones incorporadas por Diputados.
La Cámara Alta tendrá que pronunciarse sobre esos cambios antes de que el proyecto pueda completar su tramitación legislativa.
Mientras tanto, las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales continúan vigentes por efecto de la medida cautelar judicial.
De esta manera, el Congreso argentino avanza hacia una solución legislativa para una controversia que combina intereses económicos, derechos de propiedad, inversiones internacionales y debates sobre el control del territorio nacional.
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