El expresidente de Colombia Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia luego de que Deicy Jiménez, una excontratista estatal de 26 años, publicara un video íntimo en el que aparece junto al exmandatario, a quien acusa de haber ofrecido contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.
La grabación, de aproximadamente 54 segundos, fue difundida el miércoles 4 de noviembre en la cuenta de Instagram de Jiménez. En ella se observa a ambos durante un encuentro privado que termina con un beso.
La mujer aseguró que decidió publicar el registro para respaldar sus acusaciones, que actualmente son investigadas por las autoridades colombianas.
«Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro», escribió.
Jiménez también solicitó protección para ella y su familia, afirmando que ha recibido amenazas desde que hizo públicas sus denuncias.
Sin embargo, la grabación no permite establecer por sí sola que existiera un intercambio de contratos estatales por favores sexuales. Tampoco se ha determinado públicamente cuándo fue realizada.
Petro rechaza acusaciones
El expresidente colombiano respondió a través de sus redes sociales, donde negó categóricamente haber utilizado recursos públicos para obtener beneficios personales.
«Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme», afirmó.
Petro cuestionó además la difusión de imágenes privadas sin una evaluación judicial previa.
«Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad», sostuvo.
El exmandatario agregó que en el registro no aparece ningún contrato, pago o decisión gubernamental que permita acreditar las acusaciones.
Su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, insistió en que la autenticidad, integridad y contexto de la grabación deben establecerse mediante peritajes dentro del proceso judicial.
Diez contratos bajo revisión
La controversia comenzó a finales de octubre, cuando Jiménez denunció públicamente que Petro habría facilitado contrataciones estatales a cambio de encuentros sexuales.
Según su testimonio, estas prácticas habrían involucrado a entre 30 y 40 mujeres durante distintos períodos de la trayectoria política del exmandatario.
Los antecedentes de contratación pública permiten identificar diez contratos vinculados a Jiménez: siete con el Senado colombiano, dos con dependencias del Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El monto conjunto de estas contrataciones rondaría los US$30.000, aunque esa cifra no constituye por sí misma evidencia de irregularidades.
Entre los contratos identificados figura uno relacionado con labores de apoyo a la senadora María José Pizarro, integrante del sector político de Petro, quien ha rechazado las acusaciones.
La existencia de estos vínculos laborales está documentada, pero todavía no se ha acreditado judicialmente que fueran concedidos a cambio de relaciones sexuales.
Investigaciones y denuncias de amenazas
La Fiscalía y la Procuraduría colombianas iniciaron investigaciones para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos durante el Gobierno de Petro, que se extendió entre 2022 y 2026.
Jiménez también entregó antecedentes ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a representarla, argumentando razones de seguridad.
Su nueva defensora, Dina Luz Malo, informó que entregará el material audiovisual a las autoridades judiciales y confirmó que la denunciante cuenta con medidas de protección.
Petro, por su parte, solicitó que se garantice la seguridad de todas las personas involucradas en el proceso, incluida la mujer que lo acusa.
Un nuevo episodio de tensión política en Colombia
La denuncia se produce en medio de un escenario de fuerte confrontación política entre el expresidente Petro y el actual Gobierno colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella.
En su respuesta a la publicación del video, Petro también acusó al Ejecutivo de intentar desviar la atención de una controvertida legislación sobre beneficios penales para narcotraficantes.
El exmandatario anunció acciones judiciales contra esa normativa y sostuvo que la controversia sobre su vida privada no debería desplazar el debate sobre las decisiones gubernamentales.
El caso vuelve a situar en el centro de la discusión pública colombiana la transparencia en la contratación estatal, los eventuales abusos de poder y los límites entre la privacidad de las autoridades y el interés público.
Por ahora, las acusaciones contra Petro permanecen bajo investigación y no existe una resolución judicial que establezca su responsabilidad.
La principal interrogante es si las autoridades lograrán determinar que alguno de los contratos públicos identificados estuvo condicionado a favores sexuales, cuestión que el video difundido esta semana no demuestra por sí mismo.
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