
Los nuevos cargos podrían presentarse este jueves 8 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos enfrentan un proceso por conspiración para cometer narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.
La investigación apunta a la presunta responsabilidad de Maduro y Flores en los abusos sufridos por más de una docena de ciudadanos estadounidenses que estuvieron bajo custodia de las autoridades venezolanas, en detenciones que Washington ha calificado como arbitrarias.
Los investigadores también estarían evaluando la posibilidad de formular acusaciones contra otras personas presuntamente involucradas en los malos tratos y torturas denunciados por antiguos prisioneros.
Hasta ahora, las nuevas imputaciones no han sido formalizadas ante el tribunal, por lo que su eventual presentación permanece pendiente de confirmación judicial.
Una nueva batalla judicial en Nueva York
Maduro y Flores permanecen detenidos sin derecho a fianza en Nueva York y han rechazado las acusaciones formuladas en su contra, declarándose inocentes de los delitos de narcoterrorismo y conspiración que sustentan el proceso penal estadounidense.
La defensa del exmandatario ha cuestionado la legalidad de su detención y sostiene que debería beneficiarse de inmunidad por los actos presuntamente cometidos mientras ejercía la Presidencia de Venezuela.
Por su parte, la Fiscalía ha señalado que el actual Gobierno venezolano no ha presentado una reclamación formal de inmunidad en su nombre.
La discusión sobre el alcance de esa protección jurídica constituye uno de los principales puntos de controversia del proceso.
Cilia Flores solicita arresto domiciliario
En paralelo, Cilia Flores tiene prevista una audiencia judicial este jueves, durante la cual su abogado solicitará que se le conceda el arresto domiciliario mientras espera el desarrollo del juicio.
La petición busca modificar sus actuales condiciones de reclusión y quedará sujeta a la evaluación del tribunal.
La eventual presentación de nuevos cargos podría añadir complejidad al proceso, aunque todavía no existe una resolución judicial respecto de las acusaciones por tortura.
Los antecedentes de estadounidenses encarcelados en Venezuela
Durante los últimos años del Gobierno de Maduro, la detención de ciudadanos estadounidenses se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre Caracas y Washington.
Uno de los episodios más conocidos fue el arresto de seis ejecutivos de Citgo, filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, detenidos en Caracas en noviembre de 2017 y posteriormente liberados en el marco de negociaciones bilaterales.
También destacó el caso de Luke Denman y Airan Berry, dos estadounidenses detenidos en 2020 tras la fallida incursión marítima conocida como Operación Gedeón.
Ambos fueron condenados por la justicia venezolana y liberados en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros negociado entre los dos países.
Washington denunció reiteradamente las condiciones de reclusión de ciudadanos estadounidenses en Venezuela, incluyendo restricciones de comunicación, dificultades de acceso consular y denuncias de malos tratos.
Sin embargo, todavía no se ha precisado públicamente cuáles de estos episodios formarían parte de las nuevas acusaciones que podrían presentarse contra Maduro y Flores.
La tortura y la responsabilidad penal internacional
La eventual incorporación de delitos de tortura ampliaría el alcance de un proceso que ya tiene importantes repercusiones políticas y diplomáticas.
A diferencia de las acusaciones vinculadas al narcotráfico, los nuevos cargos estarían relacionados directamente con presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra personas bajo custodia estatal.
La prohibición de la tortura constituye un principio fundamental del derecho internacional y está consagrada en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
La responsabilidad penal por este tipo de conductas puede alcanzar a quienes las ejecutan directamente y, bajo determinadas condiciones jurídicas, a superiores que hayan ordenado, autorizado o participado en los hechos.
No obstante, cualquier responsabilidad individual deberá ser acreditada mediante pruebas y establecida por el tribunal competente.
La audiencia prevista para este jueves podría entregar nuevas definiciones sobre el futuro judicial de Maduro y Flores, particularmente respecto de la eventual ampliación de las acusaciones y la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de esta última.
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