El acuerdo fue alcanzado durante la cumbre celebrada en Split, Croacia, y tiene como principal antecedente la crisis migratoria registrada en julio pasado en Ceuta, territorio español situado en el norte de África, donde ingresaron aproximadamente 80 mil migrantes en un episodio que provocó fuertes tensiones políticas entre varios gobiernos europeos.
En el documento, los mandatarios sostienen que la protección efectiva de las fronteras exteriores constituye una condición fundamental para mantener una política migratoria y de asilo creíble, sostenible y compatible con los compromisos internacionales de la Unión Europea.
Asimismo, reconocen que lo ocurrido en Ceuta evidenció la necesidad de establecer mecanismos de respuesta coordinada frente a situaciones de presión migratoria repentina y de gran magnitud.
«La protección de las fronteras exteriores de la UE es tanto una responsabilidad compartida como esencial para mantener una política creíble y sostenible de migración y asilo», señala la declaración.
Meloni firma compromiso pese a tensiones con España
Uno de los aspectos políticamente más relevantes del acuerdo es la adhesión de Giorgia Meloni, cuyo Gobierno había adoptado medidas restrictivas contra España después de la crisis migratoria de julio.
En aquella oportunidad, Italia decidió restablecer inmediatamente los controles fronterizos del espacio Schengen con España, una medida que, transcurridos más de dos meses, todavía no había sido retirada.
La decisión italiana generó cuestionamientos desde Madrid, que acusó falta de solidaridad entre los socios europeos ante una emergencia que, según el Ejecutivo español, debía abordarse mediante una respuesta comunitaria.
Ahora, la firma de Meloni supone un compromiso formal con el principio de solidaridad que España había reclamado durante los meses anteriores, aunque la declaración no establece medidas específicas para levantar los controles fronterizos italianos.
Los dirigentes del Med9 recalcaron que la solidaridad europea debe aplicarse de manera equivalente en todos los sectores de las fronteras exteriores, independientemente del país que enfrente una situación de emergencia.
España participa sin Pedro Sánchez
La reunión congregó a representantes de Francia, Italia, Croacia, Chipre, Malta, Grecia, Eslovenia, Portugal y España, países que conforman el grupo mediterráneo de la Unión Europea.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tenía previsto participar en el encuentro, pero canceló su asistencia después de anunciar el adelanto de las elecciones generales.
En su reemplazo acudió el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, quien representó la posición española en las deliberaciones.
La ausencia de Sánchez se produjo en un momento particularmente sensible para Madrid, debido a las repercusiones de la crisis de Ceuta y a las diferencias surgidas con otros gobiernos europeos respecto de la distribución de responsabilidades migratorias.
Más recursos y coordinación para enfrentar emergencias
La declaración conjunta también plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y la capacidad de reacción de las instituciones comunitarias.
Los países mediterráneos consideran indispensable que los Estados sometidos a una presión migratoria extraordinaria reciban respaldo político, operativo y financiero de manera oportuna.
El documento no establece nuevos montos de financiamiento en dólares, pero insiste en que la gestión de las fronteras exteriores requiere recursos suficientes y mecanismos de cooperación permanentes.
Los firmantes subrayan, además, que todas las actuaciones deben respetar el Derecho Internacional y la legislación comunitaria, especialmente las disposiciones relacionadas con el asilo y la protección de personas vulnerables.
También proponen intensificar las acciones contra las redes dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas, junto con desarrollar estrategias para combatir la desinformación vinculada a los movimientos migratorios.
El Mediterráneo, una frontera bajo presión permanente
El pronunciamiento del Med9 se produce en un escenario de persistente presión migratoria sobre las fronteras meridionales de Europa.
Durante los últimos años, Italia, Grecia, Malta, Chipre y España han enfrentado sucesivas emergencias relacionadas con la llegada de personas procedentes del norte de África, África subsahariana y Medio Oriente.
Los conflictos armados, la inestabilidad política, las dificultades económicas y las consecuencias del cambio climático figuran entre los factores que impulsan estos desplazamientos.
Las rutas del Mediterráneo central, oriental y occidental continúan siendo corredores relevantes para quienes intentan alcanzar territorio europeo, muchas veces mediante peligrosas travesías marítimas organizadas por redes de tráfico de personas.
La distribución de responsabilidades entre los países de primera llegada y aquellos situados en el interior del continente ha sido uno de los principales puntos de conflicto dentro de la Unión Europea.
Mientras los Estados mediterráneos reclaman mayores mecanismos de asistencia y distribución de responsabilidades, otros gobiernos han privilegiado el fortalecimiento de los controles fronterizos y las políticas de retorno.
Estas diferencias han marcado buena parte de las negociaciones comunitarias sobre migración durante la última década.
Pacto migratorio y desafío de la solidaridad europea
Los líderes del Med9 también expresaron su respaldo al Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, cuya aplicación consideran fundamental para establecer reglas comunes frente a las solicitudes de protección internacional y la gestión de las llegadas irregulares.
El pacto contempla procedimientos compartidos de identificación y evaluación de solicitudes, mecanismos de solidaridad entre Estados miembros y medidas destinadas a mejorar la coordinación institucional.
Sin embargo, su implementación sigue planteando desafíos políticos, especialmente respecto de cómo distribuir las responsabilidades entre los países que reciben directamente a los migrantes y aquellos que enfrentan una presión fronteriza menor.
La crisis de Ceuta volvió a poner de manifiesto esas diferencias, al demostrar que una emergencia localizada puede desencadenar decisiones unilaterales con consecuencias para el funcionamiento del espacio Schengen.
La declaración de Split busca precisamente evitar que situaciones similares deriven en nuevas fracturas entre los socios europeos.
Aunque el acuerdo representa un compromiso político compartido, su alcance dependerá de las medidas concretas que adopten los gobiernos y las instituciones comunitarias.
Por ahora, los nueve países mediterráneos han coincidido en un principio central: la protección de las fronteras europeas no puede recaer únicamente sobre los Estados que reciben las mayores presiones migratorias, sino que debe asumirse como una responsabilidad de toda la Unión Europea.
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