Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y su Administración por los nuevos aranceles globales de entre 10% y 12,5% aplicados a las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales.
La acción judicial sostiene que los gravámenes son “igual de ilegales” que los aranceles anteriormente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.
“Los aranceles impuestos por el representante comercial de Estados Unidos son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos”, señala la demanda.
La presentación fue impulsada por Oregón, Arizona y California y suscrita por otros 22 estados, todos gobernados por autoridades demócratas.
La nueva ronda de gravámenes fue decretada a fines de julio, pocas horas antes de que expirara otro arancel global temporal de 10%, y se fundamenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La normativa autoriza la adopción de medidas comerciales frente a prácticas consideradas desleales o restrictivas para el comercio estadounidense. La Administración Trump justificó los aranceles en una investigación de varios meses sobre el uso de trabajo forzoso en el extranjero.
Los estados demandantes afirmaron que rechazan el trabajo forzoso y respaldan la protección de los trabajadores en todo el mundo, pero acusaron al Gobierno de utilizar ese argumento como pretexto para continuar con un plan arancelario que califican de ilegal.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Manhattan.
Los estados sostienen que el representante comercial, Jamieson Greer, no cumplió los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación. Por ello, solicitaron que los aranceles sean anulados y que se reembolsen los depósitos pagados por las administraciones estatales.
La acción abre un nuevo frente judicial contra la política comercial de Trump. Coaliciones de estados y pequeñas empresas ya han recurrido ante los tribunales las tres rondas de aranceles impuestas por el mandatario.
La Casa Blanca intenta reconstruir su política arancelaria después de que el Tribunal Supremo determinara en febrero que los gravámenes globales establecidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional eran ilegales.
Desde ese fallo, las autoridades aduaneras han debido tramitar solicitudes de devolución presentadas por miles de empresas que pagaron cerca de US$166.000 millones en aranceles.
Posteriormente, Trump impuso gravámenes globales de 10% al amparo del artículo 122 de la Ley de Comercio. Un tribunal comercial también los declaró ilegales, aunque permitió que continuaran vigentes durante el proceso de apelación, hasta su expiración en julio.
Los nuevos aranceles ya enfrentan otras acciones judiciales. Dos pequeñas empresas, el importador de especias Burlap and Barrel y el minorista de relojes Collective Horology, alegaron que las medidas no se sustentan en investigaciones específicas para cada país, como exige la Sección 301.
Las compañías presentaron el caso como una posible demanda colectiva en representación de todos los importadores que deberán pagar los nuevos gravámenes.
Sus abogados afirmaron que la Administración no explicó de qué manera las prácticas de cada economía afectan o restringen el comercio estadounidense y que, en cambio, se basó en argumentos generales sobre el trabajo forzoso y su presencia en las cadenas globales de suministro.
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