La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó una nueva política de disciplina escolar que contempla estrictas normas de presentación personal, el regreso de las calificaciones de conducta y la posibilidad de expulsar a estudiantes que cometan infracciones muy graves.
La iniciativa, denominada Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, busca recuperar el orden en los establecimientos educacionales y devolver autoridad a los profesores frente a situaciones de violencia, acoso y comportamientos que afectan la convivencia.
Durante una ceremonia realizada en la Institución Educativa Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo, la mandataria defendió la necesidad de establecer límites claros para los estudiantes.
«Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse», afirmó.
Fujimori anunció que su administración reinstalará las expulsiones escolares para los casos más graves, argumentando que los establecimientos deben garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.
Prohibido el maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es la regulación de la apariencia de los alumnos de establecimientos públicos.
Las nuevas disposiciones contemplan restricciones al maquillaje, las uñas pintadas, el cabello teñido y los peinados considerados excesivamente largos. Además, los estudiantes varones deberán mantener el pelo corto y se establecerán criterios para determinar el largo adecuado de las faldas escolares.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que las medidas forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la disciplina y los hábitos de presentación personal.
Las instituciones privadas conservarán autonomía para establecer sus propios reglamentos de apariencia.
La mandataria sostuvo que la disciplina constituye una herramienta fundamental para la formación de los estudiantes y que respetar las instrucciones forma parte de las obligaciones escolares.
Regresan las notas de conducta y las expulsiones
La reforma también contempla devolver a los docentes la facultad de evaluar el comportamiento de los estudiantes mediante una calificación.
La nota de conducta utilizará una escala de 0 a 20 puntos, en la que las calificaciones inferiores a 11 serán consideradas reprobatorias.
«Al maestro se le respeta», enfatizó Fujimori, quien aseguró que los profesores recuperarán herramientas para corregir y orientar el comportamiento de sus alumnos.
El nuevo sistema contempla tres categorías de infracciones: leves, graves y muy graves.
Entre las faltas graves se encuentran el uso indebido de teléfonos celulares, la acumulación de tres o más infracciones leves durante el año, los atrasos injustificados reiterados, las agresiones físicas leves y el consumo o posesión de sustancias prohibidas.
Las infracciones muy graves incluyen el acoso escolar, la violencia sexual, los actos de discriminación, la extorsión, los robos, la tenencia de armas y la destrucción intencional de infraestructura educativa.
Las sanciones podrán ir desde una amonestación hasta la suspensión, matrícula condicional o expulsión definitiva.
Sin embargo, el reglamento establece criterios de proporcionalidad que deberán considerar la edad del estudiante, sus antecedentes disciplinarios, las circunstancias de la infracción y el daño ocasionado.
En caso de expulsión, las familias podrán solicitar una reconsideración dentro de tres días hábiles y los establecimientos tendrán cinco días para resolverla.
Tolerancia frente al acoso y la violencia escolar
Fujimori también anunció una política de mayor severidad frente al bullying, las agresiones y el acoso sexual dentro de los colegios.
«No vamos a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual», sostuvo la presidenta, quien llamó a los estudiantes a denunciar estas situaciones ante profesores y directores.
En los casos que puedan constituir delitos, los antecedentes deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
La reforma contempla además mecanismos de continuidad educativa para los alumnos separados de sus establecimientos, mediante escuelas de reingreso, modalidades digitales y programas de acompañamiento psicológico.
Una vez aprobados oficialmente los lineamientos, los colegios tendrán 30 días para adaptar sus reglamentos internos.
Una política de orden que recuerda al modelo de Bukele
Las nuevas medidas se producen en un contexto en que el Gobierno peruano ha buscado fortalecer su discurso de orden y autoridad, tanto en materia de seguridad ciudadana como en educación.
La iniciativa presenta similitudes con las políticas disciplinarias impulsadas en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele, especialmente respecto de las exigencias de presentación personal y el reforzamiento de la autoridad dentro de los establecimientos escolares.
El anuncio ocurre después de un acercamiento entre Fujimori y el mandatario salvadoreño, cuyo modelo de seguridad ha adquirido notoriedad regional.
La reforma también ha provocado cuestionamientos políticos. La senadora Mirtha Vásquez criticó al Ejecutivo por concentrarse en regular la apariencia de niños y adolescentes, en lugar de priorizar soluciones a los problemas de delincuencia y seguridad.
El debate incorpora además interrogantes sobre los límites de las sanciones escolares y su compatibilidad con el derecho a la educación.
En Perú, anteriormente se habían planteado reparos a las restricciones que impiden el ingreso de estudiantes por llevar el cabello teñido, debido a sus posibles consecuencias sobre el acceso a clases.
Educación y seguridad, prioridades del Gobierno
La reforma disciplinaria forma parte de una agenda más amplia del Gobierno de Fujimori, que también contempla inversiones en infraestructura educativa, capacitación docente y conectividad.
La presidenta anunció planes para extender la conectividad satelital a los establecimientos escolares y crear una escuela especializada en la formación de directores.
El Ejecutivo busca combinar estas iniciativas con mayores atribuciones para los profesores y mecanismos más estrictos de control de la convivencia escolar.
La discusión se desarrolla mientras Fujimori enfrenta dificultades para avanzar en otras áreas de su programa. Recientemente, el Congreso peruano limitó su solicitud de facultades legislativas extraordinarias, autorizando solo 20 de las 66 medidas propuestas por el Gobierno.
Con la nueva política escolar, la administración peruana abre otro frente de debate sobre el papel de la disciplina, los derechos de los estudiantes y la autoridad de los docentes en el sistema educativo.
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