El Gobierno de Argentina presentó este martes 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar detener la explotación de hidrocarburos impulsada por Reino Unido en las Islas Malvinas, específicamente en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei, busca impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion, cuya explotación es considerada ilegal por Buenos Aires debido a que se desarrolla en aguas cuya soberanía reclama Argentina.
La presentación constituye un nuevo capítulo de la controversia territorial entre ambos países, que se mantiene abierta desde hace décadas y que ahora incorpora una dimensión energética, económica y ambiental.
Según explicó Milei, la solicitud pretende preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas.
El mandatario sostuvo que la iniciativa forma parte del procedimiento arbitral iniciado por Argentina el pasado 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
«Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas», afirmó Milei al reiterar la posición histórica de Buenos Aires.
Argentina busca paralizar el proyecto Sea Lion
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, calificó la presentación como un hecho sin precedentes y detalló las medidas que su Gobierno pretende obtener del tribunal internacional.
Entre ellas figura impedir el inicio o la continuación de las actividades de explotación petrolera vinculadas al proyecto Sea Lion, situado al norte del archipiélago.
Argentina también solicita que Reino Unido se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración de los recursos naturales en perjuicio de los derechos que reclama Buenos Aires.
La petición incluye exigencias relacionadas con la protección del medio marino, particularmente las obligaciones establecidas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que regulan la preservación ambiental y la prevención de la contaminación.
Asimismo, el Gobierno argentino busca impedir la entrega de nuevos permisos de explotación en las áreas marítimas disputadas y evitar cualquier medida que pueda profundizar el conflicto bilateral.
La solicitud de medidas provisionales no equivale a una resolución sobre la soberanía del archipiélago. Su objetivo es obtener decisiones cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
Reino Unido rechaza los cuestionamientos argentinos
El Gobierno británico había rechazado a finales de septiembre la decisión argentina de iniciar un procedimiento arbitral internacional relacionado con la exploración petrolera en las Malvinas.
Londres sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos están reguladas por las autoridades de las islas y se desarrollan conforme al derecho internacional.
Reino Unido también mantiene su posición de soberanía sobre el archipiélago y defiende el derecho de sus habitantes a decidir su futuro político.
Argentina, por su parte, considera que las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio nacional, por lo que rechaza la explotación de recursos naturales sin su autorización.
Las posiciones contrapuestas mantienen bloqueada una solución negociada a la controversia territorial.
Una disputa histórica que incorpora el petróleo
El conflicto por las Malvinas tiene antecedentes que se remontan a 1833, cuando Reino Unido tomó el control del archipiélago, cuya soberanía continúa siendo reclamada por Argentina.
En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.
La controversia alcanzó su momento más crítico en 1982, cuando Argentina y Reino Unido se enfrentaron en una guerra de 74 días que terminó con la victoria militar británica.
El conflicto dejó 649 militares argentinos y 255 británicos fallecidos, además de tres civiles isleños.
Desde entonces, Buenos Aires ha mantenido su reclamación diplomática, mientras Londres continúa administrando el territorio.
La explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur ha incorporado un componente económico adicional a la disputa, debido al potencial energético de las cuencas marítimas que rodean las islas.
El proyecto Sea Lion se ha convertido en uno de los principales focos de tensión, tanto por sus perspectivas comerciales como por las consecuencias jurídicas y ambientales de desarrollar actividades petroleras en una zona cuya soberanía es objeto de controversia.
Milei apuesta por la vía judicial y diplomática
La ofensiva jurídica se produce en un contexto de renovadas tensiones entre Buenos Aires y Londres.
El Gobierno argentino ha insistido en que su estrategia combina mecanismos judiciales internacionales con gestiones diplomáticas para defender sus reclamaciones territoriales y sus derechos sobre los recursos naturales.
Milei también ha vinculado esta nueva etapa de la controversia con declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto de una eventual revisión de la posición de Washington sobre el conflicto.
Sin embargo, esas declaraciones no constituyen por sí mismas un cambio formal de la política estadounidense sobre las Malvinas.
El canciller Quirno reiteró la disposición argentina a retomar negociaciones bilaterales con Reino Unido para encontrar una solución pacífica y definitiva.
La controversia vuelve así al escenario jurídico internacional, esta vez con el petróleo como elemento central y con una solicitud cautelar cuyo resultado podría incidir en el desarrollo del proyecto Sea Lion.
Antecedente: una jueza argentina ya había ordenado detener las obras
La nueva ofensiva internacional tiene un antecedente inmediato. El 16 de septiembre, la jueza federal argentina Mariel Borruto, de Río Grande, ordenó a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con Sea Lion.
La resolución se produjo tras una acción presentada por organizaciones ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982, que cuestionaron los posibles impactos ambientales de la explotación petrolera.
La medida judicial comprende las perforaciones, la instalación de infraestructura y las obras necesarias para transportar el petróleo. Sin embargo, su cumplimiento fuera de la jurisdicción argentina enfrenta dificultades legales.
La presentación de este martes amplía la controversia desde los tribunales argentinos hacia la justicia internacional. No obstante, el Tribunal del Mar deberá examinar primero si tiene competencia para ordenar las medidas solicitadas, considerando que la disputa de fondo involucra la soberanía territorial.
Por ahora, la solicitud argentina no implica la suspensión automática del proyecto petrolero. La decisión dependerá del pronunciamiento que adopte el tribunal internacional.
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